La experiencia me ha demostrado que la justicia no es siempre independiente, ni imparcial, y prueba de ello es que la separación de poderes en el Estado español es tan débil como la democracia que supuestamente apuntala. La Audiencia Nacional, en una decisión sin precedentes que responde, una vez más, a impulsos políticos, acordó el viernes prohibir la manifestación convocada para la tarde de ayer en Bilbao por EA y Aralar. Nos encontramos ante un nuevo atropello democrático, que desacredita aún más, si cabe, la credibilidad de la Audiencia Nacional, suficientemente tocada por sus actuaciones y trayectoria.
La Audiencia Nacional no juzga hechos, sino impresiones, pálpitos, deducciones, sin más base que el análisis propio, nunca probado, ni constatado. El derecho de manifestación está recogido en la Constitución y debe preservarse, garantizarse y mimarse con especial celo porque de su ejercicio depende el grado de democracia del que nos hemos dotado. En nuestro caso, lejos de avanzar retrocedemos. Vetar una marcha convocada por EA y Aralar es todo un desafío a la legalidad vigente y a la convivencia, en la medida en que hablamos de dos formaciones políticas con representación parlamentaria, comprometidas con los derechos humanos, que condenan sin paliativos todas las expresiones de violencia.
Poco importa que la decisión de EA y Aralar coincida con los intereses y la voluntad de la izquierda abertzale de promover esta manifestación. En cualquier caso, también está en su derecho y sus responsables conservan intacta la potestad para ello. No deja de ser curioso que en un contexto socio-político en el que la izquierda abertzale apuesta por las vías políticas y democráticas, y ETA ha anunciado el cese de sus actividades nos encontremos con una polémica tan absurda e irracional como ésta. La marcha de ayer iba a ser, con toda seguridad, pacífica, pero parece que hay voces que se sienten incómodas en esta situación y prefieren poner piedras en el camino de la paz, en lugar de impulsar su consecución.
Em mi opinión, no había ninguna razón legal para prohibir la marcha organizada por Adierazi EH y, en consecuencia, menos aún para actuar contra la convocada por EA y Aralar. Con decisiones como ésta perdemos todas y todos, pero especialmente la democracia. Espero que en el futuro hechos como éste no se repitan porque sientan un precedente grave, al calificar como fraude de ley una manifestación legítima porque coincide con otra no convocada por la izquierda abertzale sino por una plataforma ciudadana, que en este momento no da cobertura a ETA, ni legitima sus acciones, sino todo lo contrario. Intenta arrastrar a ese mundo a las vías pol´tgiicas y democráticas, desde la superación de la violencia por y para siempre.