Chahid El Hafed, 05/11/2014 (SPS).- Organizaciones jurídicas presentarán mañana jueves 6 de Noviembre, por primera vez, de forma simultánea en Madrid y en los campamentos saharauis , la quinta denuncia contra el Gobierno español por vender ilegalmente armas a Marruecos, en violación de los Derechos Humanos.
Según los organizadores, el Gobierno español vende armas a Marruecos, vulnerando la legislación que prohíbe autorizar estas exportaciones en los casos –como el de reino alauí- en que existen indicios racionales de que el material puede ser empleado en acciones con fines de represión interna o en situaciones de violaciones de los derechos humanos.
Este año, la denuncia se presentará en el día en el que el pueblo saharaui recuerda una fecha triste en su historia contemporánea en la que Marruecos invadió el territorio del Sahara Occidental con una avalancha de civiles marroquíes para camuflar su sangrienta invasión militar llevada a cabo el 31 de octubre de 1975
En los últimos diez años, España vendió 193 millones de euros en armamento a Marruecos, siendo éste el país destinatario del mayor número de armas españolas dentro del continente africano.
Hasta la fecha el Gobierno español ha dado carpetazo a las denuncias que anualmente desde 2010 presentan diversas organizaciones civiles e ignora los informes de Naciones Unidas, la Unión Europea y los relatores independientes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Freedomhouse donde se expone que la violación de los Derechos Humanos de la población saharaui es sistemática por parte del Reino de Marruecos.
Por eso, simultáneamente en los campamentos saharauis y en Madrid, siete organizaciones vuelven a denunciar al Gobierno español, que sigue autorizando la venta de armas a Marruecos de forma ilegal y arbitraria. Sí suspendió las autorizaciones de exportación de armamento a Libia en 2011 y a Egipto y Taiwán en 2013, pero siempre ha hecho caso omiso a las peticiones de auxilio de la población saharaui que vive bajo la represión marroquí en el Sahara Occidental, país del que además España es potencia administradora según ratificó el pasado mes julio la Audiencia Nacional de España.