Las denuncias apuntan a una dirección que privilegia la uniformidad de pensamiento y recurre a la violencia cuando se cuestiona su liderazgo, creando un ambiente de trabajo hostil y represivo. La Defensoría de los Derechos Universitarios, a pesar de emitir un dictamen alineado con los hechos, se vio obstaculizada en su labor de defensa de las víctimas, llegando incluso a ser excluida del proceso.
El secretario general de la UASLP ha sido señalado por complicar el proceso de justicia, mientras que una comisión institucional de justicia universitaria, incluyendo su presidente y secretaria, actuaron con una parcialidad que favoreció al acusado desde el inicio. Aunque tres miembros de la comisión tenían la oportunidad de rechazar el proyecto de dictamen propuesto, optaron por sumarse a una resolución injusta.
El proceder del H. Consejo Directivo Universitario en este caso ha sido cuestionado, minando la confianza en su capacidad para impartir justicia. Ahora, el director acusado de acoso laboral parece enfrentar pocas consecuencias reales, más allá de la necesidad de simular un arrepentimiento.
Este caso no solo afecta a las víctimas directas, sino que repercute en la propia universidad, que, ya de por sí limitada en recursos, deberá afrontar una multa por las acciones indebidas de sus funcionarios. Las víctimas de este entorno quedan así ocultas bajo una «alfombra de ineptitud e inmoralidad», evidenciando profundas fallas en el sistema de protección y justicia universitaria de la UASLP.