Ecologistas en Acción y el Observatorio de la Deuda en la Globalización han dirigido una carta a la Directora de la Oficina Española de Cambio Climático, Alicia Montalvo, quien representa al gobierno español en el Comité de Transición del Fondo Verde para el Clima -establecido por la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC) y que se reúne hasta hoy en Ginebra- alarmados por la intención de algunos gobiernos de implicar el capital financiero en las operaciones del Fondo.
La carta firmada por más de 140 redes y organizaciones de todo el mundo llama a los miembros del Comité “a no proveer financiamiento o incentivos directamente al sector privado. Tal acción pueda plantear riesgos graves para el logro de procesos impulsados por los países. La participación del sector privado estaría mejor decidida, gestionada, regulada y promocionada en el contexto de una estrategia nacional.”
La relación entre el sector privado y el Fondo Verde para el Clima, también conocido como Green Climate Fund (GCF por sus siglas en inglés), es motivo de un intenso debate entre los miembros del Comité de Transición. Los representantes de los países más industrializados, entre ellos EEUU y los miembros de la UE, quieren que el sector privado sea la mayor fuente de la financiación internacional para hacer frente al calentamiento global en los países empobrecidos.
“Nos oponemos a la entrada de fondos privados que esperan un retorno de sus inversiones y que el sector privado pueda recibir recursos del Fondo Verde para el Clima”, detalla Tom Kucharz de Ecologistas en Acción. La obligación legal de los países industrializados como España de financiar la lucha contra el cambio climático en los países del Sur no puede depender de ninguna forma del capital privado y de instrumentos basados en la especulación y la volatilidad de los mercados financieros”, argumenta el portavoz de Ecologistas en Acción, “porque así el interés público y los Derechos Humanos Universales quedarían subordinados al interés privado de conseguir beneficios económicos y eso no lo permitiremos”.
Se oponen así a la propuesta de Teresa Ribera, Secretaria de Estado de Cambio Climático, de un “marco nuevo de financiación climática que haga posible la movilización de inversión privada mediante el uso de recursos públicos”, que defendió hace unos días.
Las organizaciones sociales explican en su misiva que las actividades financieras, como la creación de derivados e inversiones en el mercado del carbono, son extremadamente arriesgadas y albergan el riesgo de crear una nueva burbuja financiera, así como impactan muy negativamente en las poblaciones y el medio ambiente. “La volatilidad experimentada actualmente por las bolsas de valores constituye una clara advertencia de que tales instrumentos no sean precisamente una base apropiada para conseguir un financiamiento estable que el Fondo Verde para el Clima requiere si desea cumplir sus metas.” Por todo ello exigen a los gobiernos “explícitamente excluir el uso de instrumentos especulativos u de otra naturaleza para incrementar su capital a través de los mercados financieros”.
“Con el argumento de la crisis financiera, la deuda soberana y el déficit, los países enriquecidos pretenden evadir su obligación para proveer suficiente dinero para cubrir los costos de adaptación y de mitigación de los países del Sur, como se acordó en las convenciones internacionales sobre el clima”, alerta Iolanda Fresnillo del Observatorio de la Deuda en la Globalización.
“Para que el Fondo Verde verdaderamente cumpla con su propósito de acuerdo con los principios de responsabilidad histórica, equidad y justicia, nosotros creemos que la contribución fundamental del Fondo debe ser predecible, adicional y pública”, añade Fresnillo.
Leído en ¿Quién debe a Quién?