La lucha de Ávila Hernández ha involucrado más de 15 abogados, quejas en diversas fiscalías y poderes judiciales de San Luis Potosí y Guanajuato, así como un sinnúmero de viajes y amparos legales. Su caso, afirma, es emblemático de los vicios y abusos del sistema judicial que afectan a miles en México, en una trama que vincula a la mafia inmobiliaria con funcionarios corruptos dentro del gobierno y el Poder Judicial.
A pesar de contar con el respaldo de medidas de protección sobre su propiedad y enfrentar una orden de desalojo suspendida gracias a su defensa legal, Ávila Hernández acusa a la Presidenta del Poder Judicial de ignorar sus solicitudes de audiencia y a las instituciones de justicia de estar coludidas para encubrir el fraude y la corrupción.
Esta protesta no solo busca llamar la atención sobre su caso personal, sino también sobre la necesidad urgente de una reforma judicial que garantice la transparencia, la justicia y el respeto a los derechos humanos en San Luis Potosí y en todo México. La manifestante espera que su voz sea escuchada por altas autoridades, incluidos el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, para que se tome acción inmediata y se ponga fin a la corrupción que ha dominado el sistema de justicia.