La Defensoría de Derechos Universitarios de la UASLP había trasladado las denuncias a la Comisión Institucional de Justicia Universitaria en mayo de 2023, tras confirmar la existencia de acoso laboral. Se esperaba que esta comisión, dirigida por Liliana de la Rosa Rodríguez y Claudia Ruiz Reyna, tomara medidas como la amonestación, suspensión, remoción del cargo, inhabilitación o expulsión definitiva del acusado. Sin embargo, los trabajadores alegan que en lugar de progresar, el caso se ha estancado, con intentos por parte de la comisión para que desistan de sus acusaciones.
A pesar de celebrarse una audiencia de conciliación en diciembre, las víctimas denuncian que se les negó el derecho a estar representadas por un defensor, obligándolas a presentar sus argumentos sin asesoría legal y exponiéndolas a la re-victimización. Además, acusan al director de filtrar documentos y datos sensibles en un intento por desacreditar la acusación y distorsionar los hechos, lo que ha contribuido a un ambiente de estigmatización hacia ellos como trabajadores problemáticos.
Con las elecciones de autoridades universitarias acercándose, la Comisión Institucional de Justicia Universitaria aún no ha emitido una valoración del caso para su presentación ante el Consejo Directivo Universitario. Los trabajadores denuncian que el plazo para hacerlo ya ha expirado, dejando su situación en una ambigüedad que pone en riesgo su restitución y derechos laborales.