Como tantos millones de españoles, he recibido la clásica correspondencia de propaganda electoral para estas elecciones; el mismo despilfarro presupuestario de siempre, aunque con un importantísimo agravante: esta vez las cartas, en lugar de ser anónimas -es decir, simple buzoneo-, van dirigidas a mi nombre y domicilio. O sea, un atropello más de la Ley de Protección de Datos (LPD), esta vez más intolerable y escandaloso aún, porque cuenta con el beneplácito de las autoridades gubernamentales o judiciales, si no de ambas.
La verdad: llega uno a hartarse de que aquí todo el que le da la gana, sobre todo si tiene poder político o influencia económica, se salta la LPD por el arco del triunfo e impunemente. La última tomadura de pelo, vergonzosa, fue el presunto blindaje de nuestro “derecho a la privacidad”, adoptado por iniciativa europea, respecto a las bases de datos personales que almacenan los sitios web, y cuya medida estrella de cara a nuestra protección fue la taxativa e inapelable prohibición de enviar spam, o cualquier tipo de correo electrónico no deseado, sin el previo consentimiento consciente y expreso del destinatario. Con anterioridad, se nos podía enviar correo comercial sin más requisito que incluir en él un enlace para desuscribirse. Ahora, teóricamente, nadie debería enviarnos tales mensajes sin que antes lo hayamos solicitado intencionadamente. Y lo mismo cabe decir de las cookies.
Pues bien: no sé a usted, lector, pero a un servidor le llegan ahora aproximadamente entre cinco y diez veces más mensajes de spam que antes de esa “nueva protección”. O sea: sesudos equipos de funcionarios -a quienes sin duda pagamos un dineral- deliberan durante semanas o meses para parir una normativa que nos proteja del incesante bombardeo de spam en nuestra bandeja de entrada, y lo que resulta es que dicho bombardeo se quintuplica. Es para ponerse a mear y no echar ni gota. Por cierto que el caso más descarado de burla que he visto al respecto es el de Yahoo, donde, para configurar el rechazo a las cookies, se nos redirige a sucesivas páginas de terceros, a cual más engorrosa y difícil de leer, para llegar finalmente a una inacabable lista de “socios comerciales” cuyas respectivas páginas de rechazo deberemos abrir y configurar una a una si no queremos que esos pequeños duendecillos espías se almacenen en nuestro navegador. En fin: la más descarada e indignante inocentada cibernética que he tenido ocasión de sufrir.
Y, a todo esto, ¿dónde está la Agencia de Protección de Datos? ¿Qué hace? Mucho me temo que la LPD se ha convertido en papel mojado y que la Agencia ya sólo sirve para sancionar a algún pobre diablo cuyo blog cuenta apenas con veinte suscriptores y no sabe ni cómo configurarlo conforme a la nueva normativa; o para estorbar a los Cuerpos de Seguridad del Estado la agilidad de sus investigaciones, mientras que las páginas de venta online, no digamos ya los grandes dominios de internet, y los partidos políticos con su propaganda electoral se ríen a carcajadas de las prohibiciones y de nuestra privacidad.
En concreto los partidos políticos: una vez en sus manos las bases de datos con nuestros nombres y domicilios -que teóricamente sólo pueden usar para la bazofia propagandística electoral- ¿qué les impide hacer uso ilegal de esa información? Apañados vamos si tenemos que esperar que la Agencia vaya a hacer investigación alguna al respecto, ni a instancia de parte ni -menos aún- de oficio.
De modo que, así las cosas, ¿para qué queremos los ciudadanos esas herramientas de supuesta protección legal? Si es para que le metan mano al pringao de turno o para entorpecer la acción de la justicia mientras que la política y el mercantilismo hacen lo que les place, entonces mejor pidamos que se derogue la Ley de Protección de Datos y que se cierre la Agencia del mismo nombre. Al menos así nos ahorraremos el sueldo que les pagamos a sus funcionarios.