Estos materiales "se llevan al Museo de Cádiz debidamente embalados, embolsados e inventariados, según dicta la legislación vigente destinada a todos los arqueólogos que trabajen en la Comunidad Autónoma Andaluza y que son, el Decreto 168/2003 de 17 de junio, que aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas de la Junta de Andalucía, y la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía", afirma el Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras.
"No obstante, la dirección y técnicos del Museo de Cádiz vienen exigiendo, desconociéndose desde qué fecha, el cumplimiento de un régimen interno denominado 'Protocolo de entrega de materiales arqueológicos depositados en el Museo de Cádiz' sin visos de legalidad, dado que carece de firma o sello, y lo más importante, sin estar publicado de manera oficial en Boletín Oficial del Estado, de la Junta de Andalucía o de la provincia", sostiene.
"ENORME COSTE"
Indica que dicho protocolo "es de aplicación exclusiva para los arqueólogos que depositen materiales en el Museo de Cádiz, y exige una serie de requisitos que suponen un enorme coste económico que debe asumir el profesional libre que trabaja en las intervenciones arqueológicas" y que, según el Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras "debe afrontar el propietario de los bienes, es decir, la Junta de Andalucía, como ocurre en el resto de los museos andaluces".
"Es importante tener en cuenta que los arqueólogos tienen que cumplir una serie de requisitos administrativos para que nos den un nuevo permiso para poder trabajar", recuerda, al tiempo que cita al respecto "un acta de depósito de los materiales de la intervención arqueológica anterior firmada por la dirección del museo".
El Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras dice que "es sencillo: si no te firman el papel, no puedes trabajar".
Defiende que, actualmente, la normativa aplicable es el artículo 39 del Reglamento de Actividades Arqueológicas, "que literalmente expresa: las condiciones en las que deberán entregarse los bienes en la institución museística donde se realice el depósito definitivo serán detalladas por la Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico mediante resolución".
"No obstante, aunque han transcurrido doce años de espera desde la publicación del Reglamento, dicha resolución no existe, de manera que la dirección del Museo justifica la imposición de dicho protocolo como una manera de cubrir este vacío legal", expone el Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras.
"AGRAVIOS COMPARATIVOS"
Este requisito contenido en el artículo 39 del Reglamento Actividades Arqueológicas, que es igualitario para toda Andalucía, "se vuelve un problema grave en Cádiz, exclusiva y particularmente en la ciudad de Cádiz y en aquellos términos municipales que carecen de museo propio, produciéndose agravios comparativos dentro de una misma profesión, dentro de la misma provincia y, asimismo, dentro de la propia comunidad autónoma".
Al hilo, señala que "el protocolo obliga a realizar costosos tratamientos de conservación y sitúa al arqueólogo que trabaja en la ciudad de Cádiz en inferioridad de condiciones, a la hora de ejercer su labor, perdiendo competitividad y empobreciéndolo, al tener que asumir los costes del almacenamiento y conservación en el Museo de Cádiz de unos materiales arqueológicos que forman parte del Patrimonio Histórico Andaluz, función que le compete en exclusividad al Museo, no al profesional de la arqueología".
"En una de las provincias más castigadas por la crisis y el paro, la dirección y técnicos del Museo de Cádiz exigen que los profesionales y los ciudadanos asuman costes que no le corresponden por Ley, y colocan a los arqueólogos de Cádiz y su provincia en una difícil situación, dado que si no asumen la aceptación de dicho protocolo no se firma el acta deposito por parte de la dirección del Museo y, por ende, no pueden volver a trabajar", lamenta.
Apunta el Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras que "ya a varios arqueólogos se les ha negado la recepción de los materiales mientras no los lleven en las cajas especificadas de normativa europea, siendo esto además de dudosa legalidad al establecer la Ley 14/2007 la obligatoriedad de la institución museística de recibir los materiales arqueológicos".
En este sentido, sostiene que "es necesaria una regulación que unifique los criterios de entrega de material arqueológico a nivel autonómico para que no exista discriminación entre los distintos museos provinciales andaluces, incluso dentro de la misma provincia".
Así, exige frente a esta "clara imposición" la "inmediata retirada" de "esta norma ilegal impuesta por la dirección y técnicos del Museo de Cádiz, así como la restitución del derecho al trabajo a los arqueólogos a los que se les ha negado en función de la misma", al tiempo que indica que en la página web del Museo de Cádiz sigue apareciendo el referido protocolo.