Desde la implementación de la adición del artículo 169 Bis a la Ley de Transparencia en diciembre de 2022, que buscaba eliminar la discrecionalidad en la admisión de los recursos de revisión y establecer plazos más estrictos para su resolución, los resultados han sido desalentadores. De los 1,254 recursos de revisión resueltos, solo 518 se aprobaron dentro de los primeros 30 días hábiles que establece la ley, mientras que en 498 casos se recurrió a la única prórroga permitida de 20 días adicionales. Sin embargo, 238 casos superaron estos plazos, infringiendo el artículo 170 de la ley.
El desempeño de los comisionados ha variado significativamente. David Menchaca, el Comisionado presidente, resolvió en tiempo el 42.4% de sus casos y recurrió a prórrogas en el 39.8% de los casos. José Alfredo Solís, por su parte, ha mostrado un rendimiento particularmente pobre, resolviendo solo el 15.6% de las quejas en el tiempo estipulado, con un alarmante 29.8% de los casos resueltos fuera del plazo legal. Ana Cristina Garcia Nales ha demostrado ser la más eficiente, con el 63.4% de las quejas resueltas a tiempo.
Estos resultados plantean serias preguntas sobre la efectividad de la CEGAIP y la necesidad de una supervisión y rendición de cuentas más rigurosas para los comisionados, cuyas percepciones salariales significativas parecen no corresponderse con un desempeño eficiente y apegado a la ley.
La ciudadanía de San Luis Potosí merece una entidad que no solo cumpla con las leyes que la rigen, sino que también funcione de manera eficaz y transparente para fomentar una verdadera cultura de acceso a la información pública.