Cuando se tienen deudas y los acreedores las exigen por la vía judicial, el juez puede decretar el embargo del salario para satisfacer los pagos. Luego está también la Administración que puede embargar sin mediar juicio para cobrarse multas, impuestos o cualquier otro adeudo. Es más, la Administración puede embargar además el salario del conyuge si hay régimen de gananciales.
El embargo se aplica sobre el salario neto mensual y sobre las pagas extraordinarias; puede haber una rebaja de entre un 10 y un 15% en atención a las cargas familiares, pero aplicar esta posibilidad queda a criterio del secretario del juzgado, ya que está muy vagamente establecida por la ley.
¿Pero qué sucede con nuestro derecho a la igualdad? ¿Por qué una empresa tiene mayores facilidades para no pagarnos cuando somos nosotros los acreedores?
Antes de la reforma laboral del partido popular, si un empresario quería reducir el salario de un trabajador tenía que hacer una reducción proporcional de la jornada. Ahora, sin embargo, es posible reducir únicamente el salario, siempre que la empresa atraviese una situación económica adversa.
Para acreditarla, basta con tener pérdidas previstas de ingresos de tres meses consecutivos, aunque se sigan teniendo beneficios.
Si algo hay que anotar en el haber político del presidente Sánchez es, sin lugar a dudas, el esmero y el esfuerzo que pone en posar para las redes sociales, y también cómo no, la saludable respuesta humanitaria al problema de salvamento de personas en aguas del Mediterráneo. Pero, una vez hecho esto, no parece que Sánchez esté en condiciones de abordar de manera decidida las múltiples contrariedades que se acumulan en nuestro país, tanto las derivadas de esta insostenible situación económica y social, como las de las exigencias de autodeterminación del pueblo catalán. Si este Gobierno no pone un verdadero interés en acabar con este delicado y espinoso asunto de la desigualdad y la exclusión social, el esfuerzo de todos por sacar del Ejecutivo al corrupto y conservador partido popular, no habrá servido de nada. Y España seguirá inmersa en la pobreza a la cola de la Unión Europea en derechos y bienestar.