Nuestros medios de comunicación con demasiada frecuencia desinforman en vez de informar en relación con determinados temas, en unos casos por no hacer bien su trabajo y en otros por defender intereses privados. Buenos ejemplos de lo que me refiero son las noticias sobre Oriente Medio y el Islam, a menudo reproduciendo literalmente la opinión islamista, o la defensa y/o la complicidad del silencio que los medios aplican a las empresas de estafas públicas, oficialmente llamadas servicios públicos, como ocurrió hace unos días con TV3 que llegó a afirmar que nuestras tarifas eléctricas son bajas y deberían aumentar mucho más. Hace unos años los medios de información españoles ofrecieron una espectacular prueba de su tendencia a la desinformación cuando reaccionaron, sin ni una sola excepción, con denuncias de racismo e islamofobia, algunas muy airadas, dirigidas contra el gobierno y el pueblo suizos con motivo del referéndum que decidió no conceder más permisos para la construcción de minaretes en las mezquitas, sin que ni un solo medio español informase que el problema era en realidad que los 3 minaretes ya existentes incumplían por sistema las muy estrictas normas suizas de silencio nocturno.
Esta semana la mayoría de periódicos importantes publicaron la noticia que el Departamento de Justicia (DoJ) de los USA había emprendido acciones legales contra Standard & Poors (S&P) por las calificaciones erróneas que habían emitido antes del inicio de la crisis y que provocaron inmensas pérdidas y la quiebra de entidades financieras, alguna semipúblicas. En todos los periódicos donde leí la noticia se afirmaba además que era la primera demanda por ese motivo contra una de las grandes empresas de rating. De esta noticia solo es cierto que el DoJ ha demandado a S&P, del resto casi nada lo es, pero gracias al The Economist me he podido enterar de la verdad.
En los USA ha habido miles de demandas contra las empresas de rating por sus calificaciones erróneas que provocaron la ruina de millones de personas físicas o jurídicas. Solo el DoJ ha demandado solo a S&P en 41 ocasiones, pero todas las demandas se basaban en que la calificación errónea había provocado pérdidas y todas fueron rechazadas en base a la libertad de opinión y de expresión según un criterio que vendría a decir algo así como que las opiniones son libres y creérselas o no también lo es, y en consecuencia, si los perjudicados tuvieron pérdidas fue por sus propias decisiones y no por la opinión emitida por las empresas de rating. Por supuesto que este criterio me parece desquiciado porque cuando se cobra por opinar la opinión ya no es libre, y es un ejemplo más del frecuente e inmenso error, casi siempre de origen USA, que supone una aplicación incorrecta y esperpéntica de un principio legal aceptable y necesario, del que quizás el ejemplo más dramático sea el hecho que los derechos humanos hayan acabado siendo una excelente arma para defender no solo a los ciudadanos más o menos honestos, sino, y sobre todo, a los delincuentes.
Pero esta vez el DoJ ha cambiado de estrategia, y esto sí es novedad. La demanda que presentaron el pasado 5 de febrero contra S&P se basa en un caso concreto de una entidad financiera californiana que quebró, Wescorp, por esta razón aunque la capital financiera es New York la demanda se ha presentado en Los Angeles, y no se basa en las pérdidas provocadas por las calificaciones de riesgos financieros sino en el hecho de que en S&P retrasaron, ajustaron y limitaron deliberadamente la puesta al día de los rating para proteger intereses particulares. Es decir modificaron o retrasaron la actualización de sus evaluaciones para que inversores privados relacionados de alguna forma con S&P tuviesen tiempo de vender sus activos financieros “contaminados”. No tengo muchas esperanzas de que esta demanda acabe haciendo pagar, aunque sea un poco, a unos de los principales responsables de la crisis que estamos padeciendo, pero creo que es bueno que el DoJ haya puesto sobre la mesa a través de su demanda la sospecha, que en realidad ya es certeza, de que las empresas de rating planifican los tiempos y formas e incluso los objetivos particulares de sus opiniones, en función de intereses privados.
Y mientras los periodistas españoles en la inopia y dando una información que se parece tanto a la realidad como un huevo a una castaña.