El ministerio del Interior debe actuar cuando hay indicios de delito, deteniendo a sus presuntos responsables para ponerles a disposición de la justicia. En este sentido, no tengo ninguna duda. Ahora bien, por experiencia sabemos que los mandos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en ocasiones también actúan en función de intereses políticos determinados. El ministerio del Interior respondió en menos de veinticuatro horas al comunicado de ETA, en el que anunciaba un alto el fuego, con una operación policial, en la que fue detenido el presunto responsable informático de la banda armada, Iraitz Gesalaga Fernández.
Desconozco el origen de la investigación que condujo hasta el paradero de Iraitz Gesalaga Fernández, pero intuyo que viene de tiempo atrás y es obvio deducir que el presunto activista estaba localizado con mucha antelación. Esta misma afirmación puede ser válida para el arresto de diez presuntos integrantes de EKIN, entre quienes figura Iker Moreno. A nadie se le escapa que éste es hijo de Txelu Moreno, dirigente de Batasuna y LAB, que ha cobrado un gran protagonismo por sus declaraciones a favor de la apuesta de la izquierda abertzale por las vías exclusivamente políticas y democráticas. Su interpretación del comunicado de ETA no pudo ser más positiva: “Este -dijo- es el final de ETA y para siempre“.
Parece evidente que el Gobierno Zapatero pretende transmitir una imagen de firmeza y autoridad ante los movimientos de ETA y la izquierda abertzale, evitando así que el Partido Popular se apropie de este discurso. El PSOE sabe que en este momento un proceso de paz no sólo no ofrece réditos electorales, sino que incluso puede resultar perjudicial. El diálogo democrático es percibido ahora como un signo de debilidad y cesión, y como tal se puede penalizar en las urnas, máxime después de haber vendido un mensaje de dureza, negando toda credibilidad a la apuesta de la izquierda abertzale por las vías políticas.