La crisis que estamos viviendo actualmente ha hecho resucitar un debate que brota cada vez que un país pasa por dificultades a la hora de pagar su deuda soberana. La cuestión de la llamada “deuda odiosa” parece clara pero ni mucho menos lo es. Hasta el siglo actual, considerar ilegítima una parte o el total de una deuda estatal se daba con cierta frecuencia, pero parece que cada vez es más difícil pulsar el botón del pánico. La crisis de deuda europea así lo ha puesto de manifiesto: países al borde del ahogamiento que han preferido sacar la tijera de la austeridad, con sus dramáticas consecuencias sociales, antes que plantarse y afirmar que parte de su deuda era un engaño. Lo más parecido que hemos visto en tiempos recientes es el rechazo de Islandia a abonar las deudas de sus bancos. Se acordó que no se pagarían y no se pagaron. Entonces fue puesta contra las cuerdas; hoy parece haber esquivado los lastres que los préstamos del pasado y la austeridad europea pesan sobre algunos países de la periferia continental.
Los fundamentos del impago
Las bancarrotas de los Estados y los impagos de deuda se han producido desde hace siglos. Malas gestiones, derroches de dinero, guerras eternas que absorbían los recursos estatales e inversiones de dudosa rentabilidad solían ser los principales motivos que obligaban a los países a tener que decirle a sus acreedores que no podían pagar. Realmente, esos impagos se debían a la imposibilidad técnica de abonar las deudas. Otra cosa distinta es no querer pagar las deudas; eso se empezó a producir en siglo XX, cuando en diversos momentos algunos estados se negaron a pagar una parte o la totalidad de las deudas que habían contraído con el exterior. Ejemplo de este proceder podría ser la Rusia bolchevique en 1918 – la URSS se formaría en 1922 –, que rehusó pagar las deudas de la Rusia zarista al considerarlas ilegítimas; también en 1923, el estado costarricense se negó a pagar una deuda contraída por el presidente y dictador saliente Tinoco a título personal y que el Royal Bank of Canada le reclamaba al conjunto del país.
Con estos precedentes jurídicos a lo largo del primer cuarto del siglo XX, Alexander Sack, un jurista especializado en derecho financiero internacional y profesor de Derecho en París, propuso en 1927 el concepto de “deuda odiosa” para definir a aquella deuda por la que “si un poder despótico incurre en una deuda no por las necesidades o los intereses del Estado sino para otorgar mayor fuerza a su régimen despótico, para reprimir a la población que se le enfrenta, etc., esta deuda es odiosa para la población de todo el Estado. Esta deuda no es una obligación para la nación; es una deuda del régimen, una deuda personal del poder que la ha tomado, por lo tanto ésta cae con la caída del poder que la tomó (…) Las deudas odiosas tomadas y usadas con fines que, con el conocimiento de los acreedores, son contrarios a los intereses de la nación, no comprometen a esta última excepto por la cantidad con la que obtuvo beneficios de esas deudas.” Con esto, Sack quería decir aquí que toda aquella deuda que un Estado había contraído cuando su población se oponía a ello, que no había repercutido positivamente en la ciudadanía y en la que los prestamistas sabían con certeza que dicha deuda era contraria a los intereses del país, se podía considerar como una deuda ilegítima u odiosa, y por tanto, en caso de que la población consiguiese librarse del gobernante que había endeudado al país bajo esas premisas, ni el gobierno sucesor ni las arcas públicas deberían hacerse cargo de dichas deudas.
Con los tres criterios en la mano, algunos casos parecen claros. Esas dictaduras cleptocráticas africanas y latinoamericanas que durante décadas han enriquecido al dictador de turno y a su camarilla son los primeros candidatos a que su deuda, contraída a menudo a título personal, no deba ser asumida por los sufridos ciudadanos una vez el país se ha conseguido librar de ellos. También sociedades democráticas han acabado recurriendo a los postulados de Sack al ver que ciertas deudas generadas en el pasado y que empezaban a pesar en el presente distaban mucho de seguir los criterios legítimos de una deuda.
Lo que debería ser fácil, para el Sur es difícil
El economista británico John M. Keynes enunció la conocida frase “si un ciudadano le debe mil libras a un banco, el ciudadano tiene un problema. Si le debe al banco diez millones de libras, quien tiene un problema es el banco”. Al asunto que nos ocupa hoy bien podríamos sacarle una comparación bastante aproximada. Si es un país pobre quien le debe a uno rico, el país pobre tiene un problema. En cambio, si quien debe al rico es todavía más rico, es el rico quien tiene el problema.
A pesar de la claridad de las bases de la ilegitimidad de la deuda, en muchos casos, bien en países que realizaban una transición de dictadura a democracia como en países que ya tenían una tradición democrática consolidada, ha temblado el pulso de cara a afirmar que su deuda nacional era odiosa, y han acabado pasando por el aro de las fuerzas económicas internacionales, terceros estados u organizaciones internacionales que les “invitaban” a no poner de nuevo a cero el contador de la deuda. En el mundo contemporáneo nada es fácil ni sencillo. Así, cuando varios países latinoamericanos realizaron su transición en los años ochenta de dictaduras a democracias, a pesar de que podían haber repudiado la deuda de los regímenes anteriores – y el Derecho Internacional les habría dado la razón –, no lo hicieron y se acogieron a una reestructuración de deuda patrocinada por Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional. No renegar de las cargas anteriores acabaría siendo determinante en el aspecto económico, y lastraría poderosamente a todo el conjunto de Latinoamérica en lo que se ha denominado como la “década perdida”.
En otros puntos del planeta, los nuevos regímenes democráticos se plegaron al pago de una deuda de la que no tenían por qué responder. En varios países de África así ocurrió, algo enormemente llamativo puesto que si por algo se han caracterizado las dictaduras africanas es por un uso totalmente patrimonial del Estado. El país pertenecía al dictador, trabajaba para él y servía – incluida la deuda que pagaban los ciudadanos – para enriquecerle. Cuando su mandato llegaba a término, si salían vivos de la transición, acababan retirados en países europeos o en Estados Unidos viviendo a cuerpo de rey con cientos o miles de millones de dólares a buen recaudo en paraísos fiscales. Ni la República Democrática del Congo después de la dictadura de Mobutu – del que se estima que poseía una riqueza de miles de millones de dólares – a partir de 1997, ni Sudáfrica en la democracia que siguió al régimen del apartheid, ni en tiempos más recientes Egipto o Túnez tras las revueltas de 2011 calificaron la deuda nacional de los años anteriores como odiosa, por lo que a día de hoy se sigue devolviendo con la normalidad que caracterizaría a una deuda completamente legítima.
Los motivos que llevan a todos estos países a agachar la cabeza y seguir pagando religiosamente son intrincados, aunque a menudo tiene que ver con el acreedor de dicha deuda. Como hemos dicho anteriormente, “si quien debe al rico es pobre…”. Muchas dictaduras sobrevivieron durante décadas ya que se enmarcaban en la Guerra Fría y por lo general recibían apoyo de uno u otro bando, incluyendo dinero que se devolvería en un futuro. Así, los países cuyas deudas provenían del lado occidental, especialmente Estados Unidos, se vieron en un serio problema cuando se convirtieron en democracias. ¿Dejar de pagar y enfadar a los Estados Unidos, FMI, Banco Mundial y demás o seguir pagando y tenerlos de nuestro lado? Por lo que hemos visto, parece que la segunda opción fue la que acabó imponiéndose.
No ha pasado lo mismo cuando era un país poderoso quien se negaba a pagar. Hitler, por ejemplo, se negó a pagar las deudas y reparaciones de guerra que le habían sido impuestas a Alemania por su derrota en la Primera Guerra Mundial. La propia Alemania también hizo en 1953 una quita de un 60% de sus deudas tanto anteriores como posteriores a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Los acreedores, en base a la necesidad de que el país germano se recuperase económicamente para reactivar Europa Occidental, aceptaron dicha quita. A pesar de este recorte de adeudos, Alemania siguió pagando lo que debía desde la Gran Guerra hasta 2010.
Otro caso reciente en el que se aceptó una gran parte de la deuda como odiosa fue en 2003 cuando el gobierno iraquí, sucesor al de Saddam Hussein, propuso una reducción del 80% de su deuda a sus acreedores, especialmente países occidentales, al considerar que la deuda era del régimen anterior y contraída en su mayoría durante la guerra de ocho años con Irán (1980-1988). Dicha reducción, que se estimaba en unos 80.000 millones de dólares, fue apoyada por los Estados Unidos en una clara maniobra geoestratégica. Un Irak sin apenas cargas y cuyos rendimientos del petróleo no fuesen para pagar deudas era muchísimo más útil para los intereses de EEUU que un Irak sepultado en pagos millonarios. Todos los acreedores aceptaron.
También ha habido momentos en los que países del Sur han conseguido declarar su deuda odiosa a pesar de las presiones del Norte y de su omnipresente emisario para estos casos, el FMI. En 2008, el Presidente de Ecuador Rafael Correa argumentó que el 70% de la deuda soberana del país era ilegítima, y que por el bien del país no se podían estar empleando año tras año enormes cantidades del presupuesto, incluyendo réditos del petróleo, a pagar una deuda que lastraba al país. Así, y a pesar de las presiones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, decretó la suspensión del pago de un 70% de la deuda nacional, además de expulsar del país a los enviados del FMI a Quito.
Las deudas de la periferia europea: ¿ilegítimas o irresponsables?
La cuestión de la ilegitimidad de la deuda se vuelve espinosa cuando hay que debatirla en el seno de sociedades plenamente democráticas. El repudio de una deuda anterior suele venir dado por lo que Sack argumentaba: un régimen que gobernaba en contra de los intereses de la población y se enriquecía de manera personal. Que ocurra esto en estados democráticos parece imposible. Supuestamente existen contrapesos, tanto institucionales como sociales, como para que dicha mala gestión no ocurra. Por tanto, si unimos la legitimidad del propio sistema democrático mas los contrapesos existentes para que no se genere una deuda perniciosa para la población, el debate sobre si dicha deuda es odiosa se vuelve intrincado y, al contrario que las dictaduras, ha de ir más allá del “sí” o “no” a la hora de argumentar si la deuda del Estado, o parte de ella al menos, es ilegítima.
Del mismo modo, hay que separar cuidadosamente dos conceptos que parecen iguales pero que no lo son, además de residir en ellos una diferencia fundamental que decanta la balanza en el caso de la deuda odiosa: el interés público y el interés común. Entendemos el interés público como la conveniencia para el sector público de una determinada medida, gestión o situación, que facilite la estabilidad y la posibilidad de que el Estado siga jugando su papel en el ámbito público de manera correcta; en cambio, el interés común sería todo aquello de lo que los ciudadanos y la sociedad en su conjunto se benefician y desean para la comunidad en su conjunto, que por supuesto también abarca el ámbito económico y político. Así, el interés común es más amplio que el público pero este último tiene mayor conexión con lo político, por lo que por esa vía suele ganar bastante presencia, además de ser confundido – o que desde las esferas políticas se intenta disfrazar – con el interés general.
En la crisis de deuda que varios estados de la periferia europea han vivido en los últimos años, los intereses se entremezclan hasta el punto que parece irreconocible dónde acaba uno y empieza otro. Informaciones confusas, a veces incomprensibles, discursos políticos con mucha palabrería y poca realidad, presiones externas e influencias varias se acabaron dando cita en los estados sudeuropeos e Irlanda cuando las primas de riesgo empezaron a galopar hacia el infinito. Cuando la tormenta pasó, todos habían sobrevivido, pero unos mejor que otros. Ninguno de los afectados había conseguido reducir su deuda salvo Grecia – cuya parálisis económica ha provocado, lógicamente, que en 2013 vuelva a aumentar –. Y esas nuevas deudas con jugosos intereses son de alguien. El dinero no cae del cielo y si alguien se endeuda es porque otro ha prestado el dinero para ello. ¿De dónde salen esas deudas? ¿En qué se ha empleado el dinero proveniente del endeudamiento?
Tomaremos dos ejemplos a la hora de analizar la deuda, el caso griego y el caso español. El primero por gravedad y el segundo por cercanía – y gravedad –.
En el país heleno, desde los primeros años del siglo XXI, el gobierno conservador estuvo durante dos legislaturas emitiendo bonos y falseando las cifras de deuda y déficit público para así cumplir los requisitos de estabilidad impuestos por la Unión Europea. En esta tarea de camuflaje por los mercados internacionales, Grecia contrató los servicios de la conocida asesoría financiera Goldman Sachs. En el año 2002, el vicepresidente de la firma americana en Europa era un tal Mario Draghi. Siete años después, en 2009, los conservadores son vencidos en las elecciones griegas por los socialistas de Yorgos Papandreu. El nuevo gobierno, al destapar el fraude del gobierno anterior, abriría la caja de Pandora. Las cifras del gobierno conservador estimaban en un 3,7% el déficit público, una cifra que aunque un poco alta, era aceptable y daba margen de actuación; los socialistas acabaron demostrando que las cifras reales estaban bastante lejos de ese 3,7%, ya que el porcentaje real de dicho déficit era de un 12,7%, un dato que ponía directamente a Grecia al borde del precipicio.
En cuanto se destapó ese nuevo dato, la calificación de la deuda griega se desplomó y los nuevos préstamos empezaron a tener unos intereses desorbitados. Puesto que el estado griego no podía endeudarse con ese 12,7% de déficit y menos con semejantes intereses, tuvo que recurrir al rescate de la Unión Europea y el Banco Central Europeo, cuyo presidente entonces era el mencionado Mario Draghi. Una avalancha de millones de euros llegó entonces a las arcas griegas, pero con la condición de que se emplease única y exclusivamente para pagar la desmesurada deuda que Grecia tenía. A cambio, el estado heleno tendría que hacer algunos “ajustes” para reducir su déficit, que en realidad se convirtieron en leoninos recortes de todo tipo de servicios públicos y sociales. La última bala que pudo usar Grecia para salir de la crisis fue a su pie.
¿Pudo en 2009 declarar Papandreu la ilegitimidad de la deuda de los gobiernos anteriores? Simplemente hay que acudir a las tres características de Sack:
- La primera: falta de consentimiento y/o conocimiento del endeudamiento. ¿Hubiese permitido la sociedad griega que su país se endeudase hasta el punto de llegar a un déficit que desafiaba todos los límites de la estabilidad económica? Con mucha probabilidad, no. ¿Sabía la sociedad griega que su país se estaba endeudando de semejante manera? Por la ausencia de reacciones a dicha política, además del secretismo gubernamental, no lo sabía.
- La segunda: ausencia de beneficio para la ciudadanía en dicho endeudamiento. Durante los años del “engaño”, entre 2002 y 2009, Grecia estuvo creciendo a unas cifras bastante aceptables: hasta 2008 de entre el 3% y el 4%; el gasto en educación tuvo una tendencia ligeramente ascendente del 3,6% del PIB en 2002 al 4,1% en 2005 – el Banco Mundial no ofrece datos más recientes –; la población activa se mantuvo estable; el paro bajó a buenos ritmos hasta el 7,7% en 2008 y el gasto público en salud casi alcanzó el 70% del gasto total en el año de estallido de la crisis. Así, a grandes rasgos, podemos decir que la gestión pública del gobierno conservador no fue en contra del interés de la población, ya que en cuestiones como la educación o la sanidad, el gasto aumentó. Ahora, la responsabilidad de un gobierno no es sólo gobernar con la mira puesta en el día siguiente. Invertir en educación y salud, así como en reducir el desempleo, es fundamental y básico para el correcto desarrollo de un país, pero tampoco puede ser un regalo envenenado para gobiernos sucesores o generaciones venideras. En este sentido, la actuación del gobierno de Karamanlis en un endeudamiento permanente fue terriblemente irresponsable, que como se ha visto, ha hipotecado el futuro de los griegos durante décadas.
- La tercera: que los acreedores estuviesen advertidos de que dicho endeudamiento cumplía los dos requisitos anteriores. En este aspecto basculamos entre la ingenuidad de los acreedores o de su consentimiento a prestar a un país enterrado en deudas. El método del gobierno heleno para endeudarse era emitir la deuda no en euros, sino en otras divisas, por lo que no tenían que rendir cuentas a la UE sobre dichas emisiones. Esta maniobra fue facilitada en gran medida por el trabajo de Goldman Sachs. Bajo esta estrategia, los griegos colocaron su deuda especialmente en Alemania y China. Los bancos alemanes acumularon enormes existencias de deuda griega, aunque es difícil de creer que un banco alemán, a la hora de prestar, no sabía a quién le estaba prestando. Bajo la dirección de la financiera norteamericana, es probable que actuase de mediador entre prestamistas y gobierno griego y que todo se mantuviese en secreto. Todos ganaban. Si aquello no reventaba, ¿por qué iban a destaparlo?
Parece ser entonces que la deuda griega cumpliría gran parte de las características de la deuda odiosa. Se han formado varios grupos de trabajo de cara a auditar los acreedores de la deuda griega, las cantidades y a qué se ha destinado ese dinero. Desde 2009 que empezaron los trabajos, nada más se ha vuelto a saber. A esas alturas parece que ya es demasiado tarde. Papadopoulos bien podía haber rechazado pagar semejante despropósito financiero, pero ni el Fondo Monetario Internacional, defensor de la desregulación y la financiarización de la economía, ni el Banco Central Europeo, guardián de la estabilidad del Euro, muy afectado por las deudas de los países periféricos, ni Alemania, el mayor acreedor de los griegos, tenían la intención de perdonarle los pecados a Atenas. Una vez más, el peso internacional se hace presente y el “tú verás lo que haces” puede más que el Derecho Internacional.
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Para el caso español también ha habido partidos políticos y diversas organizaciones sociales que han pedido una auditoría sobre la deuda. Es cierto que ahora, estando en crisis, al echar la vista atrás hemos visto la enorme cantidad de dinero público que se ha despilfarrado durante años: desde aeropuertos sin aviones a cada pueblo de España con un polideportivo. Millones y millones se han ido por el sumidero durante años en proyectos megalómanos e innecesarios que a años vista hace que nos llevemos las manos a la cabeza de cómo pudimos dejar que semejantes cosas se llevasen a cabo.
A la crisis España llegó, junto con Irlanda, con el endeudamiento más bajo de los países periféricos europeos y mucho menor que países como Francia o Alemania. La cuestión es que aquí no sufrimos sólo la crisis internacional. Teníamos una propia, interna, la burbuja inmobiliaria, cuyo estallido generó a unos ritmos acelerados una parálisis económica de la que todavía no hemos salido. Éramos el país equivocado en el momento equivocado. Estando entre la espada y la pared, tuvimos que elegir. Las primeras medidas se diluyeron con el Plan E, un programa contracíclico de inversión pública de dudosa efectividad en su diseño y más que discreto en los resultados. También, en una extraña creencia de que una medida de ese tipo estimularía el consumo, el gobierno de Zapatero aprobó la reducción de 400€ del IRPF; balas de fogueo para el consumo y un harakiri para las arcas públicas. Como el paro seguía subiendo, la deuda seguía la misma tendencia y no parecía que fuese a parar pronto, la Unión Europea, en vista de lo que estaba sucediendo con Grecia, instó a España a hacer unos “ajustes” de cara a que el déficit público no se nos fuese de las manos. Dicho y hecho. Se recortó la dependencia, se congelaron las pensiones, se redujeron los sueldos de los funcionarios, se recortó la inversión pública, la AOD y se subió el IVA general del 16% al 18%. Como era de esperar, ni la deuda se redujo, ni el paro bajó ni la economía se reactivó.
Llegaron entonces las elecciones de 2011. El Partido Popular había vendido con insistencia la mala gestión del Partido Socialista. La gente pensó que peor que como lo había hecho el PSOE no podía hacer y obró en consecuencia votando al PP. Con el cambio de gobierno se evidenció lo que algunos sospechaban: el partido de Génova ganó y se preguntó: “¿y ahora qué?” No había programa, no había ideas, el mundo de medidas y promesas anunciadas en la campaña electoral era sólo humo. Como la Unión Europea, el FMI y demás organismos seguían apremiando a los países con una deuda creciente a que recortasen sus gastos, el PP no se lo pensó dos veces a la hora de volver a usar la tijera, pero esta vez haría que los recortes del PSOE pareciesen suaves.
La lista es eterna y los efectos, devastadores. Enormes recortes en todas las partidas presupuestarias, del I+D a los medicamentos; de la reducción de becas a la subida de una inmensa batería de impuestos y tasas. Por supuesto, el crecimiento no se produce y el paro, aunque en los últimos meses haya bajado ligeramente, los porqués en relación a esa bajada cuestionan realmente el paro baje, por lo que concluimos que, al igual que en los demás países expuestos a la austeridad, sea el gobierno que sea, no ha dado resultado. Si a esto le añadimos el rescate a la banca de unos 108.000 millones de euros que por supuesto han salido de nuestros bolsillos y a crédito de Europa, el balance es francamente negativo.
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A día de hoy, estando España como está con una deuda que roza el 100% del PIB, ¿es nuestra deuda, total o parcialmente, odiosa? Lo comentábamos anteriormente, partidos de izquierda, en especial IU e ICV han pedido una auditoría de toda la deuda española para concluir si alguna parte de la misma es ilegítima. Al contrario que en Grecia, aquí ni hemos empezado a analizar la deuda, por lo que difícilmente vamos a llegar a una conclusión con datos encima de la mesa. A pesar de ello, vamos a intentar encuadrar brevemente la situación española con las características del jurista ruso Alexander Sack.
¿Había falta de consentimiento y/o conocimiento en realizar las acciones que llevaron al endeudamiento? En Grecia el endeudamiento se realizó de espaldas a la sociedad helena con emisiones de deudas bajo la mesa, mientras que en España el endeudamiento progresivo se ha producido en gran medida por el mero ralentizamiento de la actividad económica, que se resume en ausencia de crecimiento y aumento del paro. Es cierto que las medidas que ambos gobiernos han tomado durante la crisis han propiciado que dicho crecimiento siga estancado y el paro aumentado, pero la situación tampoco hubiese sido mejor si no se hubiese hecho nada – a estas alturas esperamos que haya quedado claro que no defendemos la gestión de ambos gobiernos –. En este aspecto por tanto, la deuda proviene en su mayor parte de una situación económica dada a nivel general, no ha aumentado por una política deliberada del gobierno. Lo único que podemos calificar como deuda contraída conscientemente es el conocido rescate bancario. 108.000 millones de euros para salvar a bancos y cajas privadas cuya pésima gestión y riesgos excesivos les había llevado a la quiebra. Ese rescate proveniente de la UE hacia nuestra banca, efectivamente es una medida que, por las encuestas y estudios realizados estos años, la gente desaprueba con firmeza, por lo que la deuda destinada a esa medida es igualmente reprobada.
¿Ha habido ausencia de beneficios para la ciudadanía en dicho endeudamiento? Si alguien encuentra aspectos positivos en el desarrollo de la crisis, o tiene muy buena suerte o viene de otro planeta, ya que estudio tras estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas sobre la percepción de la situación económica, la respuesta mayoritaria es mala o muy mala. Entendiendo al igual que antes que el aumento de deuda entre 2008 y el día de hoy se ha debido especialmente a cuestiones relacionadas con el propio desarrollo de la crisis, poca queja podemos hacer al respecto. La economía capitalista es así y cuando se ralentiza el crecimiento, el paro sube y los gastos del estado aumentan. Otro asunto es criticar las medidas contracíclicas que el gobierno emplea para paliar ese ralentizamiento económico – aunque desde una óptica keynesiana en el corto plazo también generan endeudamiento –, que en el caso de España han dejado bastante que desear por parte de ambos gobiernos. Si preferimos observar el caso del rescate bancario, es evidente que no ha habido beneficio ninguno para la ciudadanía, ya que no es el hecho de rescatar con dinero público a los bancos, sino que sigan en manos privadas, las mismas manos que les llevaron a la quiebra, en vez de pasar esas entidades a manos públicas.
¿Estaban los acreedores advertidos de que prestaban dinero para ser usado en medidas impopulares y perjudiciales para la ciudadanía? La mayoría de las emisiones de deuda soberana española se han realizado para cubrir el propio déficit que el estado tenía, cosa que sucede en la inmensa mayoría de países del mundo. En cambio, el rescate bancario sí provenía de la UE e iba a ser dedicado a una medida altamente impopular y que no repercutía de manera positiva en la ciudadanía al no nacionalizarse dichas entidades rescatadas, por lo que los acreedores no prestaban necesariamente para fines relacionados con la deuda odiosa.
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Por tanto, concluimos que a grandes rasgos la deuda española no es ilegítima al no cumplir ninguno de los requisitos para repudiar la deuda, aunque sí es altamente probable que una parte de la deuda española sea odiosa, no será una cantidad demasiado grande. Aun así, para auditar esa deuda hace falta transparencia y accesibilidad a los datos por parte de las instituciones públicas, una transparencia que en el caso de España está bastante lejos de considerarse óptima. El comentado caso del rescate bancario, a pesar de no ser una medida popular, es necesaria, puesto que si un banco quiebra, los ahorros de los clientes se van detrás del banco, algo que hubiese sido nefasto para la economía española. Ahora bien, lo criticable y donde viene el error mayúsculo es no haber nacionalizado esa banca. Si las cajas y bancos se salvaban con dinero de todos los españoles, qué menos que esas cajas y bancos pasen a manos de todos los españoles, puesto que podrían ser usados para facilitar crédito o, en un futuro, revender las entidades y recuperar el dinero invertido en su rescate. Permitiendo que las entidades quebradas sigan en manos de los mismos gestores irresponsables, simplemente perpetúa la connivencia político-económica que desde hace mucho tiempo existe en nuestro país, donde todos los de ese mundo son amigos, se hacen favores y nunca pasa nada.
A pesar de que nuestra deuda no sea odiosa, no quita para que la gestión política de los últimos años, y en especial la crisis, haya sido desastrosa. En gran medida estamos aquí por la flagrante incapacidad y nula calidad de la alta política española. En 2015 habrá elecciones, a ver si para entonces hemos aprendido la lección o si en este país hay cosas que nunca cambian.