En el sector eléctrico existe lo que llaman ‘el déficit de tarifa’, un monumental robo que hoy supone unos 25.000 millones de euros y que crece 5.000 millones cada año, más los intereses, y que quieren que los consumidores paguemos a las grandes eléctricas. Inicia su andadura en 2002, los tiempos del gobierno Aznar, cuya gente calculó los costes teóricos de producción eléctrica –facilitados por las compañías- y lo que se pagaba por precios finales en los recibos de luz y dedujeron que pagábamos menos de lo que debíamos, el ministro de economía Rodrigo Rato dedujo que LES DEBÍAMOS DINERO A LAS COMPAÑÍAS ELECTRICAS.
No se imaginen que la deuda está quieta, las eléctricas han creado un Fondo de Titulización que la coloca en los mercados, y la venden en 'papelitos troceados' a los inversores, que compran porque está avalada por el Estado, lo cual compromete toda la deuda española y complica más la solución. Que ¿quienes compran?, vaya usted a saber si su fondo de inversión no tiene parte. Un matiz importante siempre que oigan hablar de precios, o de saldo entre dos variables, revisen ambas, entre costes de producción y precios pagados; los costes pueden estar inflados, y no lo duden, lo estarán si la gente no tiene acceso libre a ellos.
Nadie sabe por qué en el país de Europa en el que la electricidad es más cara -No existe en ningún otro país del mundo- Costaba tan caro producir electricidad. Ellos, los hombres de Aznar y el PP, tomaron el mayor precio de producción de la compañía más ineficiente –parece que alguna de las vinculadas al gas- y marcaron ese como precio a pagar, a pesar de que hidroeléctricas y nucleares, por ejemplo producían muchísimo más barato, entre otras razones porque estaban ya amortizadas, lo cual ni se tuvo ni se tiene en cuenta. En medio están las primas aseguradas a las renovables, las cobradas por grandes empresas, constructoras por ejemplo y las subvenciones al carbón.
El problema es que en España miles de empresas y sectores productivos están subvencionados –otras deudas escondidas, tapadas por los tertulianos que solo resaltan las de los sindicatos y partidos- y nadie sabe realmente cuánto cuesta lo que se produce, ni su eficiencia, salvo cuando se compara con algo externo, de tal manera que defender subvenciones supuestamente progresistas, como las recibidas por las energías renovables por cuanto nos acercarían a soluciones futuras más sostenibles, pueden esconder pingues negocios privados de grandes empresas constructoras o eléctricas.
Todo en España está tan enmarañado que es francamente difícil determinar lo más conveniente. Somos tan poco dados a discutir y amantes de la dicotomía, tantas personas que hablan en términos generales pero son incapaces de detenerse en explicaciones concretas, individuos que con una frase ya mantienen una postura global a un lado u otro de la trinchera, sin preocuparse demasiado en seguir leyendo, estudiando y discutiendo las ventajas e inconvenientes concretos de cada postura, de cada medida, de cada reglamento. Hacer política implicaba muchas horas de discusiones y lecturas y aquí y ahora miles de individuos lo sustituyen por simples deseos.
Deudas escondidas vinculadas con este sector de generación de electricidad, de aquellas que nunca oirán hablar a sus alcaldes derechistas, son también la concesión gratuita, o casi, que les hizo Franco a las hidroeléctricas para usar el agua de todos los españoles a cambio de que les paguemos. Ellos usan nuestra agua para generar electricidad y no pagan y a nosotros nos obligan a que les paguemos un precio muy superior al que cuesta producirla. Si encima incluimos que ya son empresas con las instalaciones amortizadas hace tiempo, pues vaya robo.
Otro grupo de empresas del mismo sector son las nucleares, tan queridas por el PP, y cuyas inversiones realizadas en su construcción se han ido amortizando por un período de años fijado al inicio, amortización que ya metían en el precio cuando hablaban de costes en su día y que fuimos pagando cuando nos pasaron durante muchos años el recibo de la luz. El tiempo fijado ha transcurrido, por tanto están amortizadas tal como estaba calculado, y ahora resulta que el Gobierno Rajoy les amplía el plazo de funcionamiento, por tanto los ingresos ya no deberían cubrir uno de los costos inexistentes, así que el precio de producción será muy inferior, pero a nosotros no nos bajan el recibo, dinero al bolso. Sucede al contrario lo suben con el maldito cálculo del déficit de tarifa que obliga a pagarlos al precio de producción más alto. Dinero que regalan.