Parecería como que con una vigencia de 37 años, un texto constitucional podía haberse asentado entre las gentes y comportar una cierta veneración. Pero algunos han hecho todo lo posible para que pueda entrar en cuestión.
Vaya por delante que quien esto escribe, con edad y libertad para hacerlo, no votó el texto constitucional en 1978. No me gustó ni el texto ni la circunstancia.
La Constitución española del 1978, aunque fuera fruto de un acuerdo entre diversas fuerzas políticas de la época, dejó fuera a colectivos importantes. El texto, como se dice ahora, manifiestamente mejorable, excluyó diferentes aspectos de los derechos ciudadanos e incorporó alguna chapuzas memorables. Que su gestación se viese mediatizada por los llamados poderes fácticos, especialmente las fuerzas armadas y la Iglesia Católica, introdujeron una debilidad congénita que resiste mal el paso del tiempo. Estaría dispuesto a admitir que en aquellos momentos las amenazas, especialmente de los militares, no podían desdeñarse. Pero ha habido tiempo de sobras, especialmente después de algunos acontecimientos luctuosos como el golpe de estado de 1981 y de largos períodos de mayorías más que suficientes como para haber procedido a enderezar los numerosos entuertos que contiene.
El lío de la jefatura del estado, nunca suficientemente legitimada más allá del legado de la dictadura, la inutilidad de la segunda cámara y la confusión del denominado estado de las autonomías, son parte de los problemas principales.
Tan criticable es el texto como el uso que se ha hecho de él por parte de diferentes gobiernos que podían haberse esmerado más en pensar en los ciudadanos y no en ellos mismos. La monumental traición que supuso modificar el artículo 135 y anteponer deudas a derechos fundamentales, sin debate, con nocturnidad veraniega y alevosía en su justificación, no tiene perdón. Más aún cuando como se ha sabido, nunca fue esa la exigencia de los gobiernos europeos. La idea mastuerza fue de la Moncloa y del partido en la oposición del momento.
El uso y manoseo del Tribunal Constitucional no ha contribuido mucho a mejorar el prestigio de la ley de leyes. La composición bastarda del alto tribunal, varios de cuyos miembros no son jueces sino políticos designados, la prolongación ilegítima en los cargos más allá de los períodos estipulados y la dependencia constante de los designios del partido en el poder ejecutivo, deja a eso, que no pasa de ser una comisión consultiva, con muy escasa credibilidad. Varios millones de ciudadanos del estado español se han visto vejados por la arbitrariedad de sus decisiones.
Viviendo al otro lado del charco y en relación con la celebrada festividad del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, a la pregunta de si en España teníamos una festividad parecida, di en contestar que aquí no teníamos muchas cosas por las que dar gracias... No tenemos esa fiesta. Pues esta celebración del 6 de diciembre también nos la podíamos ahorrar.
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(Adendum: Pues no se qué decir de la siguiente fiesta de la Inmaculada Concepción. Cuando pregunto a los católicos practicantes, más de la mitad no saben que quiere decir exactamente eso de la Inmaculada Concepción. Se lían con lo de la virginidad de la madre de Jesús de Nazaret. Y cuando les explico que viene de la santificación de un polvo de San Joaquin con Santa Ana se escandalizan...)