Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética

Por Ros
El 24 de junio es el Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética. La electropolución o contaminación electromagnética es la exposición continua a campos electromagnéticos que provienen principalmente de dos fuentes, las líneas de alta tensión y subestaciones eléctricas y, por otro lado, las antenas de telefonía móvil y sistemas de telecomunicación (Wifi , Wimax).
En esta fecha diversas organizaciones de afectad@s, vecinales y ecologistas [1] queremos denunciar el crecimiento insostenible de la contaminación electromagnética, asociada a a la proliferación descontrolada de infraestructuras eléctricas y redes de telecomunicación, que se ha convertido en un problema medio ambiental y de salud pública, y apoyamos la necesidad de un cambio legislativo profundo en la normativas que regulan este tipo de actividades.
En lo que se refiere a la contaminación electromagnética producidas por los campos electromagnéticos de baja frecuencia (líneas y subestaciones eléctricas), las movilizaciones vecinales contra los proyectos de instalación de sendas subestaciones eléctricas en el barrio de Patraix (Valencia) y Santa Maria de Grado (Asturias) o la lucha contra el trazado de las líneas Lada–Velilla (Asturias-León), Soto del Barco(Asturias)-Penagos (Cantabria) y Gueñes (Vizcaya), el proyecto de interconexión de alta tensión con Francia, en Cataluña; son ejemplos de una mayor preocupación sobre los impactos y posibles afecciones para la salud publica derivadas de esta proliferación descontrolada y caótica en el medio rural y urbano.
Junto a esto hay que señalar acciones judiciales como la sentencia por la que se condenaba a una empresa eléctrica por la contaminación electromagnética de un transformador en Murcia y la resolución de la Audiencia Provincial de Castellón que obligaba a la retirada de un transformador en la localidad de Burriana; al considerar que existe un indicio razonable y significativo de que el nivel de exposición en las viviendas es un factor de riesgo. Estas acciones ponen de manifiesto una larga lucha contra los impactos ambientales y sobre la salud publica derivada de una exposición continua a los campos electromagnéticos de baja frecuencia; como son los producidos por las líneas de alta media tensión, subestaciones, transformadores e infraestructuras eléctricas.
Creemos que es necesario un cambio significativo de la Ley del Sector Eléctrico del 97 y los reglamentos de líneas de alta tensión y subestaciones eléctricas así como de la legislación autonómica con la introducción de criterios de precaución, distancias de seguridad, reserva especifica de suelo para esas infraestructuras fuera de zonas residenciales y rebaja significativa de los niveles de exposición a campos electromagnéticos
Las movilizaciones contra las emisiones de campos electromagnéticos de muy alta frecuencia y microondas pulsátiles producidas por las antenas de telefonía móvil y sistemas de telecomunicación ha sido una constante en todo el estado español, ante una normativa estatal que se hizo al dictado de las operadoras. Existen numerosas conferencias internacionales que alertan sobre los posibles efectos y riegos en la salud pública (Declaraciones de Viena 1998, Salzburgo 2000, Roccaraso 2000, Alcalá de Henares 2002, Catania 2002, Friburgo 2002, Benevento 2006) Así como estudios estudios epidemiológicos y trabajos científicos europeos, como el programa REFLEX, que alertan sobre cambios a nivel celular y subcelular con los consecuentes efectos negativos sobre los seres vivos, el medio ambiente y la salud humana.
Por todo ello, es imprescindible el desarrollo de un programa e investigación pública, estatal e independiente, con estudios epidemiológicos sobre los efectos sobre la salud pública y un cambio en profundidad de la normativa actual que debe basarse en criterios de control público sobre los lugares de establecimiento de antenas, valores límite exposición ciudadana que impida que se origen las enfermedades de que hablan esos estudios y se produzcan cambios celulares, así como también es necesario la transformación de la Ley General de Telecomunicaciones y la normativa estatal y autonómica sobre el espacio radioeléctrico.