*JUAN MARTORANO
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra, en su artículo 55 la obligación que tiene el Estado y el derecho de toda persona a ser protegida a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por nuestro ordenamiento jurídico vigente y frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.
Asimismo, indica el referido artículo sobre el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a la participación en los programas destinados a la prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias será regulada por una ley especial.
En ese sentido, el artículo 59 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Seguridad en la Nación, establece que el Estado, a través del Ejecutivo Nacional, creará un sistema de protección para la paz, en el cual se integren todos los Poderes Públicos del estado, en todos los niveles político territoriales, con el pueblo organizado y las instancias de gobierno comunal, a fin de promover y ejecutar un nuevo modo de planificación de política criminal y la consecución de los planes en materia de seguridad ciudadana contra amenazas externas e internas a la seguridad de la nación. El instrumento de creación y los instrumentos normativos ejecutivos que regulen el sistema a que se refiere este artículo deberán desarrollar los subsistemas requeridos para la protección del pueblo, las autoridades encargadas de su coordinación y los mecanismos de articulación de los órganos y entes del poder Público Nacional, Estadal y Municipal, así como las instancias de gobierno comunal y el pueblo organizado.
Indudablemente no se puede negar el cambio de paradigma en la política de seguridad ciudadana del Gobierno Bolivariano, en la que tratamos de pasar de la represión y persecución de dirigentes de la izquierda y populares a una política preventiva y de georreferenciación del fenómeno criminal. Y de una policía violenta y recurrentemente violadora de los Derechos Humanos como política de Estado, a una policía comunal y de proximidad. Sin duda, culturalmente aún nos falta mucho por hacer, pero se han realizado esfuerzos en ese sentido.
Es por ello que, en nuestra Carta Magna, se les impone a nuestros cuerpos de seguridad del Estado el respeto a la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. El uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionario policial y de seguridad estará limitado por principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad, conforme a la ley.
Tal vez es la mala interpretación de este precepto constitucional y de los desarrollos normativos del mismo, que se ha mal entendido la actuación de nuestros cuerpos de seguridad ciudadana. De ahí la inclusión del término y de los manuales procedimentales de nuestros cuerpos de seguridad ciudadana, y fundamentalmente los policiales, del uso diferenciado y proporcional de la fuerza.
Esto porque si bien es cierto que no comparto la visión de la policía cuartarrepublicana altamente represiva y violatoria de Derechos Humanos que formaron parte de un conglomerado de políticas públicas basadas en el enemigo interno. Tampoco podemos permitir una policía blandengue y que no proteja a la ciudadanía ni a ellos mismos, aplicando también el principio legítima defensa, que es instintivo de los seres humanos cuando se encuentra en situaciones de peligro.
Y es en ese marco de la Guerra No Convencional y de la geometría de la ocupación que los enemigos del Estado-Nación venezolano nos han venido aplicando desde hace bastante rato en la República Bolivariana de Venezuela, con la infiltración de las denominadas Bandas Criminales (BACRIM) en el pleno corazón de la capital de la República: la ciudad de Caracas.
Pero este fenómeno no es para nada nuevo: basta rememorar la captura un 9 de mayo de 2.004 de 150 paramilitares colombianos en la finca Daktarí, en el municipio El Hatillo, propiedad de Robert Alonso, y del comandante “Lucas”, quienes se entrenaban para desplegar toda una oleada de violencia cuyo objetivo fundamental era el asesinato del Comandante Hugo Chávez.
Ese fenómeno de infiltración mercenaria y paramilitar fue promovido desde el gobierno de Colombia, en ese entonces dirigido por Álvaro Uribe Vélez, donde paulatinamente y en grupos más pequeños dichas células fueron infiltrándose y ubicándose en barriadas caraqueñas consideradas bastiones del chavismo, como Petare y la Cota 905 además de otras entidades federales venezolanas que los enemigos de la Patria consideraban estratégicas para la instalación de estas células durmientes, las cuales se activarían en el momento en que ellos considerasen fuese el más oportuno para sus intereses y planes.
Y es en ese sentido, de manera bastante resumida, pero no por ello menos importante, que me he permitido colocar esto como parte del contexto en el que han venido ocurriendo los eventos más recientes en la parroquia La Vega y en la Cota 905 desde hace bastante rato ya.
Pero gracias a la colaboración de un buen amigo, que además del breve contexto que describí párrafos más arriba, por no señalar la operación de distracción que se hizo en Petare días previos a la incursión marítima mercenaria del 3 de mayo de 2.020 denominada Operación “Gedeón”, que quiero citando una experiencia de México, que nos miremos en ese espejo y generar la necesaria alerta a nuestros cuerpos de seguridad ciudadana, para que pongamos fin y coto a esta terrible situación.
Me refiero a la experiencia del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que se trata de un grupo delictivo mexicano dedicado al narcotráfico y tráfico de armas. Esta organización fue creada en 2007 como un brazo armado, bajo el nombre de Los Mata Zetas. El grupo se independizó en 2010 y se dio a conocer a partir de septiembre de 2011, siendo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes «El Mencho». La organización es considerada como uno de los grupos delictivos más peligrosos de México y el principal rival del Cártel de Sinaloa por el control de plazas y/o territorios en el país y en la demanda y movimiento de droga nacional e internacional, ocasionando una guerra entre las dos organizaciones que, a 2021, aún se mantiene. Según información del gobierno mexicano, el CJNG superó en 2018 al Cártel de Sinaloa en el dominio del crimen organizado local que estos tenían por más de 20 años, convirtiéndose en objetivo prioritario de las autoridades de este país y de Estados Unidos; en este último, por las relaciones que estos mantienen con el crimen organizado internacional.
Pues bien, importante es de destacar que el CJNG ha desarrollado una estructura militar muy superior a la de los cuerpos de policía e incluso casi iguales a varias unidades del ejército mexicano, su capacidad logística se ha extendido bastante, el Mencho podrá ser un criminal pero estúpido definitivamente no es.
Además, hay algo muy raro con los EU…generalmente los carteles viven y crecen cuando a las autoridades de ese país les es conveniente, ya sea porque les sirven para lavar dinero para sus operaciones “negras” o como pretexto para golpear a alguien, los gringos no son de fiar.
Cualquier parecido con las BACRIM, líderes negativos (pranes) y los Grupos Irregulares Armados Colombianos Terroristas (GRIACOLT) que han venido operando en la República Bolivariana de Venezuela (El Picure, El Coqui, el Wilexis de Petare, entre otras) no son mera coincidencia. De ahí que hay que neutralizar de una vez esta terrible plaga que crece como verdolaga, y que de no tomar correctivos a tiempo, pudiera llevarnos a una guerra civil bajo el formato de Guerra No Convencional, que desarrolla varias tácticas para lograr el objetivo del derrocamiento de la Revolución Bolivariana por la vía violenta.
Y esta advertencia luce de manera más oportuna, sobre todo cuando observamos una aparente calma del sector más fascista de la derecha venezolana. En este caso me refiero a Juan Guaidó y sus huestes. Y es en ese sentido que en la anterior entrega a esta, señalé que si bien la capacidad política y de movilización de Guaidó luce mermada, por no decir inexistente; la posibilidad de que estas células mercenarias y delincuenciales se activen con mayor frecuencia y fuerza no luce para nada descabellada. Sobre todo, tomando en cuenta que estamos a 156 días (5 meses y una semana) de unos comicios regionales y municipales que podrían incidir en el destino de nuestro país. De esto me he referido en anteriores entregas y me seguiré refiriendo las veces que sean necesarias.
Ahí se las dejo.
¡Alerta, Alerta! ¡Mil ojos y mil oídos en todas partes y a todas horas!
¡Bolívar y Chávez Viven! ¡Y sus luchas y la Patria que nos legaron siguen!
¡Independencia y Patria Socialista!
¡Viviremos y Venceremos!
* Abogado, Defensor de Derechos Humanos, Militante Revolucionario y de la Red Nacional de Tuiteros y Tuiteras Socialistas. , www.juanmartorano.word
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