La considerable demora con que ha sido presentado el proyecto de ley de Presupuestos en el Parlament catalán por parte del gobierno de Artur Mas, más de cinco meses después de haber tomado posesión, se enmarca en una clara motivación política al tener unas elecciones, en este caso municipales, en medio del proceso deliberativo.
La prevención ante un rechazo social a unos Presupuestos a la baja, con sustanciales recortes, que pudiera trastocarse en rechazo electoral, aconsejó a los responsables políticos de CiU demorar su presentación pública.
Pero por fin el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, presentó su propuesta en sede parlamentaria. Ahora se abre un proceso que culminará con su aprobación en el mes de julio si todo va bien pero para ello CiU, que no dispone de mayoría absoluta en la cámara catalana, deberá orquestar los apoyos necesarios, situación que no parece fácil ya que todos los posibles votantes a favor le van a pedir contraprestaciones.
Cuando en segunda votación el PSC, con su abstención, posibilitó la elección de Artur Mas como presidente de la Generalitat, se rumoreó la existencia de un pacto secreto que alcanzaba también a los Presupuestos.
Cinco meses después el escenario es muy diferente y el PSC difícilmente aceptará repetir ese papel. Más si se cabe teniendo en cuenta que ya ejerce de frontal oposición y ha de ganar espacio social tras unas elecciones municipales que le han deparado una durísima derrota.
El eje del debate y la discusión política de las próximas semanas en Cataluña son unos presupuestos restrictivos, con un gasto previsto de 26.654 millones de euros (similar al de 2007), que a nadie satisfacen. Ni a quién los presenta, ni quién los tiene que votar, ni por supuesto a los afectados, toda la sociedad catalana que, según el proyecto de ley, verá como la tasa de desempleo aumente a finales de año hasta el 18% (dos décimas más que en diciembre de 2010).
Con una reducción de las partidas de gasto destinadas a los principales departamentos sociales (Salud un 6,5%, y Educación un 7,4%) se ve difícil que las fuerzas de izquierda acaben apoyándole, sea incluso por la vía de la abstención.
Con una caída del 23% en la Consejería de Empresa o de un 24% en la de Infraestructuras (nominalmente conocida como Territorio y Sostenibilidad), un 23,4% en Agricultura, o de casi un 18% en Economía, las fuerzas sociales van a poner el grito en el cielo.
Va a resultar muy difícil, un verdadero vía crucis parlamentario para CiU, conseguir los apoyos necesarios. Y la fuerza política más proclive a dar su apoyo, el Partit Popular, ya ha anunciado un voto no favorable después de conocer el contenido del proyecto de ley. Además, este apoyo no es bien visto por los nacionalistas sabedores que este tipo de acuerdos desagradan a sus votantes que luego les pasan factura.
A todo ello hay que añadir que la propuesta de Presupuestos contempla un déficit del 2,6%, el doble de lo que exigido por el Gobierno central y que sin duda será mal visto por los inversores institucionales que van a demandar un aumento de la prima de riesgo de Cataluña. Un oscuro escenario.