No nos equivocamos, y conocer por noticias filtradas desde Washington que un oficial de la Armada, el capitán de Corbeta, y jefe de Escoltas del difunto presidente Chávez, Leamsy Salazar, acogido al programa de protección de testigos de la DEA, está acusando al teniente retirado, y presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, de ser el jefe del “Cartel de los Soles”, vuelve a enfrentarnos con un capítulo especialmente doloroso en la historia de una sociedad que lleva 22 años despedazando sus instituciones.
Las preguntas que se nos vienen al teclado son: ¿Cómo pudieron los jóvenes oficiales del 4 de febrero, y del 27 de noviembre del 92, que en su mayoría iban de subtenientes a tenientes coroneles, integrarse a una organización que, como su denominación lo indica, formaba el generalato de la Guardia Nacional?
¿Era posible que hombres como Chávez, Arias, Cabello, Ameliach, Castro Soteldo, Otayza, Blanco La Cruz, Carvajal, y otros, sintieran alguna atracción por una actividad o negocio que era cosa de “yanquis y colombianos” y aquí empezaba a ser identificado con el “odiado cuarto componente•?
Pues parece que no, según rastreamos en los pocos pero valiosos documentos que se producen antes y después del 4-F, y en los cuales, entre los males nacionales, el narcotráfico no es mencionado una sola vez.
Todo parece haber cambiado, sin embargo, cuando las FARC se aproximan al “fenómeno Chávez” a comienzos del 97, el teniente coronel empieza a darse como posible ganador en las elecciones presidenciales de diciembre del 98, y se dice que el comandante Raúl Reyes, canciller itinerante de la guerrilla, viaja a Caracas para ofrecerle al candidato un préstamo de 5 millones de dólares para la campaña a ser cancelado una vez que se instalara en Miraflores.
Pero más allá de la anécdota, lo cierto es que Chávez inicia su mandato a comienzos del 99 con un furioso discurso antigobierno y antioligarquía colombianos, prohibiendo el ingreso de camiones de carga neogranadinos al territorio nacional que estaban permisados por los acuerdos de la CAN, y declarándose neutral en el conflicto interno que sostenían desde hacía 50 años liberales y conservadores de un lado, y los hombres de Marulanda, del otro.
Ahora bien, quien decía FARC decía narcoguerrilla, alianza y protección de los carteles de Cali y Medellín, ingreso de ingentes cantidades de dólares más allá de lo inimaginable y la utilización de los mismos en la dotación de una guerrilla que podía desafiar al ejército regular en una guerra de posiciones, en tanto pagaba sueldos a soldados y oficiales que, en sentido alguno, podían permitirse las para entonces maltrechas fuerzas castrenses institucionales de Colombia.
Son los meses en que la acuciosidad de periodistas como Roberto Giusti, Patricia Poleo, Ibéyise Pacheco y Marianella Salazar empiezan a remitir videos a los medios donde oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales traspasan las fronteras y van a compartir en los campamentos que en territorio colombiano tienen los hombres de Marulanda, Grannobles, Timochenko y el Mono Jojoy.
Pero hay más: también se da a conocer material audiovisual de comandantes guerrilleros visitando los cuarteles venezolanos, siendo presentados a la tropa y, de alguna manera, celebrados por oficiales y comisarios ideologizados que ya comparten la frase que Chávez dirá el 5 de febrero del 2008: “Venezuela no limita en su frontera occidental sino con las FARC y sus leyes”.
Pero eso en cuanto a lo público, a lo exterior, porque en lo privado, en lo opaco, es menos conocido que flotas de camiones del hermano país cruzan la frontera y se dirigen con su carga al oriente venezolano, donde es embarcada por el puerto de Guanta, o las aisladas playas del Estado Sucre, rumbo al Caribe, Centro y Norteamérica.
Ya no hay cartel de Medellín en Colombia, ni cartel de Cali, pues han sido exterminados en la guerra que les declaró el presidente César Gaviria, sus jefes están enterrados o encanados, pero han surgido retoños, los carteles de la Goajira, del Norte del Valle, y de Los Llanos que, adaptándose al nuevo mapa, se encuentran con el problema de que, si bien la producción de cocaína pudo ser restablecida, Gaviria y la DEA han destruido los puertos y pistas de embarque en la Goajira y el oriente colombiano, y sin salida de la mercancía, no hay recuperación posible.
Las FARC les ofrece una solución: las fronteras, ríos, costas, carreteras, puertos y pistas aéreas venezolanas están a su disposición, pues los “revolucionarios” que acaban de tomar el poder entienden que, aparte de una excelente fuente de ingresos, el narcotráfico es una forma de aplicación de “la Guerra Asimétrica” que establece, no se debe desechar una herramienta ideal para “blanquear” al imperio y a sus aliados europeos, ya que son los primeros consumidores de una sustancia que a la postre inhabilita a su juventud, clase profesional y liderazgo.
En esta perspectiva, un punto de inflexión surge el 5 de febrero del 2002, cuando se rompen las conversaciones de paz en San Vicente del Caguán entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC, se decide la continuación de la guerra y la organización guerrillera necesita ahora más que nunca de su aliado venezolano para mantenerse a flote y triunfar.
De ese tiempo se cuenta que el gobierno de Hugo Chávez, que se hizo representar oficialmente en las conversaciones de paz por el parlamentario Pablo Medina, y el capitán Ramón Rodríguez Chacín, se compromete a darle una ayuda más eficaz a la FARC, y por tanto, separa a Medina del manejo de las relaciones con la guerrilla que mantenía desde 1996, y se las pasa al capitán.
Es el inicio de una nueva época que augura el anclaje en Venezuela del narcotráfico, pero no como una actividad de producción de coca, procesamiento de pasta y refinación de cocaína, sino de prestación del servicio del transporte, de la misma manera que los carteles mexicanos también operan como receptores de cocaína de Colombia que transportan a los Estados Unidos.
Al efecto, Rodríguez Chacín construye un corredor que arranca en Guasdualito en Apure (que es transformado de municipio en distrito para darle más autonomía), sigue hacia Barinas, continúa rumbo a Portuguesa, traspasa Cojedes y Yaracuy, y establece un gran centro operacional en el triángulo de los estados Carabobo, Aragua, y Guárico.
Pero hay más, mucho más: la DIM, en ese entonces bajo la dirección del general Wilmer Moreno (asesinado en abril del 2012 en Puerto La Cruz en un atentado ejecutado por sicarios), y después de Hugo “El Pollo” Carvajal, ofrecen una amplia cobertura a las FARC y sus narcoactividades, según se desprende de informaciones que cursan en los expedientes del empresario Walid Makled, y del magistrado Eladio Aponte Aponte.
Pero el propio Chávez no estaba dormido sobre el tema y a mediados del 2005 decide la ruptura del acuerdo que sobre la lucha antidrogas existía entre el gobierno venezolano y la DEA, expulsa a los funcionarios de esta última, prohíbe sus operaciones aéreas en la persecución de narcotraficantes y limpia los cielos para que estos puedan operar libremente.
Es en este contexto que sucede la captura en el aeropuerto de Ciudad del Carmen, México, de un alijo de 5 toneladas y media de cocaína, embarcadas desde Maiquetía por Makled y un capo del cartel del Norte del Valle, que tiene dos años operando en el país, José María Corredor alias “El Boyaco”, y los cuales confiesan que la droga era propiedad de las FARC y sería recibida por un cartel, ”La Federación”, que controlaban, Joaquín Guzmán, alias “El Chapo” e Ismael Zambada, alias “El Mayo”.
“Si en algo hay que dar crédito a Makled” escribe Javier Ignacio Mayorca en su excelente reportaje: “Mitos y realidades del Cartel de los Soles”, “fue cuando afirmó que ese jet no pudo haber despegado sin la anuencia de las autoridades militares que controlan todas las actividades del principal terminal aéreo del país. El avión estuvo tres días en una rampa mientras le hacían reparaciones y esperaban la llegada del alijo, distribuido en 155 maletas que fueron colocadas en cada butaca. Cuando despegó tuvo un desperfecto en una compuerta y el piloto, Carmelo Vásquez, tuvo que devolverse de emergencia. Sin embargo, no lo inspeccionaron. Repararon la falla y nuevamente salió”.
Pero no fue el único alijo de miles de kilos cocaína embarcados en puertos y aeropuertos venezolanos, que han burlado o contado con el permiso de las autoridades civiles y militares y nos han colocado en el mapa de países que, como México, cuentan con poderosos carteles y capos de la droga y han invadido, del lado mexicano, a Estados Unidos y del de Venezuela, a países de la Unión Europea.
Claro, con una diferencia: en México, los carteles son mayoritariamente privados y solo en el caso del Estado Guerrero penetraron una importante entidad federal. En Venezuela, son mayoritariamente públicos, estatales, han infiltrado y cuentan con el apoyo de los poderes públicos y de instituciones como la FAN, por lo cual puede afirmarse que estamos en presencia de un narcoestado.
Sobre esto tendrían que estar hablando la AN, la Fiscalía y el hombre que está siendo acusado de ser el capo del “Cartel de los Soles”, Diosdado Cabello, pero que muy en el estilo de Pablo Escobar, Rodríguez Orejuela, el Chapo Guzmán y los carteles de Sinaloa y de Guerreros Unidos, está amenazando a sus denunciantes y acusadores con la muerte.
Fuente: Noticiero Digital