Esta propuesta llega después de la reciente aprobación de la Ley de Certeza Patrimonial y Vivienda Social del Estado, que dio vida al mencionado instituto con la finalidad de garantizar el acceso de la población a una vivienda digna y adecuada. La propuesta es añadir un segundo párrafo al artículo 54 de esta ley.
El legislador enfatizó que en numerosas ocasiones, los contratistas en el ámbito privado cometen fraudes en la construcción, remodelación o reparación de viviendas. Estas malas prácticas pueden ir desde el uso de materiales de calidad inferior a lo acordado, hasta el abandono completo de un proyecto sin cumplir lo pactado. Estas situaciones, además de ser un perjuicio económico, afectan especialmente a los sectores con menos recursos, quienes ven obstaculizado su derecho a una vivienda digna conforme a la nueva ley.
Lorca Valle argumentó que, aunque estas prácticas fraudulentas tienen consecuencias penales, es vital establecer medidas preventivas. La idea es que, al invertir en vivienda, acto que representa una parte crucial del patrimonio para muchos potosinos, se pueda tener acceso a un registro de aquellos profesionales que han sido sentenciados por mala praxis, permitiendo a los ciudadanos tomar decisiones informadas sobre a quién confiar su inversión.