Miembros de la CIDH en Washington
Fotografía sitio wed de CIDH La libertad de expresión y de opinión es sin duda un derecho preciado y fundamental para el género humano, protegido por la legislación con el carácter de universal como lo confirma el artículo 19 de la declaración de derechos humanos que lo define así “todo individuo tiene derecho a libertad de opinión y de expresión”, lamentablemente esta norma es una expresión violada con marcada frecuencia, como lo documenta Amnistía Internacional en su reciente informe del 2012, en donde registra violaciones concretas en al menos 101 países.
Para la comisión Interamericana de Derechos Humanos, la obstaculización del libre debate de ideas y opiniones limita la libertad de expresión y el efectivo desarrollo del proceso democrático y para ello nos recuerda que la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en la declaración Americana sobre los derechos y deberes del hombre y la convención Americana sobre derechos humanos, además hace parte de la resolución 59 de la Asamblea de Naciones Unidas y de la declaración 104 de la UNESCO
Este preámbulo lo he realizado con el fin de establecer cuán importante es este derecho y así debatir cómo se hace de necesaria la autorregulación por parte de escritores de opinión y periodistas, además de la publicación de noticias y opiniones fundamentadas y confirmadas sin poner en riesgo la honra de las personas.
Hay una controversia que se debe actualmente establecer y es por qué los medios de inmensa cobertura han sido permeados por los grupos financieros e industriales, perdiendo por completo su objetividad e independencia convirtiéndose en el garrote para castigar a disidentes, opositores y a todo aquel que entre en desacuerdo con los lineamientos económicos impuestos por estos grupos en el poder, usualmente abanderados del neo liberalismo económico y del conservadurismo político.
El método a seguir es la difamación sutil, arma esgrimida en Colombia, Ecuador y aun es Estados Unidos, por hábiles comentaristas de televisión, periodistas radiales y analistas de opinión, quienes jamás traspasan el umbral para llegar a la injuria o la calumnia, delitos que son penados con diferentes niveles de castigos desde pecuniarios a la privación de la libertad según se determine en las legislaciones de estas naciones (en Colombia es un delito castigado con pérdida de la libertad).
Quien con contundencia se ha defendido de este juego provocador de canales de televisión y periódicos es el presidente Correa del Ecuador, quien deplorablemente se ha extralimitado en la respuesta a la disputa sostenida con el grupo de medios más influyente de su país y quienes defienden intereses del sistema financiero y son portavoces de políticos a quienes Correa a sindicado de corruptos; esta confrontación la ha valido al presidente ecuatoriano el adjetivo de contrario a la libre expresión por parte de sindicatos internacionales de periodistas y aun de la comisión interamericana de derechos humanos.
De todas maneras Correa tiene sus razones, los medios periodísticos no deben ser el instrumento de despotricar del régimen gobernante, sin mediar investigaciones serias y argumentos contundentes, pues su poder de penetración en la sociedad subvierten la gobernabilidad y posibilitan la ruina del sistema democrático que presumen defender; mas esto no le confiere el derecho a tramitar leyes que autorizan la mordaza legal en contra de todos aquellos que critiquen las actuaciones de su gobierno; el enjuiciamiento sano es necesario y la prensa es el poder llamado para ejecutarlo, porque no existen políticos ponderados con todos los sectores y a los gobiernos se les va la mano protegiendo a sus partidarios y sancionando a quienes no son sus aliados.
En Colombia el ejemplo se establece con el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro vituperado por los 2 canales privados, los 2 periódicos principales de la capital y por las 2 cadenas radiales que ostentan el mayor número de oyentes.
Esta cacería de brujas lanzada desde su posesión como alcalde ha degenerado en una inmensa polarización entre quienes desaprueban o avalan la gestión, además ha creado una figura de mártir de la causa para el alcalde, entre los pobladores ajenos a los vaivenes de la política y de los grupos de poder; esta imagen se ha acentuado como consecuencia de las denuncias que el realizó como senador, sobre la abultada corrupción en la contratación pública en Bogotá, que hasta al momento deja a 2 concejales presos, a otros 4 vinculados a la investigación, además de varios funcionarios distritales, un alcalde destituido y preso en investigación y algunos contratistas de gran envergadura económica y profesional, demostrando con ello que Petro es la figura anti corrupción que la ciudadanía ha estado buscando.
La ironía en esta historia es que entre más le desprestigian los medios, las ejecuciones y los hechos desmienten a sus detractores periodísticos, mejorando la imagen del alcalde y desacreditando a sus perseguidores por embusteros.
En Estados Unidos es a su presidente a quien le ha tocado capear a la prensa conservadora contraria a su gestión, medios que han inclusive cuestionado su nacimiento en el estado de Hawái o su orientación religiosa, siempre cumpliendo la premisa de sugerir sin difamar, pero podemos recordar el adagio popular que proclama como una mentira repetida muchas veces se puede convertir por ello en realidad.
Las libertades de expresión y de opinión acarrean obligaciones y responsabilidades, y no son tiquete expreso para apabullar opositores bajo la protección de las leyes universales que amparan estos derechos; el debate se centra en hasta donde se puede informar de las actuaciones públicas y privadas de las figuras publicas y en donde se establece el límite lo que se puede cuestionar, criticar y controvertir de las acciones y ejecuciones de las personas notables, puesto que la frontera es difusa como consecuencia de que el interés general prima sobre el particular, pero eso tampoco justifica una patente de corso para permitir la difamación y la injuria.
Además esta ruin maña alienta a otros líderes a limitar y obstruir el derecho a informar y a opinar, ajustando la legislación al tamaño de sus necesidades, coartando la crítica sana y el disenso sobre planes, políticas y excesos que afectan a todo el conglomerado.