Mañana dan comienzo en la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas en La Haya (Holanda) las rondas de alegatos de Chile y Bolivia en relación a la demanda boliviana de obtener acceso soberano al mar, en el Pacífico.
El pasado 23 de abril de 2013, Bolivia presentó una disputa legal a Chile en la Corte Internacional en la que alega tres puntos básicos: (a) que Chile tiene históricamente la obligación de negociar una salida al mar para Bolivia; (b) que Chile no ha cumplido con dicha obligación; y (c) que Chile tiene el deber de hacerlo. Bolivia pide, por tanto que la Corte se pronuncie a favor de que "la República de Chile se obligue a negociar de manera efectiva y en buena fe con Bolivia para alcanzar un acuerdo que otorgue a Bolivia acceso soberano al océano pacífico, en un periodo de tiempo razonable."
El expediente presentado por la parte boliviana incluye un recuento de elementos que datan tan atrás en el tiempo como la independencia del país en 1825.
La reacción de Chile frente a la demanda de Bolivia tuvo lugar en julio del 2014 cuando impugnó la competencia de la Corte Internacional para tratar este asunto. Chile argumenta que, de acuerdo al Pacto de Bogotá, Bolivia no puede presentar este caso a la Corte Internacional ya que se resolvió en el acuerdo de paz entre ambos países en 1904.
En virtud del reglamento del tribunal internacional, toda investigación sobre la demanda de Bolivia queda en suspenso hasta que se determine si existe competencia del organismo de las Naciones Unidas sobre el asunto.
Durante esta semana habrá dos rondas de alegatos en las que Chile y Bolivia presentarán sus argumentos. La Corte Internacional debe pronunciarse sobre su competencia antes de que termine el año.
Hay tres posibles escenarios. El primero es que la Corte se reconozca incompetente para este asunto, por lo que la demanda Boliviana se terminaría. El segundo es que se declare competente y el tercero que no quiera pronunciarse hasta explorar la demanda boliviana al completo. Los dos últimos escenarios implicarían continuar con el proceso de demanda de Bolivia, en el que uno y otro país habrían de presentar alegatos y pruebas y que pudiera demorar hasta dos años.
Con información de Terra Chile y La Razón