La Comisión de Protección de los Derechos de los Animales del Colegio de la Abogacía de Barcelona (CPDA) y 140 asociaciones animalistas de toda Cataluña requieren al Ayuntamiento de Barcelona que el control de población de aves urbanas se haga de acuerdo con el cumplimiento de la normativa en materia de protección de los derechos de los animales y por eso denuncian que el Gobierno municipal pretenda prolongar una licitación de 407.000 euros con una empresa privada para que realice las matanzas de las aves urbanas.
La Comisión de Protección de los Derechos de los Animales del ICAB considera que para controlar la población de dichas aves se deberían sustituir las matanzas por la esterilización. "Este método funciona exitosamente hace más de 15 años en gran parte de Europa, en varios municipios catalanes y ahora en las ciudades de Alicante, Valencia y Lugo", explica la diputada responsable de la Comisión de Protección de los Derechos de los Animales del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Esther Palmés. Y añade: "El método se basa en la ingesta de nicarbazina, medicamento que está aprobado por el Registro Sanitario de la Unión Europea y el Registro Sanitario de España para inhibir la formación de huevos en las aves y del que se han realizado diversas pruebas científicas que evidencian la reducción de forma efectiva del número de animales, además con un coste económico muy inferior al que supone matar a las aves”.
Desde la CPDA y las 140 asociaciones que protegen los derechos de los animales se defiende la efectividad de este método frente a los resultados de las matanzas de aves, que provocan un aumento considerable del número de ejemplares, tal y como determina un informe público, realizado en 2009 por la propia Agència de Salut Pública de Barcelona con el Museu d'Història Natural de la ciudad, en el que se constata que después de 20 años de matanzas la población de palomas ha aumentado un 95%. Por ello, consideran inaceptable que el Gobierno Municipal diga que "no está claro que la ingesta de nicarbazina funcione", cuando también el Registro Sanitario de la Unión Europea y el Registro Sanitario de España certifican su eficacia y en cambio el Ayuntamiento argumente que se debe hacer una prueba de la cual no aclaran ningún parámetro científico.
LA CPDA recuerda que la ordenanza Municipal de Barcelona y la Ley de Protección de animales de Cataluña promulgan la protección de las aves urbanas y además la obligación de la administración de rescatarlas si están heridas y establece también que las Asociaciones proteccionistas gestionen el control de población de aves en la ciudad con métodos respetuosos para los animales y el medio ambiente.
La CPDA también critica la política que aplica el actual Gobierno Municipal en materia de protección de animales. Así denuncia que el consistorio consideró que no había ninguna responsabilidad por la muerte por extenuación del caballo en las Ramblas el pasado verano y critica la justificación de la muerte de dos crías de nilgó del Zoo de Barcelona bajo el pretexto de que "no tenían sitio para ellos y que era menos sufrimiento para la madre ver morir a sus crías que esterilizarla".