No nos engañemos. Al PP no le molesta que el Gobierno nombre a la Fiscal General del Estado. Es una competencia constitucional que todos los gobiernos desde la Constitución del 78 han ejercido. Y ya sabemos que el PP es muy constitucionalista. Al PP lo que le molesta es que se le tuerza su control de la judicatura. Pablo Casado dirige un partido que siempre ha querido controlar la justicia, por delante o por detrás.
Hay muchas cosas que aún arrastramos del régimen del 78. Entre otras, que sea el Presidente del Gobierno el que nombre a la Fiscalía General. Eso habrá que solventarlo, porque pone en cuestión, siempre de manera estética y, sobre todo cuando gobierna el PP, de manera ética, el papel del Fiscal General. No nos olvidemos que el fallecido Maza nombró al Fiscal Anticorrupción, Moix, que demostró de manera evidente cómo la fiscalía puede trabajar para un partido. Otro Fiscal General, Torres-Dulce, dimitió por culpa de las presiones del partido que le nombró para ese cargo, esto es, el PP. Fue el PP el que presionó para poner en cuestión en el Tribunal Constitucional a Pérez Tremps por hacer un estudio para el gobierno del PSOE y, al tiempo, nombrar para el Constitucional a hooligans del PP como el motorista alegre Enrique López o a Francisco Pérez de los Cobos, que pagaba cuotas de militante del PP, vibraba como militante del PP y hacía justicia como militante del PP, al que hizo Presidente del Tribunal Constitucional.
Y ahí empiezan los verdaderos problemas. Porque el PP está obstruyendo la renovación del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial y de la Defensoría del Pueblo. Para los nombramientos pendientes, que llevan varios meses dando patadas a la Constitución, hace falta una mayoría cualificada que la derecha puede impedir simplemente por inacción. Porque la actual mayoría parlamentaria permitiría nombrar magistrados y jueces progresistas, algo que a la derecha no le gusta y, por eso, prefiere pasarse la Constitución y la ley por el arco del triunfo.
Ese es el verdadero PP y la verdadera derecha: la que quiebra la Constitución si ve que le hace perder poder. Aún retumban en mis oídos las advertencias del que fuera portavoz de Justicia del grupo popular y comisionado ante el Tribunal Constitucional, Enrique Trillo: ¡El que lance una acusación sobre el PP por el caso Gürtel sabrá lo que significa que el peso del Estado caiga sobre sus espaldas! Podríamos haberla escuchado en un capítulo de Los Soprano.
Hace bien el PSOE en no ser ingenuo en cuestiones judiciales con el PP. Sería pegarse un tiro en el pie entregarle bazas a la derecha mientras la derecha lleva dos décadas infiltrando el poder judicial. ¿Podrían hacerse mejor las cosas? Qué duda cabe. En una democracia más sensata. El partido fundado por Manuel Fraga, si puede, meterá a todo el Gobierno en la cárcel. Aunque sea haciendo trampas. De hecho, ya han amenazado Teodoro García Ejea y Pablo Casado con hacer "todo lo posible" para tumbar a este Gobierno. El PP ha declarado la guerra al gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Hay que contestarles con la ley, la Constitución y, llegado el caso, la calle, con toda contundencia. Cambiando los problemas profundos que arrastramos desde la Transición -como el nombramiento por el Gobierno de la Fiscalía General del Estado-, pero defendiendo el principal compromiso democrático: hacer cumplir el resultado de las urnas.
Los problemas vinculados a la justicia reclaman en España un pacto de Estado -que es una expresión que cuando la usa el PP significa hacerse lo que le beneficia-. Y un pacto de Estado exige lealtad democrática por todas las partes. En ese pacto de Estado, ningún gobierno nombrará a nadie vinculado a ningún partido en la Fiscalía General, y tampoco en el Consejo General del Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Supremo o en el Tribunal de Cuentas.
Pero es de caraduras, cuando no de sinvergüenzas, criticar el nombramiento de Dolores Delgado, que tiene una experiencia memorable a sus espaldas y, al menos, ha tenido la decencia de disculparse por sus errores (relacionarse con Villarejo a menos de diez metros siempre mancha), mientras se busca una judicatura que te perdone por robarte un máster, te anule decisiones que perjudican económicamente a los bancos, libere a la Casa Real, garantice a los diputados y senadores del PP trato de favor cuando tengan que rendir cuentas por casos de corrupción, castigue políticamente a los adversarios políticos (aunque luego te sancionen desde Europa), informe sobre la marcha de casos de corrupción o archive querellas contra cargos de la derecha que han robado a esa España a la que dicen querer tanto.