El superviviente de Getafe afirma que le echaron droga en la bebida y la culpa de dos muertes trágicas pasa a ser responsabilidad del “camello”, que comete un delito contra la salud pública, según se comenta por parte de familiares y en ciertos medios de comunicación.
La cuestión es como terminaron tres jóvenes en la fiesta “rave”, que además, era ilegal. Uno no se encuentra de sopetón con celebraciones de tal naturaleza; no se trata de locales con los que uno se tropiece por la calle paseando, o que se publiciten por los sistemas comunes para este tipo de actividades. Los tres amigos sabían donde iban y a lo que iban: A consumir alcohol y otras drogas ilegales que les permitiesen soportar sucesivas horas de música y baile. Los “camellos” no se dedican a drogar las consumiciones en ausencia de sus propietarios, porque no forman parte de ONG alguna, sino que obtienen un beneficio económico, o en sustancia, como consecuencia de su actividad, de modo que resulta poco probable que alguien pretendiese “colocar” gratis a los tres muchachos, que eligieron productos de precio asequible y duración relativamente larga, como el estramonio y las supuestas anfetaminas sintéticas que afirmaban haber consumido, pero de las que, al parecer, no se detectaron restos. Uno comprende el dolor de las familias por la pérdida irreparable, pero se resiste a creer en la inocencia de los accidentados por el consumo de sustancias psicoactivas con el pretexto de que “se les echa algo en la bebida”. La solución al problema, como tantas otras veces, reside en la educación, y la razonable pregunta es qué lleva a jóvenes de dieciocho años a participar en una fiesta de decenas de horas de duración, para lo que es preciso el consumo de determinadas drogas. Algo falla en el sistema cuando estas actividades no son patrimonio de minorías, sino que reúnen cantidades significativamente grandes de muchachos que, a veces, como en esta ocasión, pagan el precio más alto por buscar aceptación y paraísos artificiales en el lado oscuro de la fuerza.