Garzón habla también de la polémica por el paseíllo de la Infancia en los juzgados de Palma. Cree que ese es un campo absolutamente necesario de clarificar para encontrar el equilibrio entre el derecho ciudadano a saber y de los justiciables a que se respete su presunción de inocencia. “Hay veces que la trascendencia pública de la noticia puede mediatizar la resolución. Un juez ha tenido que hacer un tratado de derecho de 220 folios para citar a una persona y eso no es normal, algo no funciona. No tendría que ser necesario porque una imputación es informar a una persona. Antes de comparecer puede tener acceso a todo el procedimiento, estudiarlo, encontrar los puntos flacos, impugnar su imputación. Se le garantizan todos los derechos. Pero hay veces también que jueces y fiscales no prestan toda la atención que debieran y como resultado hay un porcentaje altísimo de personas que son citadas a los juzgados sin saber muy bien por qué”. Le llama la atención la confrontación del fiscal Pedro Horrach con el juez. Dice que los abogados o la propia Casa Real no han hecho lo mejor para la ciudadanía, no ha habido transparencia. “Nadie debería rasgarse las vestiduras por ser llamado a declarar para dar su versión. Quizá debería crearse la figura del testigo con derecho a abogado que existe en otros países porque vivimos en una sociedad estigmatizante y estoy pensando también en la vida de un ciudadano normal que se puede destruir por una decisión judicial no medida”. Gaspar Llamazares, líder de Izquierda Abierta, advierte, a preguntas de Enric Sopena en Elplural.com: “Parece que la Fiscalía del Estado pretende amordazar a los fiscales que cumplen con su trabajo”. Y añade Sopena –haciéndose cruces de lo que está sucediendo– que la petición de indulto para el exjuez se ha perdido. “¿Qué coño está pasando aquí, en las instituciones? ¡Qué casualidadsemejante pérdida! Como fue casual asimismo que el Tribunal Supremo acumulara de pronto varios presuntos delitos tratando de liquidara Garzón como juez. Y así los inquisidores de toga, puñetas y puntillas coronando sus mangas, lograron por fin su objetivo. Se cargaron en esa tenebrosa montería a Garzón. Enfrentarse ante la trama gürtel -que es un producto made in Génova 13- lo pagó el valeroso Garzón muy caro. Del mismo modo que pagó muy caro intentar que las víctimas de la dictadura franquista fueran rehabilitadas y reconocidas por sus familiares y amigos. Es decir, la peor España va volviendo a las andadas a medida que el tufillopopular se fue extendiendo hasta conseguir que Mariano Rajoy se apoderarse del palacio de la Moncloa. La democracia, la libertad de expresión y la justicia se van desmoronando paulatinamente a impulsos de Rajoy, Santamaría, Cospedal, Wert, Soria, Gallardón, García-Margallo, Fernández Díaz, Montoro y el tutti quanti. Este Gobierno es conservador rozando la derecha extrema. Mueven ficha abundantemente el chaquetero Gallardón, ministro de Justicia, y Eduardo Torres Dulce, fiscal general del Estado. Tiene ahora éste -en fase de rebelión a bordo- a numerosos fiscales, hartos de ser títeres suyos. O sea, fiscales gubernamentales… Todo indica, pues, que Torres Dulce intenta emular al fiscal general Jesús Cardenal. Sí Sr. Rajoy. A sus órdenes, don Mariano. Y dicho esto, el fiscal general al cine, que es lo que le gusta”.