Durante los próximos meses el Ayuntamiento de Barcelona prepara 10.000 licencias de uso del espacio público para motocicletas, ciclomotores eléctricos y bicicletas de uso compartido (servicio de «sharing»). Esta cifra dobla en número a las licencias que actualmente están expedidas.
El decreto de regulación de vehículos de uso compartido ya se encuentra en proceso de aprobación. Por su parte las empresas adjudicatarias deberán suministrar los datos de geolocalización de vehículos. Sin embargo no podrán concentrar en el centro de la ciudad más del 50% de su flota en funcionamiento.
El Ayuntamiento también ha comenzado a preparar normativas similares para otorgar licencias a los patinetes de alquiler. Esto debido a que representan más de 700 de multas en lo corrido del año por aparcar en sitios públicos.
Barcelona prepara 10.000 licencias
Cada licencia que se otorgue tiene inicialmente una vigencia de 3 años que el titular podrá prorrogar por un año más, si el Ayuntamiento de Barcelona lo autoriza. Cada año se revisará el número total de licencias vigentes en la ciudad según lo establece la normativa. Esto con el fin de hacer los ajustes necesarios acorde a la capacidad del espacio público de la ciudad.
El otorgamiento de la licencia estará condicionado al pago de la tasa municipal por vehículo que para 2019 es de 71,51 euros anuales, según lo establecido por la Ordenanza Fiscal 3.10.
El objetivo es lograr que el vehículo compartido se constituya en una alternativa de movilidad viable y regulada. Todo ello con el fin de evitar los problemas de saturación en algunas zonas del centro de Barcelona.
Para el primer año el número de licencias para bicicletas de uso compartido en régimen de explotación económica se ha fijado en 3.975 en toda la ciudad. De este número sólo se pueden adjudicar a una misma empresa un máximo de 1.325. Con respecto a las motocicletas y ciclomotores el total en la ciudad es de 6.958 y por empresa 2.319.
Sanciones y obligaciones que establece la norma
Para obtener y mantener la licencia la norma exige a los titulares el cumplimiento de una serie de deberes y obligaciones. Una de las principales es garantizar el aparcamiento de bicicletas únicamente en los espacios previstos.
Estos corresponden a los espacios anclados a los aparcamientos en forma de U invertida. Otra exigencia es no concentrar más del 50% de la flota de cada operador en el centro de la ciudad por más de dos horas seguidas.
Las sanciones económicas previstas tanto por el incumplimiento de las condiciones de uso del espacio público como por no contar con la licencia pertinente, serán de 450,76 euros.
Por su parte la empresa Mobike, una de las operadoras de bicicletas de uso compartido, aplaudió la iniciativa por la cual Barcelona prepara 10.000 licencias y regulará el funcionamiento de este tipo de transporte.