El año pasado, a propósito de los terremotos en Chile y Haiti, publiqué este artículo en El Blog Salmón. Tras las desoladoras imágenes de Japón con el reciente sismo, me parece adecuada una relectura
Marco Antonio Moreno
La reciente destrucción producto de las catástrofes naturales que han tenido lugar en Chile y Haití ofrece un poderoso contraste para el análisis económico. Más aún en momentos altamente candentes donde este drama continúa. Hoy lunes, día de la mujer, hubo un terremoto grado 6,0 en Turquía, el viernes uno grado 6,5 en Indonesia y el jueves otro 6,2 en Taiwán. Los movimientos telúricos no cesarán. Por eso en este post veremos cómo se vinculan la economía y las catástrofes naturales.
Haití fue golpeada en enero con un terremoto grado 7,3 en la escala Richter (equivalente a una bomba nuclear) que la devastó. Chile con un terremoto grado 8,8 en la misma escala que también provocó importante daño. Dado que la escala Richter es una escala logarítmica base 10, la amplitud del terremoto de Chile fue casi 100 veces más grande que el terremoto de Haití (100 bombas nucleares), pero los daños en su infraestructura, si bien son cuantiosos, han sido menores. En Haití murieron alrededor de 230.000 personas; en Chile, los muertos, al día de hoy, llegan a 497, víctimas más del tsunami que siguió al terremoto, que del terremoto propiamente tal. Entendiendo que las catástrofes humanas son dolorosas, y que no se trata de establecer comparaciones, una catástrofe deja al descubierto la fuerza o debilidad de la institucionalidad del Estado. Esta es una tarea en la cual los habitantes de un país deben consensuar para determinar como prevenir cataclismos futuros.
En este sentido, la literatura científica nos aporta importantes elementos sobre los efectos de corto y largo plazo de los desastres naturales, y su fuerte impacto social. De partida, hay que reconocer que estos desastres son regresivos y que afectan más a las personas más pobres y, por extensión, a los países más pobres. Un estudio reciente consideró 200 desastres naturales e identificó tres variables que reducen la vulnerabilidad a las catástrofes: las pérdidas son menores en los países con mayor educación, mercados financieros más sólidos y economías más integradas al mundo. Pero el elemento central y más importante es la capacidad de ahorro que generen los países, y la transparencia y seriedad de sus sistemas legales y financieros.
Estimaciones preliminares calculan el impacto de las pérdidas en infraestructuras, puentes, caminos, hospitales, escuelas y viviendas destruidas en Chile en torno a los 10.000 millones de dólares, pero todavía es muy pronto para saberlo. Sea cual sea el monto, lo importante es que Chile tiene los recursos para reconstruir lo dañado. La Constitución chilena permite el uso de hasta el 2% del presupuesto público en caso de catástrofe. Además, el Fondo de Estabilización Económica y Social alcanzaba los 11.000 millones de dólares a diciembre de 2009 (7% del PIB).
Este Fondo se creó el año 2007 y sus primeros aportes se realizaron con el programa del superávit estructural del 1% del PIB que comenzó a generarse desde el año 2001 y que operó como una regla fiscal. En este sentido, Chile fue uno de los pocos países del mundo que en el período de las “vacas gordas” destinó importantes recursos al ahorro. Esos recursos fueron levemente empleados el año 2009 para enfrentar la crisis financiera global. Ahora, deberán emplearse en la tarea de la reconstrucción de las zonas devastadas.
Otro tópico relevante está relacionado con la infraestructura. Las normas de construcción en Chile son muy claras y buena parte de ellas fue fortalecida entre las décadas de los años 50 y 60. De hecho, las construcciones levantadas en ese período han resistido al menos cuatro terremotos superiores a los 7,0 grados en la escala Richter (1965, 1971, 1985, 2010). Sin embargo, en el último terremoto se desplomaron muchos edificios recientemente construidos (como el edificio de 15 pisos de la fotografía), así como caminos y puentes que no tenían más de cuatro años. Este es el resultado del llamado laissez-faire urbano, que dejó en las manos de las propias empresas constructoras la supervisión de los cumplimientos de la normativa, sacando de la supervisión a los organismos reguladores (tal como ocurrió con el sistema financiero global). En gran parte de los edificios dañados se ha constatado debilidad en las cadenas de hormigón y gruesas fallas en el cumplimiento de la norma. Muchos edificios deberán ser demolidos, pero antes de hacerlo será preciso determinar claramente las huellas del delito.
Artículo publicado en El Blog SalmónUna mirada no convencional al neoliberalismo y la globalización