Las razones de este sólido triunfo están a la vista: por ejemplo, desde 2006, cuando Correa llegó por primera vez a la Presidencia, la pobreza ha disminuido 27 por ciento, la inversión pública ha expandido y multiplicado la infraestructura –carreteras, hospitales, escuelas– y el desempleo se encuentra en su punto más bajo en los pasados 25 años; la nación sudamericana experimenta un periodo de crecimiento económico sin precedente, acompañado de una palpable reducción de las desigualdades sociales, y ello se explica no sólo por la correcta utilización de los recursos petroleros, sino también por un manejo fiscal orientado a la redistribución de la riqueza y por una política económica que prioriza el bienestar de la población por sobre la acumulación de capital. En materia de política exterior, Correa ha encabezado un gobierno dispuesto a recuperar la soberanía nacional en casi todos los ámbitos, que ha sacado a Ecuador de los dictados de los organismos financieros internacionales y lo ha situado en el campo de la integración latinoamericana y de las naciones de este continente que, por distintas vías y en diversas magnitudes, han emprendido transformaciones sociales de gran calado: Argentina, Brasil, Bolivia, Cuba, Uruguay y Venezuela, entre otras.
Ante la imposibilidad de criticar al gobierno ecuatoriano por sus buenos resultados económicos y sociales, los detractores de la Alianza PAIS se han centrado en calificarla de autoritaria y de violentar la libertad de expresión, en alusión a las querellas judiciales interpuestas por Correa contra medios e informadores ecuatorianos claramente alineados con los intereses oligárquicos. La más célebre de esas demandas fue la emprendida contra el diario El Universo, el cual en 2010 acusó al mandatario de haber ordenado fuego a discreción contra un hospital lleno de civiles, justo en momentos en que se encontraba secuestrado por policías que intentaban un golpe de Estado en su contra. Una vez que las instancias judiciales condenaran por injurias a varios directivos de ese periódico a tres años de cárcel y al pago de 40 millones de dólares, el mandatario otorgó el perdón jurídico y se desistió de la demanda, pero la mayoría de los medios occidentales han usado el episodio para desatar una campaña propagandística en la que presentan a Correa como enemigo de la libertad de expresión.
Mucho menos publicitados han sido los conflictos entre el gobierno de Correa y algunos liderazgos indígenas, pese a que tales diferencias plantean un desafío político importante para el proyecto de transformación social en curso en Ecuador.
En suma, el triunfo incuestionablemente democrático obtenido ayer en las urnas por Alianza PAIS y su candidato presidencial constituyen una alentadora ratificación popular a una de las propuestas de cambio características de la América Latina de hoy. Por el bien de esta región del mundo y de la ciudadanía ecuatoriana, cabe congratularse por ello.|Editorial de La Jornada