Según Bishop Accountability, Eduardo Córdova Bautista, quien en su momento fungió como apoderado legal de la arquidiócesis, habría sido protegido por Luis Morales Reyes y, posteriormente, por Juan Carlos Cabrero. Las acusaciones en su contra datan del 2011, pero Córdova se mantiene prófugo de la justicia desde 2014.
En un intento por transparentar la situación, la Iglesia Católica ha sido presionada para hacer públicos los nombres de los presuntos abusadores y abrir los archivos secretos sobre estos casos. Sin embargo, se destaca que en el caso de Córdova, existe una declaración jurada firmada por los padres de las víctimas, manteniendo la confidencialidad de los delitos sexuales cometidos.
Además de los dos jerarcas católicos de Potosí, otros líderes eclesiásticos mexicanos también han sido señalados por encubrimiento, incluyendo a los cardenales Norberto Rivera Cabrera y Juan Sandoval Íñiguez, así como otros obispos y una religiosa. Esta situación refuerza la urgencia de reformas significativas y una postura de tolerancia cero hacia el abuso sexual dentro de la Iglesia Católica.