Entre los cambios que pretende sacar adelante el gobierno del Partido Popular se encuentran la eliminación de la condena de la homofobia que tenía Educación para la Ciudadanía, además de otros textos que hacen referencia a las desigualdades, cediendo a la presión de la Iglesia Católica y sus colectivos afines.
El ministro de Educación, quien ha justificado los cambios para evitar "cuestiones controvertidas y susceptibles de adoctrinamiento ideológico", no ha conseguido el apoyo de los gobiernos autonómicos de Andalucía, Cataluña y País Vasco.
Los ejecutivos de dichas comunidades autónomas han manifestado sus intenciones de aprovechar el margen con el que cuentan en torno al contenido de la futura Educación Cívica y Constitucional, el cual se sitúa entre un 35% y un 45% del total del currículo, según la comunidad autónoma.
Mar Moreno, consejera andaluza del Partido Socialista (PSOE), ha defendido que los cambios propuestos por el Partido Popular para la asignatura alejan a la misma de la "Constitución Española", expresando que Andalucía podría aprovechar su margen en cuanto al currículo de la asignatura para "corregir" las intenciones del PP.
Irene Rigau, consejera de Cataluña, ha manifestado el rechazo de la región a la inclusión en la asignatura de una condena hacia el "nacionalismo excluyente", sin revelar si también emplearan su margen en la asignatura para preservar en la misma el rechazo a la homofobia.
La consejera socialista Isabel Celaà ha manifestado desde el País Vaso que los cambios propuestos por el Partido Popular para la asignatura son un "despropósito", expresando que modificarán su parte del currículo para garantizar "contenidos como el diálogo para la solución de conflictos y la cultura de la paz".
Fuente: Universo Gay