A partir de 1996, en Montevideo (Uruguay) se realiza la primera Marcha del Silencio por los detenidos desaparecidos. Cada 20 de mayo miles de personas exigen verdad, memoria, justicia y nunca más crímenes de lesa humanidad.
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos (en adelante Familiares) se fue conformando a partir de la segunda mitad de los años `70, a raíz de las denuncias y las primeras investigaciones realizadas por familiares de personas detenidas desaparecidas en Uruguay y en Argentina.
El grupo se consolida en el año 1983 a partir de la unión de tres vertientes de familiares de desaparecidos: Asociación de Familiares de Uruguayos Desaparecidos (AFUDE), fundada en Europa por exiliados, Familiares de Uruguayos Desaparecidos en Argentina, que trabajaba desde 1977 y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos en Uruguay, que lo hacía desde 1982.
Desde sus comienzos, los familiares intentaron llegar a la verdad respecto a la situación de sus hijos, hermanos, esposos, padres. Realizaron denuncias a nivel nacional e internacional y divulgaron el problema en todos los ámbitos en que les fue posible hacerlo.
Una vez recuperada la democracia, las violaciones a los derechos humanos quedaron sin ser investigadas por los organismos competentes como resultado de la aprobación de la Ley de Caducidad del Ejercicio de la Pretensión Punitiva del Estado. Sin embargo, la búsqueda de la verdad sobre lo ocurrido a los detenidos desaparecidos ha sido mantenida y sostenida por Familiares, acompañados de amplios sectores de la sociedad que comprenden y comparten nuestros fines, recorriendo caminos pacíficos y alentando los mecanismos institucionales del Estado de Derecho.
Los objetivos del grupo son conocer la suerte de estas personas, procurar la verdad y la justicia y la no reiteración de estos crímenes. Familiares es el lugar donde se busca asesoramiento, se piensa cada situación política, se evalúa y se decide, se logran y se organizan los apoyos.
No han sido pocos los escollos que debieron sortearse para llegar a la verdad y la justicia. A los años de dictadura, bajo el control y la represión, donde los riesgos se vivían diariamente tratando de averiguar que había pasado con el ser querido desaparecido, deben sumarse los nuevos escollos que surgieron una vez restituida la democracia
A fines de 1986 el Parlamento aprobó la ley de "Caducidad del Ejercicio de la Pretensión Punitiva del Estado", a través de la cual el Estado Uruguayo renunció a su poder-deber de juzgar penalmente a los responsables de violaciones de los derechos humanos hasta el 1º de marzo de 1985. Esta ley fue plebiscitada y ratificada por la ciudadanía, ratificación incidida por una campaña de intimidación sobre un posible retorno de las fuerzas represivas y una actitud totalmente parcial de los medios masivos de difusión.
Asimismo, en octubre de 2009 se impulsó una nueva iniciativa de referéndum promovida por diversas organizaciones sociales y políticas, sin que se alcanzaran los votos necesarios para la anulación de dicha ley. Más allá de los resultados y de la conveniencia de la realización de ambas consultas, la ley es severa y reiteradamente cuestionada por los instrumentos internacionales de derechos humanos.
El artículo 4º de la ley de caducidad impone al Poder Ejecutivo la obligación de investigar las denuncias sobre desaparecidos. El presidente Julio M. Sanguinetti encomendó durante el ejercicio de su primer gobierno (1985 - 1990), la investigación a fiscales militares. Estas investigaciones no se realizaron. Los familiares ni siquiera fueron recibidos por los sucesivos presidentes - Dr. Julio María Sanguinetti y Dr. Luis Alberto Lacalle- durante las tres primeras legislaturas luego de reiniciados los gobiernos constitucionales. Fueron años de silencio, negación y una vez más, de ocultamiento oficial de la verdad.
Con la asunción presidencial del Dr. Jorge Batlle en el año 2000 se concretó la primera entrevista con un presidente en democracia. El ex Presidente Batlle resolvió conformar la "Comisión para la Paz", con el objeto de recabar información que permitiera aclarar la situación y destino de los detenidos desaparecidos. Varios casos fueron aclarados respecto a la situación de uruguayos detenidos desaparecidos en Argentina, con el apoyo y las gestiones de organismos defensores de derechos humanos en el vecino país. Por primera vez un órgano oficial reconocía la existencia de personas desaparecidas, entre ellos, niños nacidos en cautiverio, y denunciaba que se trataba de delitos de lessa humanidad. Esta Comisión culminó sus actuaciones el abril de 2003, dejando abierta una serie de cuestiones relativas al destino final de los detenidos desaparecidos.
El gobierno que asumió el 1º de marzo de 2005, presidido por el Dr. Tabaré Vazquez, reinició investigaciones que apuntaron a determinar el destino final de las víctimas. En el marco de esas investigaciones se logró ubicar, por primera vez en Uruguay, los restos de dos detenidos desaparecidos inhumados clandestinamente en predios militares. Por su parte el Poder Ejecutivo habilitó el inicio de procesos judiciales contra varios ex represores militares y policías.
El gobierno presidido por José Mujica, que asumió el 1º de marzo de 2010, preparó una resolución para fortalecer las investigaciones y proseguir con los trabajos de búsqueda de la verdad, continuando lo realizado por el anterior Gobierno.
Más allá de estos significativos pasos hacia el esclarecimiento de los hechos faltan importantes cuotas de verdad relacionadas con los más de 200 casos denunciados.
Sin desmedro de las acciones en esta temática referida a las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar, Familiares promueve acciones que tienden a la búsqueda de la verdad y la justicia, la preservación de la memoria y la reparación integral de las víctimas, realizando eventos de difusión y promoviendo acciones para el desarrollo de los derechos humanos.