Robert Shan Shiao-may, honkonés de 53 años, y Lien Sung-ching, taiwanés de 58, corren peligro de ser ejecutados en China continental. El Tribunal Supremo Popular de Pekín está revisando sus condenas y, de confirmarlas, los dos hombres podrían ser ejecutados ya incluso el 25 de junio.
El primero fue condenado a muerte por el Tribunal Popular Intermedio de Zhuhai, en la provincia de Guangdong, el 26 de junio de 2009 por narcotráfico, posesión ilegal de drogas y posesión ilegal de arma de fuego. Al segundo se le impuso la misma pena en el mismo juicio por elaboración de drogas y narcotráfico.
Agentes de la seguridad pública de Guangdong detuvieron a ambos hombres en diciembre de 2005 acusándolos de enviar 192 kilos de cristal de metanfetamina a Filipinas desde China continental a través de Hong Kong. La esposa de Robert Shan Shiao-may, Cheng Jia, que fue detenida con él, dijo posteriormente a varios periodistas que su esposo solo había confesado para que la policía la dejara en libertad.
Un mes antes, policías de Hong Kong, tras recibir un chivatazo de las autoridades continentales, habían interceptado en una terminal dos contenedores que al parecer contenían drogas e iban con destino a Manila. Sin embargo, un inspector jefe del departamento de Narcóticos de Hong Kong escribió posteriormente a los familiares de Lien Sung-ching para informarles de que no se habían encontrado drogas y que los contenedores habían sido enviados de nuevo a la empresa propietaria.
Durante la apelación, el Tribunal Popular Provincial de Guangdong rechazó la carta porque no tenía sello oficial de la policía y porque la policía de Hong Kong afirmó más tarde que había sido escrita por error. La policía pidió disculpas a los familiares de los acusados. Mandos de la policía honkonesa dijeron que llevarán a cabo una investigación interna y tomarían las medidas disciplinarias necesarias. Pero se desconoce si se ha llevado a cabo alguna investigación interna, y la cuestión de la carta suscita graves dudas respecto a las pruebas utilizadas para condenar a los dos hombres.
Ninguna persona condenada a muerte en China es juzgada con garantías. Además, existen importantes diferencias entre la ley, la práctica y los compromisos internacionales contraídos por China con las normas internacionales sobre garantías procesales.
En muchos casos se admiten confesiones a pesar de que el acusado afirma ante el tribunal que fueron extraídas bajo tortura. El acusado está obligado a demostrar su inocencia, en lugar de que se demuestre su culpabilidad, y su acceso a asesoramiento legal es limitado. Al menos 55 delitos son penados con la muerte, algunos no violentos, como los de narcotráfico.
Aunque las estadísticas de China sobre condenas a muerte y ejecuciones se consideran secreto de Estado, Amnistía Internacional y otras ONG han registrado un evidente incremento en las ejecuciones en ciertos momentos del año, como el 26 de junio, Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas.
Amnistía Internacional calcula que en China se ejecuta a más personas cada año que en todos los demás países del mundo juntos. Una ONG radicada en Estados Unidos, la Dui Hua Foundation, calcula, basándose en informes de las autoridades locales del país, que en China hubo prácticamente 5.000 ejecuciones en 2009.
En enero de 2007 se reanudó la práctica de que el Tribunal Supremo Popular revisara todas las condenas a muerte, que había sido suspendida en 1982. Ahora el Supremo debe revisar todas las condenas a muerte y tiene la facultad de aprobarlas u ordenar una revisión del juicio. Las autoridades chinas han notificado un descenso en las ejecuciones desde que el Supremo reanudó dicha práctica.
Sin embargo, la aplicación de la pena capital continúa envuelta en el secreto en China. Sin acceso a tal información es imposible efectuar un análisis completo e informado de lo que ocurre con la pena capital en China, ni decir si se ha reducido su uso. Además, no hay procedimientos de petición de indulto para los condenados que han agotado todos sus recursos judiciales.