La Justicia ha provisto recursos para llevar adelante la causa, mientras las defensas de Pedraza, de la policía y de la patota sindical presentan apelaciones continuamente, para dilatar sin límite el inicio del proceso, con la expectativa de asistir desde sus casas al largo trámite judicial que incluirá -seguramente- recursos para modificar lo que finalmente dictamine el Tribunal Oral.
El último intento dilatorio ha sido la recusación en pleno del Tribunal, interpuesta por el abogado Igounet -defensor de uno de los patoteros-, que fue rechazada en forma contundente por el Tribunal Oral N° 12. Este tribunal destacó en sus fundamentos “la inconsistencia de los motivos que se invocan”, y añadió que “no se configuran razones objetivas y subjetivas serias que justifiquen atribuir el conocimiento de la causa a un órgano distinto”.
En rigor de verdad la presentación es temeraria, y solamente podría ser explicada como la acción de un letrado que no tiene pretensiones de ejercer el derecho. El rol que juega Igounet en este proceso es encargarse del trabajo “sucio”, que no podrían hacer, por razones políticas, los abogados de la conducción de la Unión Ferroviaria, de Pedraza y del “Gallego” Fernández. Resulta claro, sin embargo, que es más funcional a la defensa de la burocracia detenida que al interés de su representado, el patotero Uño. El abogado ha llegado a límites que determinen una denuncia de su persona ante el Colegio Público de Abogados en el curso del juicio.
Fruto de diversos recursos -no sólo del señalado de la defensa de Uño, sino también de otros presentados por la defensa de la policía-, la fecha inicial va a ser motivo de una disputa.
Conjuntamente con la recusación se presentó contra el tribunal un pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura (CM).
A pesar de lo “insustancial” de la presentación -para no decir “ridícula”-, el CM, en lugar de rechazarlo in limine, designó un instructor para que elabore un informe, que sería objeto de tratamiento ulterior. El tribunal oral deberá dar inicio al juicio con la espada de Damocles sobre su cabeza, de enfrentar una investigación sobre su proceder por parte del CM. Este consejo tiene mayoría adepta al gobierno, y no da un paso sin seguir sus órdenes. El gobierno se ha colocado en una posición de potencial arbitraje, que podría hacer valer, por ejemplo, en las negociaciones para digitar la dirección en disputa de la CGT.
El 6 de agosto, desde las 9, convocamos a una gran movilización popular frente a los tribunales de Comodoro Py. La organizaremos con todos los movimientos populares que luchan contra la impunidad criminal y política, y que luchan por el juicio y castigo a los responsables materiales y políticos del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra -luchador obrero, cuya vida fue segada por luchar para poner fin a la tercerización laboral en los ferrocarriles subsidiados, por parte del aparato estatal.
Claudia Ferrero