Observamos con estupor cómo la gestión de nuestras vidas por parte de quienes gobiernan se va consolidando cada día como un juego de intereses en torno a los conceptos de mercado, negocio, rentabilidad, competitividad, y otras lindezas por el estilo que se alejan ostentosamente del sentido de la vida, al menos desde la humilde perspectiva de mi conciencia. Esto nos convierte a todos y a todo lo que nos rodea en mercancía, incluidas las dimensiones más sutiles de lo humano: la inteligencia, la sensibilidad, el aprendizaje, la cultura... Nos dicen que hay que pagar por acceder al disfrute de las creaciones intelectuales y artísticas porque los autores tienen derecho a vivir de su trabajo, cosa que nadie con un mínimo sentido de la realidad podría nunca poner en duda. Pero no se nos explica por qué tienen que vivir también de ello una gigantesca manada de rapaces, con perdón de las aves, que, con el cuento de gestionar lo que debería ser gestionado por las administraciones públicas, se embolsan márgenes, dividendos y comisiones eligiendo qué músicos, escritores o creadores audiovisuales tienen el privilegio de entrar en su maravilloso y exclusivo sistema de plusvalías. Y nos obligan a pagarles en un peculiar oligopolio de extorsiones, entre otras cosas por secuestrarnos a todos el derecho a ofrecer nuestro trabajo y nuestra creatividad libremente, aunque no seamos estrellas de la rentabilidad, por limitar escandalosamente la libertad de seleccionar por nosotros mismos lo que más nos plazca, interese o estimule, y por apropiarse de todo tipo de soportes, canales y tecnologías como si se hubieran inventado exclusivamente para provecho de editores, discográficas, distribuidoras y entidades gestoras de derechos de autor. Les ayudan nuestros gobernantes, con menos imaginación, altura de miras y dignidad moral que una ameba, como se viene demostrando.
Pagamos auténticas barbaridades por comprar un disco, un libro o una película, aunque el autor reciba una minúscula parte de ese precio. Hemos pagado un canon por el uso de tecnologías digitales, declarado ilegal por la Unión Europea. Acabamos de vivir con impotencia la aprobación de esa ley que ha sacado adelante la ministra Sinde, con unas ambigüedades muy impropias de una guionista, y que en manos de futuros gobiernos puede convertirse en un arma letal. Seguimos pagando, y pagando, y pagando... Es una larga y angustiosa penitencia de precios abusivos y descontrolados... ¿Qué pecados habremos cometido? Ahora los buitres se ceban con Internet. Y lo consideran una amenaza para sus intereses, para su negocio. Que viene a ser como considerar que hay que penalizar el consumo de agua de lluvia a través del grifo porque se está poniendo en peligro el futuro de las empresas embotelladoras. De vez en cuando surge una nueva idea de gestión y comercialización de contenidos culturales que parece aportar algo de luz al tenebroso panorama ofrecido por las mentes caducas de empresarios y gobernantes. Yo pago muy a gusto mi cuota mensual de Spotify, sabiendo que hay una versión gratuita a cambio de escuchar cuñas publicitarias. Entiendo que podríamos encontrar muchas maneras de que sea razonablemente rentable el intercambio de contenidos culturales a través de la red para creadores y usuarios, supongo que dándole una contundente patada en el culo a los antedichos rapaces.
Propongo que se regule el acceso a Internet como un derecho fundamental y, por lo tanto, que se ponga coto a los abusos de las empresas de telecomunicaciones en España. O, directamente, que se nacionalicen esos servicios. De los muchos euros que pagamos por tener una banda más estrecha que ancha, el 60% podría dedicarse a crear un fondo de gestión de derechos de autor y de apoyo a la creatividad y al desarrollo cultural. Por ejemplo, yo pago por la ADSL unos 50€ al mes, incluyendo la tarifa de línea e impuestos. Creo que con 15€ hay más que de sobra para pagar esto, simplemente eliminando beneficios abusivos y exceso de gestores y accionistas millonarios. Mejores técnicos y menos corbatas. Más profesionales y menos especuladores. El resto, en torno a los 30€ por cada línea de acceso a la red, puede ir a cubrir ese fondo de protección al arte y la cultura a través de Internet. El reparto se puede hacer siguiendo las descargas y streaming de usuarios identificados. Cuanta más gente descargue determinadas canciones, textos o películas, más rentabilidad para el autor. Por supuesto dejando fuera de este mecanismo a todo tipo de especuladores.
El escaparate de Internet ha mostrado ya su enorme potencial para dar a conocer, incluso lo que las oligarquías desprecian. No estoy proponiendo que paguemos más por acceder a la cultura en Internet, sino, muy al contrario, que se gestione de otra manera esa gigantesca potencia económica a punto ya de ser devorada por los tiburones. Habrá que darle muchas vueltas a estas y otras ideas para analizar su viabilidad y eficacia, pero lo que no podemos hacer es seguir sosteniendo con nuestro consumo y nuestros impuestos la innegable injusticia del sistema actual de "libre" competencia de los mercados. Una "libertad" reservada a quienes ya tienen mucho dinero para que sigan aumentando indefinidamente su riqueza. Sencillamente por eso, porque no es justo, y sigo creyendo que justicia y libertad son la misma cosa.