El atasco de las solicitudes que están a punto de prescribir, del ingreso mínimo vital

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) no deja de ser noticia. En esta ocasión, nos encontramos con fuentes que indican que el Gobierno culpa a los empleados de la empresa pública Tragsa, del último atasco en la resolución de esta ayuda.

La empresa subcontratada es la encargada desde un principio de comprobar y cribar las solicitudes recibidas, además, debe hacer un control de calidad de los expedientes antes de remitirlos a Seguridad Social.

Hace meses que ex empleados de la subcontrata declararon en contra de la gestión llevada a cabo, en la que denunciaban falta de formación, falta de recursos tanto materiales como humanos, y una dirección deficiente.

Ellos mismo contaban que el modo de clasificar los expedientes que les habían impuesto retrasaba su tramitación. Al parecer, tras dichas declaraciones despidieron a los empleados implicados. El Gobierno, por su parte, negó de manera rotunda las acusaciones, indicando que la clasificación era un mero formalismo interno, y que no repercutía en el tiempo de tramitación.

Meses después, nos encontramos con que ahora es al revés, el Gobierno hace responsable a Tragsa del atraso actual. Sea como fuere, el colapso es real, y los perjudicados siguen siendo las familias sin recursos.

Errores en los cruces de datos con Hacienda

Muchas de las personas que solicitaron el IMV se están encontrando las últimas semanas con que el estado de su solicitud aparece como "denegada por inadmisión al cruzar datos con Hacienda".

Venimos observando que, con el afán de agilizar la tramitación de las solicitudes. La Seguridad Social ha puesto en marcha nuevas estrategias que podrían estar generando fallos en los expedientes de decenas de solicitantes. Una de ellas es el cruce de datos diarios con la Agencia Tributaria para comprobar de forma automática qué solicitantes superan el límite de patrimonio o son titulares de sociedades mercantiles, lo que les impediría acceder al IMV.

El problema está en que este cruce está generando más errores y complicaciones de las que está solucionando. Al parecer, a través de esta vía se han adjudicado supuestas sociedades mercantiles a familias vulnerables que jamás han tenido una empresa o que la tuvieron y se dieron de baja hace años.

También parece que se contabilizan ingresos patrimoniales que no corresponden, en familias que apenas tienen o han tenido ingresos. Incluso hemos conocido errores tales como denegar al poner un cero de más por parte de la administración a la cantidad anual declarada por la persona solicitante.

Definitivamente, el cruce con Hacienda deja mucho que desear, y no está funcionando como debería.

Final del plazo y silencio administrativo

Cuando se lanzó el IMV la administración dio tres meses de plazo para resolver todas las solicitudes. Ante la imposibilidad de realizarlo, en el mes de septiembre se amplió dicho plazo hasta diciembre, conservando el carácter retroactivo a 1 de junio.

A día de hoy, nos enfrentamos de nuevo a la fecha límite. Ya que, en poco más de 15 días muchas de las solicitudes van a prescribir, y podrían caer en silencio administrativo.

¿Qué pasaría si no me han resuelto mi solicitud dentro de plazo y se produce silencio administrativo?

En el caso de que una vez presentada la solicitud del IMV, el ciudadano no recibe respuesta de la Administración en el plazo de 6 meses. Se debe entender que la solicitud ha sido rechazada.

Con lo cual sin haber sido comprobada estará denegada. Y habrá que reclamar en caso de no estar conforme o que volver a presentar la solicitud y toda la documentación pertinente y volver a esperar sin saber durante cuánto tiempo esta vez. Además, el carácter retroactivo ya no sería efectivo a las solicitudes presentadas a partir del 1 de enero. Por lo que en el supuesto de ser concedida, no recibiría el pago de todos los meses en espera desde junio de 2020.

Aunque como contrapunto y gracias a los datos que nos proporcionan nuestros lectores. Podemos determinar que las solicitudes presentadas a partir de octubre, se resuelven con mayor velocidad que las presentadas entre junio y septiembre.

Tendremos que esperar para ver si vuelven a ampliar el plazo o toman medidas de otro tipo para que esto no se produzca. O por lo contrario, el tiempo sigue su curso y se da el silencio administrativo. Lo que supondría un grave mazazo para los ciudadanos y otro colapso en la administración ante las quejas y consultas. Además de las nuevas solicitudes masivas que volverían a recibir.