La reforma del sistema financiero español no avanza a los ritmos que sería de desear por culpa en parte del Banco de España con el concurso imprescindible del Ministerio de Economía. El uno por el otro… el resultado es que se están retrasando algunos procesos indebidamente aunque desde Alcalá 48 indiquen que es lo contrario, que ellos lo que quieren es agilizar el cambio.
Sin embargo, los hechos, los datos, son tercos, difícilmente rebatibles. Cuando ya había varias cajas de ahorros con los deberes hechos y destinadas a fusionarse, previo paso, eso sí, por la caja del FROB para recoger las ayudas prometidas, el Fondo estaba aún pendiente de aprobación en Bruselas por una demora en su presentación.
De hecho, en el Debe del Banco de España se debería anotar la huída de Caixa Girona de la fusión catalana de Unnim al demorarse innecesariamente todo el proceso, justo lo suficiente como para que las presiones políticas surgieran su efecto en el consejo de administración de la caja catalana. Si el proceso hubiese sido aprobado en 2009, tal como inicialmente estaba previsto, seguramente Girona permanecería en Unnim.
Por otro lado, mucho se ha hablado y escrito sobre la necesaria reconversión de las cajas hacia entidades de mayor dimensión por falta de un tamaño mínimo lo que repercute en su solvencia. Además, las nuevas normas de Basilea III exigirán más dotaciones. Las cajas podrían reforzar su capital mediante la emisión de cuotas participativas pero acudir a este recurso, con la legislación actual, se antoja inútil al no permitir que se ejerzan los derechos políticos (de voto) de esta inversión. Otro cambio normativo pendiente de aprobación que impide avanzar al sector por ese camino.
Todas las informaciones indican que en las próximas semanas veremos cómo los procesos de reconversión pendientes se aceleran, muchos de ellos con la conformación de nuevas SIP (Sistema Institucional de Protección), las conocidas como fusiones frías y de las cuales la más avanzada es la que lidera Caja Navarra con Banca Cívica. Un sistema del agrado del Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, popularmente conocido como MAFO.
Sin embargo, no existe una normativa jurídica clara sobre cómo han de regirse las entidades que apuesten por este sistema. De hecho el bufete Garrigues ha realizado un informe jurídico sobre el particular donde se pone de manifiesto la necesidad de reformas de calado para su activación. Para que las SIP puedan ser una realidad son necesarias reformas legales en profundidad, desde temas fiscales, pasando por definiciones contables, e incluso avanzar sobre algunos problemas que afectan a los órganos de gestión de la nueva entidad. Es verdad que en esta ocasión deberán ponerse de acuerdo Banco de España, CNMV y finalmente el Ministerio instar un cambio para su tramitación por el Legislativo. En definitiva, una serie de obstáculos que demorará más está solución.
El mapa final de cajas de ahorros en España podría quedar reducido a menos de una veintena. La agrupación de cajas surge como otra posibilidad para la reordenación del sector pero tampoco existe aún el régimen jurídico apropiado que lo permita.