El BNG aprovechaba ayer el resurgir del debate sobre el futuro de las pensiones para proponer el que, según los nacionalistas, sería el remedio para garantizar la viabilidad del sistema en la Comunidad: reclamar para Galicia la gestión de la Seguridad Social. Según explicó ayer en rueda de prensa la portavoz nacional de la formación, Ana Pontón, esta medida obligaría a todas las empresas que tengan su centro de trabajo en alguna de las cuatro provincias a pagar sus impuestos y su cotización social en la Comunidad. «Además de ayudar a combatir el fraude, daría una foto más real de la situación de la aportación al sistema y permitiría una gestión de proximidad más eficaz, porque hoy hay muchas empresas que no cotizan aquí y que incluso sus trabajadores no aparecen como cotizantes aquí», denunció Pontón.
No obstante, economistas como Octavio del Campo, profesor de esta materia en la Universidade da Coruña (UDC) y miembro del grupo Colmeiro, rechazaban en conversación con este diario la posibilidad de llevar a la práctica la propuesta de los nacionalistas. En palabras de este experto, la medida que ayer formulaba Pontón para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones «es muy vendible políticamente», pero «inviable» desde el punto de vista económico. Según Octavio del Campo, su puesta en práctica traería consigo, en primer lugar, un «problema administrativo», ya que si la gestión de la Seguridad Social fuese transferida a Galicia «el resto de comunidades se apresurarían a reclamar lo mismo». Paralelamente, el profesor de Economía en la UDC recuerda que «las empresas no necesariamente cotizan donde tienen sus centros de trabajo», por lo que, de implementarse la propuesta del Bloque, las compañías se verían obligadas a pagar sus impuestos en todos aquellos lugares donde estén implantados, generando así «una mayor carga burocrática» y la necesidad de contratar a más personal para hacerle frente. «Las empresas lo que están reclamando es justo lo contrario, menos burocracia», explica el economista, que sin embargo coincide con Pontón en que, de atraer a la Comunidad la gestión de la Seguridad Social, la Administración autonómica tendría una visión «más ajustada» del volumen de sus recursos.
Otras medidas
La portavoz nacionalista señaló otras propuestas que, a juicio de su formación, servirían para garantizar el futuro de las pensiones y elevar su cuantía en territorio gallego. Entre ellas, destaca la apuesta por incrementar las pensiones no contributivas con un complemento autonómico de 100 euros al mes, calcular las jubilaciones con los 15 mejores años de la vida laboral y que las personas se puedan retirar de forma ordinaria a los 65 años. Ana Pontón resaltó que este es un debate «crucial» que afecta en la Comunidad a cerca de 800.000 pensionistas. «Estamos ante un elemento clave del sistema que hay que preservar», zanjó la portavoz nacional del Bloque.
Artículo publicado el 22/11/2018 en el ABC
OCTAVIO DEL CAMPO PROFESOR DE ECONOMÍA DE LA UDC. GRUPO COLMEIRO