La diputada de Unidad Popular-Izquierda Unida, Sol Sánchez, ha apoyado esta mañana la presentación del decálogo de medidas para un gobierno del cambio que 10 organizaciones de la sociedad civil han dado a conocer en el Congreso de los Diputados.
Esta iniciativa a la que Sánchez ha ayudado a dar voz desde el Parlamento la impulsan Asamblea Feminista de Madrid, ATTAC, Campaña #NoalTTIP, Ecologistas en Acción, Encuentro de Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública-Marea Blanca, Marea Verde de Madrid, Plataforma La Tortura No es Cultura, Plataforma No Somos Delito, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y Plataforma Rural.
El paquete de medidas, que la diputada de IU-UP considera “imprescindible para una sociedad justa y sostenible” se estructura en 12 puntos:
- Derogación de la LOMCE y de los decretos de Universidad, y su sustitución por nuevas leyes educativas desde la participación social.
- Ley contra la violencia machista, que incluya tanto la que ejerce la pareja y ex pareja como las agresiones sexuales, y la trata con fines de explotación sexual; que garantice la asistencia y reparación de todas las mujeres que lo requieran independientemente de su situación administrativa, sin que la denuncia sea prerrequisito para el acceso a los recursos, y que vaya acompañada de políticas de equidad en todos los ámbitos.
- Crear una Vicepresidencia de Sostenibilidad y un Ministerio de Medio Ambiente que coordinen las diferentes políticas sectoriales con implicaciones ambientales. Revisión de la normativa ambiental aprobada durante la última legislatura.
- Sanidad 100% pública, universal y de calidad, donde todas las personas tengan los mismos derechos y la salud se contemple de forma transversal a todas las políticas. Derogación del RDL 16/2012 y de todas las normas que permiten las privatizaciones en sanidad. Apuesta por una política sanitaria participativa, recuperación de todos los puestos de trabajo eliminados y de la financiación “robada”.
- Adoptar decisiones políticas concretas y urgentes que reduzcan drásticamente la desigualdad, pobreza, exclusión social y privación material. Vivienda social y fin a los desahucios.
- Derogación de la ‘Ley Mordaza’ (Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana), de las reformas regresivas del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pacto de Estado para defender nuestras libertades y amnistía a las personas sancionadas por defender los Derechos Humanos.
- Aplicación en España de un impuesto a las transacciones financieras, que recaude fondos para afrontar las consecuencias de las políticas austericidas, que disuada de la especulación financiera y sirva para avanzar en la erradicación de los paraísos fiscales. Creación de una banca pública sobre la base de las entidades nacionalizadas, empezando por Bankia, con la que desarrollar unas políticas económicas radicalmente opuestas a las actuales.
- Puesta en marcha de una transición energética que elimine progresivamente los combustibles fósiles y la energía nuclear hacia un modelo basado en el ahorro, la eficiencia y las energías renovables, y que considere la energía como un derecho social básico.
- Promover un modelo de agricultura y alimentación sostenible mediante el fomento de la producción y consumo de alimentos locales y campesinos a través de la compra pública en servicios públicos, el impulso de la producción ecológica para alcanzar en 2020 el 30% de la superficie agraria útil y la prohibición de los cultivos transgénicos, al amparo de la nueva legislación europea.
- Derogar las reformas laborales que han permitido la pérdida de derechos laborales y una precarización de las personas trabajadoras.
- Confección de una ley estatal cuyo objeto sea la defensa de los animales de manera compartida con las entidades sociales que trabajan en este ámbito. Derogación de la ley de Tauromaquia y eliminación de espectáculos de especial crueldad, como los de Tordesillas, Coria o Medinaceli.
- Oposición a los tratados de libre comercio e inversión (TTIP, CETA y TiSA) y el establecimiento de normas internacionales de comercio vinculantes que respeten los derechos humanos y los límites del planeta, promoviendo la cooperación de los pueblos.