El sobreseimiento del grueso del caso Fabra por prescripción, decidido por la Audiencia de Castellón, supone un nuevo hito en la carrera del penalista Javier Boix, gran conocedor de la maquinaria judicial y, por tanto, de sus errores. Este catedrático de Penal de la Universitat de València se ha convertido en el rescatador de políticos implicados en casos de corrupción, a los que salva de las garras de la Justicia ahorrándoles la difícil -a veces imposible- tarea de demostrar su inocencia. El atajo de Boix consiste en la búsqueda de errores formales con los que anular el proceso. En el caso Fabra se ha mostrado, además de astuto, calculador: Javier Boix sabía desde hacía meses, puede que años, que a pesar de la investigación y del ruido mediático, faltaba una denuncia formal que iniciara el procedimiento por los delitos fiscales del presidente de la Diputación de Castellón, pero calló y dejó seguir la tramitación -siete años dura ya- dilatándola con todo tipo de recursos y peticiones. Cumplido el plazo legal de la prescripción y con Carlos Fabra a las puertas de la sala de vistas, Boix destapó sus cartas el pasado mes de junio y pidió el sobreseimiento. (puedes leer todo el artículo en mi otro blog)