Las medidas adoptadas en los últimos años empeoran la economía y profundizan el sufrimiento de los más necesitados. El retroceso social comienza a ser irreversible.
- El colapso económico español (1). De repente, somos pobres
- El colapso económico español (2). Los "recortes" tienen finalidad ideológica
- El colapso económico español (3). ¿Excesivo gasto?
- El colapso económico español (4). El ataque de “los mercados”
- El colapso económico español (5). Sobre el rescate bancario
- El colapso económico español (6). ¿Rescatar al país?
Las medidas tomadas en España para hacer frente a la crisis están reduciendo notablemente la capacidad adquisitiva de la población, lo que repercute en el consumo de las familias y merma la capacidad de crear empleo. Es la pescadilla que se muerde la cola. En cambio, nuestros mandatarios se empecinan con los recortes. Es de lógica comprender que estas medidas afectan muy negativamente a la población, al disminuir el consumo y provocar un empeoramiento en cadena de toda la economía. “España no va a ser una excepción sino que se sumará a la ya larga lista de países en donde las políticas de ajuste neoliberal han matado a miles de personas”, destaca Juan Torres.
Pero es algo que se niegan a aceptar nuestros mandatarios y representantes políticos, que parecen no tener en mente el sufrimiento que están provocando en la población. “España está saliendo de la crisis”, destacó recientemente la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Por su parte, Cristóbal Montoro señaló que “sin austeridad España no sale de la crisis”. En su opinión, además, las últimas medidas tomadas por el Gobierno son “´la mejor política social que se puede emprender”. Ahí queda eso. Mientras, los datos demuestran todo lo contrario: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) augura que 2013 será el peor año de la crisis en España y que superaremos los seis millones de desempleados.
La situación a la que han llevado las políticas tomadas en los últimos años es absolutamente desoladora. Según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE), el gasto de las familias ha disminuido a niveles de hace más una década. Y la crisis ha hecho crecer en dos millones el número de personas que viven en situación de precariedad, según destaca el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). De manera que esta circunstancia ya afecta casi al 44% de la población, lo que equivale a 20,6 millones de personas.
Una de cada cinco personas vive bajo el umbral de la pobreza, como corroboran los datos del INE.El 12,7% de los hogares llega a fin de mes con “mucha dificultad” y el 40% no puede afrontar gastos imprevistos. Más de ocho millones de personas dependen de los servicios sociales para sobrevivir, y cada vez son más las familias que carecen de recursos. Además, unas 35.000 personas duermen en la calle, según datos de Cáritas. También tenemos el mayor Índice de Miseria de toda la Unión Europea.
En cuanto al paro, las cifras son deprimentes: el 25,8% de la población activa carece de un empleo y nuestro país encabeza en Europa este triste ranking. Dos millones de parados no reciben ninguna prestación, y se asoman peligrosamente a la pobreza. Respecto al paro juvenil, somos los segundos del continente con mayor tasa (54,5%) detrás de Grecia, que nos adelantó recientemente. El Gobierno ha reconocido en numerosas ocasiones que durante 2013 seguiremos destruyendo empleo. Asimismo, como se indicó en el artículo anterior, el ejecutivo del Partido Popular ha puesto en marcha un mecanismo para realizar despidos colectivos en el sector público y que afectará, sobre todo, a quienes trabajan para los ayuntamientos. Todo ello gracias a la reforma laboral más agresiva de nuestra historia y a las disposiciones legales que el Partido Popular está aprobando en dicho sentido.
Fuente: Elblogsalmon.com
Además, según la Unesco, somos el país con mayor fracaso escolar de Europa. Mientras la OCDE estima que, por cada euro invertido en que una persona curse educación superior, dicha cantidad revierte a la sociedad multiplicada por cuatro, en España tenemos la tasa más alta en Europa de jóvenes que ni estudian ni trabajan (los popularmente conocidos como ninis) y el mayor porcentaje de desempleados con titulación universitaria. Un millón de personas con estudios superiores se encuentran actualmente en paro, una cifra que casi se ha triplicado desde el comienzo de la crisis. El 44% de los titulados universitarios se desempeñan en trabajos inferiores a su preparación, frente al 23% de media en los países de la OCDE. Y cada vez son más los jóvenes titulados que deciden abandonar el país. En el último año y medio, cerca de un millón de españoles han tenido que marcharse.
Mientras, los sueldos no suben ni se espera que no lo hagan en algún tiempo, a pesar de que los recortes y subidas de impuestos están mermando considerablemente la capacidad adquisitiva de la población. Como ya se indicó en el tercer artículo de esta serie, tenemos uno de los salarios más bajos de Europa, superado incluso por países menos desarrollados que el nuestro. Además, somos el país con mayor desigualdad social de la Eurozona, de manera que tenemos la mayor distancia entre los sueldos más altos y los más bajos. Animado por Europa, el Gobierno ha puesto en marcha medidas para provocar la bajada de los salarios, bajo la falsa excusa de que nos permitirá exportar más y salir de la crisis. Mientras, los precios no paran de subir y el IPC se encuentra (Índice de Precios al Consumo) en el 2,9%.
El drama de los desahucios
Desde que comenzó la crisis, unas 400.000 familias han perdido su hogar, según datos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Somos el único país de nuestro entorno en el que, en caso de impago, no existen mecanismos que permitan a una familia entregar la vivienda para saldar su deuda con una entidad bancaria, la cual puede adjudicársela por el 60% de su valor y obligar a sus propietarios a seguir pagando una casa que no habitan. Así, las ejecuciones hipotecarias se han quintuplicado en nuestro país en los últimos cuatro años. El drama de los desahucios ha llegado hasta tal punto que cuatro personas –en Granada, Baracaldo, Santesteban (Navarra) y Peñafiel (Valladolid)- se han quitado la vida antes de ser desalojadas de sus viviendas. Se da la paradoja, además, de que las personas expulsadas de su vivienda tienen que pagar, como el resto de la sociedad, las deudas de unas instituciones que les están dejando en la calle.
Siete jueces llamaron la atención sobre los abusos de la banca respecto a los desahucios en un informe encargado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el cual acabó desestimando el documento. “Cada procedimiento encierra un auténtico drama que lleva casi inexorablemente a la exclusión social de familias que, impotentes tras haber quedado en el paro o sufrir una drástica reducción de sus ingresos, no pueden pagar lo que deben", señala el informe, que también advierte de la necesidad de poner en marcha “soluciones excepcionales” para atajar esta dramática situación. Posteriormente, fueron los 47 jueces decanos de España, en representación de más de dos mil magistrados, quienes apoyaron el documento rechazado y lanzaron la voz de alarma ante una situación que califican como “auténtica lacra social”. “Ya está bien de estar mudos por un mal sentido de la responsabilidad. Tendría que decirlo el CGPJ, pero no lo hace”, declaró a El País Pedro Luis Viguer, juez decano de Valencia. También el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha criticado el sistema vigente en España, al que considera incompatible con la normativa europea por no proteger a los consumidores frente a las cláusulas abusivas impuestas por la banca en las hipotecas.
Hasta las fuerzas de seguridad han lanzado la voz de alarma sobre el drama de los desahucios. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha anunciado que respaldará a los agentes que se nieguen a participar en ellos e, incluso, les defenderá ante los tribunales si fuera necesario."Si a alguien le va a crear un problema de conciencia actuar, que lo diga y le ayudaremos", indicó José Manuel Sánchez Fornet, secretario general del SUP. Sin embargo, los tres restantes sindicatos policiales -la Confederación Española de Policía (CEP), la Unión Federal de Policía (UFP) y el Sindicato Profesional de Policía (SP)- rechazaron la propuesta de Sánchez Fornet, a quien tildaron de “oportunista”, y afirmaron que “ni sus propios afiliados” la secundarán. Incluso, esos tres organismos advirtieron de posibles consecuencias legales para aquellos agentes que se nieguen a participar en desahucios.
El clamor social obligó a los partidos mayoritarios, PP y PSOE (como si no existieran otros) a negociar una fórmula urgente que impida esta injusta práctica por parte de los bancos, aunque sólo para las familias más vulnerables y de manera “temporal”, según el presidente Mariano Rajoy. Poco después, la banca reaccionó anunciando la suspensión de los desahucios para casos de “extrema necesidad”, aunque sin concretar los criterios que definirán estas situaciones.
Aún antes de presentar la reforma legal para reducir los desahucios, PP y PSOE comenzaron a atribuirse el mérito de haber convencido a la banca de la necesidad de paralizar los desahucios, según demuestra El Diario. Así, el PSOE llegó a relacionar la decisión de las instituciones bancarias con una petición de Rubalcaba, para después dar marcha atrás destacando la labor de los colectivos sociales y reconocer que ellos tendrían “que haber reaccionado antes”. Por su parte, la presidenta de Castilla-la Mancha por el Partido Popular, María Dolores de Cospedal, señaló que Rajoy “es el primer presidente del Gobierno que toma una decisión” sobre el tema de los desahucios y alabó la reacción de su partido frente a las “razones humanitarias” que así lo requerían.
Tal y como señala El Diario, los partidos mayoritarios no hicieron nunca nada por acabar con este drama y, si lo hacen ahora, es sólo por la presión social que se está generando a su alrededor. Durante años, PP y PSOE han rechazado en el Congreso las propuestas de otros grupos parlamentarios para aliviar la situación provocada por los desahucios. Ambos partidos llevan mucho tiempo tomando medidas en favor de la banca y, si ahora le tienen que frenar un poco los pies, no será con gusto.
Finalmente, y sin el acuerdo del PSOE, el Gobierno presentó el pasado 15 de noviembre un decreto ley con medidas “urgentes” para retrasar dos años los desalojos de las familias que perciban menos de 19.200 euros anuales y cuya cuota hipotecaria sobrepase el 50% de sus ingresos. Sin embargo, para que se produzca la paralización del desahucio deberán cumplir, además, alguno de los siguientes requisitos: familias numerosas o con menores de 3 años de edad; familias monoparentales con al menos dos hijos menores a su cargo; con personas que por enfermedad estén incapacitadas para trabajar o con discapacidad mayor al 33%; o en supuestos de violencia de género que estén en desempleo y hayan agotado el acceso a las prestaciones. La norma también contempla la puesta en marcha de un fondo social de viviendas para que sean alquiladas a familias necesitadas a precios reducidos. Los bancos han anunciado su intención de aportar 6000 viviendas para dicho fondo, de manera que sólo se beneficiará el 1% de las 600.000 familias que anunció el ministro De Guindos.
Los criterios impuestos en la ley “anti-desahucios” reducirán notablemente el grupo de posibles beneficiarios, porque es más difícil cumplir los requisitos de renta y encontrarse a la vez en una de las situaciones citadas anteriormente. Según el ministro De Guindos, con esta norma serán unos 120.000 los hogares que se libren del desahucio durante dos años. Una cantidad muy inferior a la que él mismo señaló durante la presentación del decreto, cuando dijo que serían “más de 600.000 familias” las beneficiadas. La nueva ley solamente retrasará durante dos años el desalojo de las familias que cumplan estos estrictos requisitos, pero permite que se sigan acumulando los intereses que tendrán que pagar algún día, lo cual “evita que los bancos pierdan dinero y que tengan que cargar ahora con viviendas de difícil salida al mercado en estos momentos”, según destaca Juan Torres.
“El decreto salva del desahucio a una familia con un niño de tres años pero no a una familia con dos niños de cuatro”, criticó Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (APH) de Barcelona, en el diario El País. Por este motivo, los grupos de defensa de los consumidores consideran la medida un mero “parche” que no resolverá esta grave situación. Y es que, según Colau, la nueva norma excluye “a la mayoría de las familias” con las que su agrupación trata. “El Gobierno ha aprobado exactamente las medidas que sugirieron las entidades, una moratoria temporal para casos excepcionales”, añade.
También los jueces se han revelado contra una norma que, en su opinión, tendrá un carácter “muy limitado”. “Lo que ha aprobado el Gobierno no es una moratoria, sino una suspensión del desalojo, de forma que durante esos dos años la deuda se seguirá generando y los elevados intereses de demora la seguirán aumentando”, señaló a El País José Luis González Armengol, portavoz del colectivo de jueces Francisco de Vitoria. Se nota que la presión de la banca se ha hecho sentir. Pero el ejecutivo se niega a realizar un cambio profundo en la Ley Hipotecaria; en primer lugar, porque no quiere; y en segundo lugar, debido a las presiones que recibe por parte de la Unión Europea y de los bancos.
Mientras niega su apoyo a las familias que viven con la amenaza del desahucio, el Gobierno del Partido Popular se ha sacado de la manga un nuevo favor para la banca: se concederá la residencia a los extranjeros que compren una vivienda por valor superior a 160.000 euros. Esta medida, que supone la puesta en venta de los permisos de residencia, pretende reactivar la compra de viviendas para evitar la enorme caída de los precios, lo cual afecta, sobre todo, a las instituciones bancarias, que poseen un gran porcentaje de las viviendas deshabitadas en nuestro país. Así pues, el nivel de riqueza será un factor diferencial respecto a los derechos que disfrutarán los inmigrantes en España.
Los nuevos recortes: hacia el abismo
En los últimos dos años se han recortado 63.393 millones de euros en Sanidad, Igualdad, Educación, Servicios Sociales, Dependencia, Cooperación y Empleo, las partidas que más benefician a la población necesitada. Tal como se mostró en uno de los anteriores artículos de este blog, se podrían haber llevado a cabo recortes que no perjudicaran tanto a los más pobres, lo cual muestra claramente el verdadero objetivo de los mismos.
Además, para este año nos esperan los presupuestos más restrictivos de la democracia. El Ministerio de Sanidad es el que mayor reducción de recursos sufrirá, con un 22,6% respecto a este año. Otro de las partidas más castigadas será la de Educación, con un 17% menos. En cambio, el presupuesto de Defensa disminuye sólo un 6%, y el de la Casa Real un 4%. Por su parte, las asignaciones a la Iglesia se mantienen sin ningún recorte. “El número de funcionarios se reduce un 2,2%. El número de altos cargos se mantiene”, destaca Ignacio Escolar.
Los recortes más salvajes se ceban con la sanidad. Además del repago farmacéutico (y no copago, ya que los ciudadanos ya pagábamos este servicio mediante impuestos) decretado en julio y de la subida del precio de numerosos medicamentos, el Gobierno prepara una nueva reforma para hacer pagar a los usuarios el servicio de ambulancia (5 euros por trayecto) en los casos no urgentes. “El Gobierno tiene a los más débiles en el punto de mira”, critica Carmen Flores, Defensora del Paciente, quien también advierte de que con esta medida se "está poniendo en peligro la vida de las personas, especialmente las que tienen pocos recursos". Pero no se trata sólo de eso: además de negar un servicio que necesitan las personas más vulnerables, las políticas del PP en este sentido pretenden descapitalizar los servicios públicos para, posteriormente, justificar con la ausencia de recursos la privatización de los mismos.
El presupuesto de ayudas a la Dependencia sufrirá un recorte de 200 millones, complicando aún más la prestación de este servicio por parte de las Comunidades Autónomas. Además, el pasado mes de julio el Gobierno redujo en un 15% las asignaciones para el pago a los cuidadores familiares de personas dependientes. El Estado también ha dejado de pagar a la Seguridad Social la cuota de los cuidadores, de manera que el 85% de ellos, unas 145.000 personas según estima El País, han desaparecido de sus listas y ya no cotizan por su trabajo. Estas medidas constituyen un auténtico hachazo a uno de los pilares básicos de la política social en nuestro país.
Por otra parte, el presupuesto destinado a las políticas de Igualdad se ha recortado en un 24%. Esta medida, junto a la subida de las tasas judiciales, dificultará que las víctimas de violencia de género puedan denunciar su situación. En opinión del colectivo Tu Voz Cuenta, estos enormes recortes “ponen en peligro los logros obtenidos en materia de igualdad”. “Se están evaporando los compromisos con los derechos de las mujeres”, añade. Respecto al incremento de las tasas judiciales, solo puede decirse que constituye un nuevo ejemplo del afán de este Gobierno por impedir a los pobres el disfrute de sus derechos. Así, mientras indulta a políticos de su partido condenados por corrupción, el ejecutivo pretende dificultar a los más pobres el ejercicio de su derecho a la justicia.
Recortar al máximo las partidas sociales a la vez que se siguen pagando y avalando deudas bancarias es otra demostración evidente de las intenciones de este Gobierno.“España no va a aguantar este ritmo de ajuste, nos va a llevar a una situación dramática”, señaló recientemente Alfredo Pérez Rubalcaba, olvidando que su partido también tomo medidas antisociales cuando gobernó. Mientras, ajeno a la realidad que sufren cada vez más españoles, el ministro Cristóbal Montoro destacó que “estos son los presupuestos más sociales de la democracia”. Nada más lejos de la realidad. Según advierte el informe Crisis, desigualdad y pobreza, elaborado por Intermon Oxfam junto a otras organizaciones, España tardará 20 años en recuperar el bienestar social que tenía antes de la crisis.