El comité de Derechos Humanos de la ONU da la razón al juez Baltasar Garzón y concluye que el Tribunal Supremo vulneró su presunción de inocencia y se saltó las preceptivas garantías de un proceso judicial cuando, en 2012, lo condenó a 11 años de inhabilitación por pinchar los teléfonos a abogados de los principales acusados en el caso Gürtel, que el entonces magistrado instruía desde la Audiencia Nacional. La resolución del organismo de Naciones Unidas da por hecho que el proceso judicial, que acabó con la carrera de Garzón, fue “arbitrario”, que no garantizó la imparcialidad de magistrados que participaron en la sentencia condenatoria y que criticó que fuese privado de una segunda instancia ante la que poder recurrir su inhabilitación. A la vista de todo, el organismo de la ONU exige al Estado español una “reparación integral” a Garzón, que borre sus antecedentes penales y le proporcione “una compensación adecuada por el daño sufrido”, dando a España el tiempo de seis meses para “garantizar la reparación” por los derechos lesionados. El comité de Derechos Humanos de la ONU concluye de esta forma, y seis años después, un expediente iniciado tras una denuncia del propio Garzón en la que afirmó haber sido víctima de “una persecución y de represalias” como respuesta a las investigaciones que dirigía sobre el caso Gürtel y los crímenes del franquismo. En su escrito, remitido a Naciones Unidas en 2016, el exmagistrado de la Audiencia Nacional afirmó que los casos donde se le acusó de prevaricación –la instrucción de Gürtel, la de los crímenes de la dictadura– y un tercero por la financiación de unos cursos que le sufragó el Banco Santander fueron “arbitrarios y abusivos” y que los tribunales que lo juzgaron (solo fue condenado por intervenir los teléfonos de los letrados de Gürtel) “carecieron de imparcialidad y violaron su presunción de inocencia”.
Tras analizar las alegaciones aportadas por el Estado español, el organismo de la ONU ampara al juez Garzón con un contundente informe. “De entrada –escribe José Precedo, el 25 de agosto en Eldiairo.es–, recuerda que la decisión de pinchar los teléfonos de los abogados de los principales acusados de Gürtel se adoptó a petición de la policía, contó con el respaldo de la Fiscalía, que, como el magistrado, también vio indicios de actividad delictiva en los letrados, y fue prorrogada por el juez que sustituyó a Garzón en la investigación. Y establece que la interpretación de Garzón ‘aún en el supuesto de haber sido errónea, según señaló el Estado [Español en sus alegaciones], no constituyó una conducta o incompetencia grave que pudiera justificar su condena penal, resultando en la pérdida definitiva de su cargo, sino más bien una posible interpretación de las disposiciones legales aplicables’. El escrito recuerda que la posición de la Fiscalía fue que no cabía condenar a Garzón por prevaricación por pinchar los teléfonos de las defensas porque así lo permitía la Ley General Penitenciaria. Por el contrario, el Supremo consideró que la intervención generalizada de las comunicaciones a las defensas de los imputados en Gürtel fue una decisión injusta dictada a sabiendas, suficiente para condenarlo por prevaricación y sacarlo de la carrera. El organismo de la ONU también se coloca del lado de Garzón sobre la falta de imparcialidad de algunos de los jueces que lo condenaron. En este punto la denuncia del exmagistrado de la Audiencia Nacional alegó que dos de los magistrados que lo condenaron, por pinchar los teléfonos de las defensas de Gürtel, lo habían asimismo enjuiciado por el caso Franquismo (donde, finalmente, resultó absuelto) y que los juicios orales por ambas causas tuvieron lugar con cinco días de diferencia. Según Garzón, ambos procesos fueron tramitados simultáneamente contra un mismo acusado y sus sentencias fueron dictadas con 18 días de intervalo. El dictamen de Naciones Unidas observa que el Estado (español) no ha refutado la alegación de Garzón, en la que sostenía que el magistrado Luciano Varela, instructor principal del caso Franquismo, ‘habría mostrado su falta de imparcialidad a lo largo del proceso mediante su repetida asistencia a los demandantes, el pseudo sindicato Manos Limpias, que denunció al entonces magistrado y cuyo líder, Miguel Bernard, fue condenado el pasado mes de julio a cuatro años de cárcel por extorsionar a empresas y personalidades para que le pagasen a cambio de evitarles querellas y campañas de descrédito. La tesis de Garzón es que Luciano Varela apoyó siempre a Manos Limpias en la modificación de sus escritos de acusación contra él’. Por lo anterior, el comité de Derechos Humanos de la ONU concluye que no tiene garantías de que el tribunal que inhabilitó a Garzón fuese independiente. La resolución termina censurando, además, que por su condición de aforado –al ser juez en ejercicio entonces– Garzón no tuviese una segunda instancia ante la que recurrir su condena en el Tribunal Supremo. El párrafo del Comité de Derechos Humanos de la ONU cuestiona que los aforados no tengan derecho a revisar sus sentencias. Aunque el organismo de la ONU admite que la legislación de un país puede disponer que determinadas personas en razón de su cargo puedan ser juzgadas por un tribunal de mayor jerarquía que el que naturalmente les correspondería, subraya que ‘esta circunstancia no puede por sí sola menoscabar el derecho del acusado a la revisión de su sentencia y condena, ya que la ausencia de todo derecho a revisión por un tribunal superior no queda compensada por el hecho de haber sido juzgado por uno de mayor jerarquía’.
Elena Herrero titula, el pasado 5 de septiembre, en Eldiario.es: “El quién es quién de los tres procedimientos contra Garzón que cuestiona el comité de Naciones Unidas”. La autora explica: “La mañana del 14 de mayo de 2010 fue la última vez que Baltasar Garzón subió las escaleras de la Audiencia Nacional como juez en activo. A mediodía, el Consejo General del Poder Judicial lo suspendió de forma cautelar de sus funciones después de que, dos días antes, el Tribunal Supremo hubiera abierto juicio oral contra él por presunta prevaricación al investigar las atrocidades del franquismo. Alrededor de las dos de la tarde, entre aplausos y lágrimas de jueces, fiscales, funcionarios amigos y centenares de ciudadanos allí congregados, Garzón descendió de nuevo esas escaleras, se montó en el coche oficial y abandonó el tribunal en el que había pasado los últimos 22 años centrado en la lucha contra ETA y el narcotráfico. De ese primer juicio resultó absuelto, pero detrás vendría otro y ya no volvió a pisar la Audiencia Nacional como magistrado. El órgano de gobierno de los jueces confirmó su expulsión de la carrera casi dos años después, en febrero de 2012, tras ser condenado por unanimidad en la segunda de las tres causas que el Alto Tribunal abrió contra él en un margen de apenas 20 meses, la de la ‘arbitraria’ intervención de las comunicaciones a los abogados de los cabecillas de la trama Gürtel. La tercera investigación, relativa a los patrocinios por parte de varias empresas de dos cursos en la Universidad de Nueva York quedó archivada por prescripción sólo cuatro días después de la condena por autorizar escuchas a los abogados de la Gürtell tras dos años de instrucción. Más de una década después de su expulsión de la judicatura —y de que tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazaran los recursos contra su condena—, Garzón recibe una cierta reparación con el dictamen del comité de Derechos Humanos de la ONU. La resolución pone el foco en los puntos oscuros de las investigaciones casi paralelas a las que fue sometido y concluye que no tuvo acceso a un tribunal ‘independiente e imparcial’ en los dos procedimientos por los que fue juzgado, en los que, además, contaba con el respaldo de la Fiscalía. El comité de la ONU, que exige a España una reparación al exjuez y que elimine sus antecedentes, cuestiona que, al ser condenado por el Supremo por su condición de aforado, se le privara de una segunda instancia a la que poder recurrir su inhabilitación. La resolución de la ONU bucea en el entramado de simpatías y enemistades manifiestas que confluyeron en aquella maraña de denuncias que recibió y que, según el exmagistrado, debían haber implicado la recusación de más miembros de los tribunales que lo juzgaron. Garzón se convirtió en 2012 en el primer condenado por la trama Gürtel, el caso que él mismo había destapado y que, a la postre, acabó provocando la moción de censura que desalojó al Partido Popular de la Moncloa, en 2018. Durante la última década también ha llevado sobre sus espaldas el peso de una condena por el delito más grave que puede cometer un juez, el de prevaricación. La sentencia, de gran dureza, le acusó de ‘totalitario’ y de actuar ‘prescindiendo de todos los métodos de interpretación admisibles en derecho’ por haber autorizado la intervención de las comunicaciones de los cabecillas de la trama con sus abogados en la cárcel, a pesar de que no había ‘indicios concretos de una posible actuación delictiva’ por parte de algunos de esos letrados”.
De hecho, prosigue Elena Herrero, fueron esos mismos abogados —excompañeros suyos de la Audiencia Nacional que se habían pasado “al otro lado”— los que acabaron sentándole en el banquillo de los acusados. La querella que dio origen al procedimiento la interpuso Ignacio Peláez, exfiscal que defendía entonces como abogado del empresario José Luis Ulibarri, constructor y magnate de los medios de comunicación en Castilla y León, acabando condenado tras reconocer cinco delitos en Gürtel y que está siendo investigado en otros sumarios de corrupción. A la denuncia de este se sumó después José Antonio Choclán, exmagistrado y en ese momento abogado del principal imputado, Francisco Correa. “La justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo Justicia”, sentenció el Supremo, que remarcó que el derecho de defensa es un “elemento nuclear” del Estado de Derecho. Ese criterio lo mantuvieron después del Tribunal Constitucional y el de Derechos Humanos de Estrasburgo. Pero no aplicó para todos. Tal y como recuerda ahora el dictamen de la ONU, las escuchas ordenadas por Garzón —tras la petición de la Policía y con el amparo de las fiscales del caso— fueron “prorrogadas” después por el juez que le reemplazó en la causa, Antonio Pedreira, quien nunca fue investigado por unos hechos que al primero le costaron su carrera. Pedreira, al igual que Garzón, defendió siempre que esas grabaciones eran válidas porque, según su criterio, algunos de los letrados actuaron como cómplices de sus clientes en determinadas operaciones de ocultación de bienes en paraísos fiscales. El sucesor de Garzón, fallecido en 2015, acordó en septiembre de 2011 archivar la causa para Luis Bárcenas en un movimiento “anómalo” que diversas fuentes vinculan a las presiones recibidas a quien tenía entre manos la instrucción de uno de los principales casos de corrupción de la democracia. En los últimos años, muchos imputados en Gürtel han intentado anular todo el caso con el argumento de la irregularidad de las escuchas ordenadas por Garzón. El Supremo hace alusión a esos pinchazos en la reciente sentencia sobre los negocios de la trama con la empresa pública Aena. Los jueces reconocen que “no puede sino concluirse que se produjo una importante transgresión del derecho de defensa” de los imputados que estaban en prisión, aunque eso no debe llevar a “acordar la nulidad de todo el proceso”. “Fue suficiente, explica el Supremo, con la anulación de las conversaciones y la condena del juez instructor”, medidas que “previenen la reiteración futura de actuaciones de esta naturaleza” sin ser necesario ir más allá, informa Alberto Pozas.
Las escuchas a los abogados de la Gürtel, una actuación controvertida que le hizo perder incluso el favor de juristas de ámbito progresista con los que tenía buena relación, pusieron fin a la dilatada carrera de Garzón. Pero no fue el único procedimiento al que tuvo que hacer frente en veinte meses frenéticos. Tampoco el primero. El 16 de octubre de 2008, apenas diez meses después de la aprobación de la primera ley de memoria histórica y en plena revuelta de los sectores que se oponían a esa norma con el argumento de que reabría heridas y enfrentaba a los españoles, Garzón se había declarado competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo por considerarlas un delito en el contexto de crímenes contra la humanidad. Admitió a trámite denuncias de víctimas y autorizó exhumaciones en fosas. Este movimiento contó con el rechazo frontal del entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, miembro de la Unión Progresista de Fiscales. Amigos desde hacía dos décadas —ambos impulsaron la operación Nécora contra el narco gallego y se habían fajado juntos contra ETA o el yihadismo— protagonizaron una guerra sin cuartel a propósito de la competencia del magistrado para investigar esos crímenes. Zaragoza acusó a Garzón de abrir una “causa general” contra el franquismo y de promover una “inquisición prohibida en la Constitución”. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que entonces presidía el conservador Javier Gómez Bermúdez —ponente de la resolución— dio la razón al fiscal en noviembre de 2008. La derrota de Garzón fue abrumadora. Sólo le respaldaron los progresistas José Ricardo de Prada, Ramón Sáez y Clara Bayarri, mientras que otros 14 magistrados estimaron que no era competente en la investigación sobre el franquismo. Las fuentes consultadas coinciden en que aquella resolución puso en bandeja la querella que el pseudo sindicato Manos Limpias presentó contra Garzón, en enero de 2009, y que fue admitida a trámite cuatro meses después. A la iniciativa de Miguel Bernad, exdirigente de Fuerza Nueva, condenado posteriormente por utilizar su organización por chantajear a empresas y personalidades, se sumaron la organización ultraderechista Libertad e Identidad y Falange Española de la JONS, aunque esta última acabó expulsada de la acusación por una cuestión formal. La instrucción de esta causa recayó por sorteo en el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela, fundador de la progresista Jueces para la Democracia, que sostuvo que Garzón “decidió conscientemente ignorar u orillar” la Ley de Amnistía al declararse competente para investigar el franquismo y le reprochó su “ignorancia inexcusable” en relación a esa norma. Tras una instrucción de ocho meses acabó llevándole a juicio con la oposición del fiscal del Supremo, Luis Navajas, que solicitó primero el sobreseimiento y después la absolución. Garzón intentó sin éxito apartar de la instrucción a Varela, con el que siempre fue crítico y al que acusó de “asistir” a Manos Limpias en la “modificación” de sus escritos contra él.
Por su parte, el Supremo no considera vinculante el dictamen de la ONU que ampara al juez Garzón. Y argumenta que la ley solo contempla la revisión de condenas si lo establece el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La Sala Especial del Tribunal Supremo considera que un dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, como el que ha resuelto que la inhabilitación del exjuez Baltasar Garzón fue “arbitraria”, no es equiparable a una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y recuerda que, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, solo las resoluciones de Estrasburgo habilitan la revisión de las sentencias. Los magistrados, entre los que firma en el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, recuerdan que la legislación dispone que solo las resoluciones del TEDH son habilitantes para la “revisión de las sentencias en que se produjo la vulneración del derecho fundamental”. El exjuez Garzón, en el marco de su estrategia de defensa, recurrió su caso al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ambos inadmitieron de plano sus recursos contra la condena por prevaricación que le impuso el Tribunal Supremo. La resolución del comité de Naciones Unidas, muy contundente en el fondo, tendrá un alcance y unas consecuencias jurídicas limitadas porque no tiene carácter vinculante. Garzón, que ha visto respaldados en ese dictamen la mayoría de sus argumentos, ya ha anunciado que pedirá su reingreso en la carrera.
El pasado jueves, David Bollero titulaba en Público: “Casado mendiga liderazgo”. Y, teniendo en cuenta que, del 27 de septiembre al 3 de octubre, se celebrará la convención nacional del Partido Popular (PP) y Pablo Casado busca reafirmar, una vez más, su liderazgo, Bollero nos recuerda: “La irrupción de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, a cuyo triunfo se ha tenido que aferrar Casado como parte de su respiración asistida, le dejan ese sabor agridulce de haber vendido el alma al diablo... y el diablo siempre cobra sus facturas. El PP ha iniciado fuerte el nuevo curso político, al menos internamente, puesto que las aguas en las altas esferas vuelven a estar revueltas. Se precipitaba Ayuso con el anuncio de su candidatura para liderar el PP madrileño —el congreso para ello no tendrá lugar hasta el año que viene—, sin consulta previa a su jefe como, demuestra que desde la dirección del partido no obtuviera su apoyo incondicional. De hecho, Casado no tardó en mover ficha para tratar de desactivar ese frente, achuchando al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que muy de perfil se postuló como alternativa a Ayuso, poniendo además en valor a los actuales gestores. Si nos centramos en la convención nacional del PP, ésta destila la naturaleza de los populares por los cuatro costados, evidenciando una vez más que todo vale con tal de mantener el poder. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, confirmó la participación de Aznar y Rajoy en los actos del partido. Todo es poco con tal de arropar a Casado, de vestirlo como el líder que en realidad no es. Sin embargo, la senda que recorre Casado con este movimiento puede llevarlo a un destino indeseado. Después de haber renegado del legado de Rajoy hasta el punto de poner en venta la sede de Génova, el presidente del PP confía su futuro al expresidente del Gobierno; un cambio de postura, no exento de bilis atragantada, que llega justo cuando la fiscalía vuelve a apuntar la responsabilidad de Rajoy en la Operación Kitchen”.
Bollero concluye su artículo diciendo: “El de Casado no es el único cambio de opinión: Aznar también está dispuesto a sacrificar de nuevo su credibilidad con tal de darse un baño de multitudes que le ayude a seguir estando en escena para soltar sus exabruptos disfrazados de análisis políticos. Asumido que, en realidad, ya sólo es creíble para sus secuaces que le profesan fe ciega, Aznar olvida los tiempos en los que tachaba a Casado de “líder débil”. El licenciado de Aravaca, por su parte, se encuentra en una situación de autoridad tan endeble que haría sesiones de güija para buscar el apoyo del mismísimo Manuel Fraga. Una lección de cómo mendigar liderazgo. La pregunta es obvia: si Casado no es capaz de gobernar su propio partido, ¿cómo aspira a llevar las riendas de un país? La respuesta también es obvia: lo haría como lidera la oposición, de manera muy precaria”.
El pasado lunes, a los 88 años, moría el actor francés Jean-Paul Belmondo, Bebel, el hombre que le disputó el trono de la popularidad a Alain Delón. “Fue una de las figuras icónicas de la Nouvelle Vague —escribe de él Antonio Tello—, movimiento que descubrí en el Cine Club Río Cuarto y escribiendo del cual me inicié en el periodismo, publicando en el ya desaparecido Diario La Calle. La figura de Belmondo era inmensa a mis ojos en películas como Pierrot Le Fou, Al final de la escapada, donde hace una pareja deliciosa con la inolvidable Jean Seberg, Borsalino, La sirena del Mississippi, Cartouche y tantas otras, donde su rostro tallado a martillazos se iluminaba con una sonrisa espléndida. Pero más allá de esto, fueron su talento actoral y una personalidad arrolladora los que hicieron que trabajara con los más importantes directores franceses de su tiempo —Jean Luc Godard, François Truffaut, Claude Lelouch, etcétera— y acabara ocupando un lugar especial en la historia del cine y en el corazón de millones de espectadores, entre quienes me incluyo. Adieu, Bebel”.
Jean-Paul Belmondo rodó más de 90 películas. Conocido por su pasión por las mujeres, el actor tuvo una larga vida sentimental. En 1955 se casó con Elodie Constantin, una amiga de la infancia, de la que se divorció en 1965 y con quien tuvo tres hijos. Tras su separación, el actor mantuvo relaciones con actrices como Ursula Andrés y Laura Antonelli. Su segunda esposa fue la actriz Nathalie Tardivel, con la que tuvo otro hijo antes de divorciarse en 2008. Ese año inició una relación con la exchica playboy y modelo belga Barbara Gandolfi, lo que causó escándalo ya que ella era 42 años más joven que el actor.
El obispado de Solsona cree que su obispo ha sido poseído por el diablo y lo quiere exorcizar. Dice que “no es un caso de celibato sino de infestación”, es decir, de posesión. Algo tan real como la monarquía borbónica.
“Tampoco jugaré a ser una persona feliz, porque lo soy a ratos perdidos. Pero a veces, caminando por la calle, siento una racha de felicidad, y trato de no indagar la razón; porque si lo hago, comprobaré con harta felicidad que me sobran motivos de desventura. Mejor es aceptar con humildad, esos dones secretos”. (Jorge Luis Borges).
Primer lunes de septiembre. Ánimo. Más chungo lo tiene Toni Cantó que tiene que estar un chorro de horas haciendo como que trabaja. (Skakeo FanZine)
Ha empezado el año judicial con el PP bloqueado por el CGPJ, incumpliendo el mandato Constitucional. Con Carlos Lesmes al frente, quien fuera alto cargo del Gobierno de Aznar y que debió renunciar hace 33 meses, dando discursos sobre independencia de la Justicia, mientras sentencias parciales de jueces de la Kitchen y de la Gürtel siguen quedando en evidencia.
De frente y / o de perfil: los enigmas fotográficos de Erwin Blumenfeld, un fotógrafo estadounidense de origen germánico.
Pequeño gran bosque de bambú, en la finca y museo del Marqués de Valdecilla, pueblo de Valdecilla, Medio Cudeyo, Cantabria (foto, Merche Salamanca).
En Toronto, Canadá, se celebra anualmente un festival en el que una calle se convierte en un río de libros donados y cualquiera obtiene el libro que quiere.
El ser vivo más antiguo de la Tierra es este árbol que se encuentra en Tanzania, África. Tiene 6.000 años de edad. Existe antes de que apareciera la Escritura; antes de que se edificaran las Pirámides de Egipto; antes de que nacieran Moisés y Jesucristo. Pero ¿por qué no es una de las maravillas del mundo? Tal vez porque está en Tanzania. (Ricardo Alberto Ricardo Alberto De Cesare).
El humor en la prensa de esta semana: El Roto, Peridis, Eneko, Enrique, Vergara, Manuel Sondon, J. R. Mora, Villalobos, Miki y Duarte…
Pep Roig, desde Mallorca: Cuesta arriba, Los cinco poderes del Estado, Como estrategia política, No dimite, Viva los privilegios…
Los vídeos de hoy:
Entre aplausos de sus seguidores y rodeado por una nube de periodistas, el juez Baltasar Garzónllegaba el 17 de enero del 2012 al Tribunal Supremo, donde afrontaba su primer juicio.
España: el juez Baltasar Garzón, ante el Tribunal Supremo
El "juez incómodo" fue condenado a once años de inhabilitación por los delitos de prevaricación y violación de las garantías constitucionales al ordenar que se realizaran escuchas en prisión a los principales imputados en el "caso Gürtel" y sus abogados.
El Tribunal Supremo español pone fin a la carrera judicial de Baltasar Garzón
El rotundo mensaje de Baltasar Garzón a la actual dirección del PP - El Intermedio
Comité de DDHH de la ONU concluye que el TS vulneró los derechos del exjuez Garzón
TS no considera vinculantes dictámenes de la ONU en el caso de Garzón
Así fue la última escena de Jean-Paul Belmondo, en Los Inválidos, mientras la Francia del presidente Emmanuel Macron le rendía homenaje nacional y se despedía de “Chi Mai” con la música de Ennio Morricone, la banda original del film “Le Professionnel”, de Georges Lautner, interpretada por la orquesta de la Garde Républicaine. La ceremonia reunió a numerosas estrellas, tales como Patrick Bruel, Gilles Lellouche, la pareja Guillaume Canet y Marion Cotillard, le DJ Bob Sinclar, Thierry Frémaux, delegado general del Festival de Cannes, Patrick Bruel o Cyril Hanouna, todos ellos con lágrimas en los ojos.
Hommage à Belmondo: l'émouvante sortie du cercueil sur la musique d'Ennio Morricone.