Fotografía de Julien Harneis
El principal sindicato de la oposición minera sudafricana, ACMU, está manteniendo una huelga indefinida en las minas de la región de Rustenburg. Reclama subidas salariales para unos mineros que viven en pésimas condiciones y cuyas ganancias son ridículas si se las compara con las de los directivos y sus empresas. Con una economía históricamente muy vinculada a las exportaciones de platino y unas caídas en la valoración mundial de este mineral, Sudáfrica se juega gran parte de su futuro en este conflicto.En el momento en que se escriben estas líneas, Sudáfricavive un nuevo episodio de un conflictode –no tan- baja intensidad que tiene en las minas a su principal protagonista. Una huelga indefinida de mineros que se alarga ya cinco semanas y que está causando enormes pérdidas, comprometiendo, según el gobierno, las inversiones extranjeras en el país.
Las condiciones de los mineros en Sudáfrica han sido, ya desde la época del Apartheid, extremadamente deplorables. Más aún si se tiene en cuenta la creciente importancia de la minería en la economía nacional sudafricana. Se calculaba que el 90% de los trabajadores de las minas eran negros, de los cuales más de la mitad provenían de los países vecinos como Lesoto y Suazilandia. El régimen racista del Apartheid promovía la migración, en unas condiciones severísimas, para facilitar el control de una mano de obra en su industria clave.
Sin embargo este perfil del minero cambia desde 1994 con la formalización de la política de empleo de nacionales. Llegados de las comunidades locales, los nuevos mineros son en general personas desempleadas que ven en la minería una opción de conseguir unos ingresos, por pésimas que sean las condiciones.Y cuando la política migratoria ya no sirve para controlar las minas, el gobierno sudafricano carga el protagonismo represivo hacia el cuerpo policial. Desde 2010 hemos asistido a una militarización excesiva de la policía sudafricana, replicando modelos autoritarios ya utilizados durante el Apartheid. Las protestas sociales se multiplicaron en Sudáfrica durante estos años, habiendo más manifestaciones durante los seis primeros meses de 2012 que en todo el periodo que comprende 2004 y 2011, al tiempo que desde el mismísimo Ministerio del Interior se animaba al cuerpo policial a eliminar a todas esas “alimañas”.
La lucha sindical de los mineros también ha contribuido a este aumento de la presión. Tradicionalmente el National Union of Mineworkers (NUM) había sido el sindicato mayoritario. Las empresas multinacionales que explotan los yacimientos, según la norma autoimpuesta de reconocer sólo a quienes representen al 51% de los trabajadores de la compañía, sólo entablaba negociaciones al NUM. Este sindicato tiene fuertes vinculaciones con el partido en el gobierno, el Congreso Nacional Africano (ANC por sus siglas en inglés), y ha sido cuestionado por su docilidad a la hora de negociar con las empresas. De hecho su antiguo líder, Cyril Ramaphosa, es hoy miembro de una de las principales multinacionales mineras que trabaja en Sudáfrica, Lonmin, uno de los hombres más ricos del país y miembro de la dirección del ANC. Que surgiera una alternativa sindicalista al NUM era sólo cuestión de tiempo. Y así fue.
A comienzos de siglo se creó el Association of Mineworkers and Construction Union (ACMU). Este nuevo sindicato ha aglutinado a muchos de los trabajadores de las minas sudafricanas, hasta el punto de hacerse mayoritario. Sin embargo el gobierno de Zuma sigue negándose a reconocerle un papel oficial y legítimo en las conversaciones con los mineros, en favor del NUM. El ACMU es el actor clave de las huelgas que se han convocado en estos últimos años, incluso la del verano de 2012 donde tuvieron lugar las muertes de más de 30 trabajadores por parte de la policía en Marikana.
Estas muertes dieron lugar a la creación de una comisión de investigación que casi dos años después no sólo no ha promovido la detención de ningún policía envuelto en los tiroteos de mineros, sino que tampoco ha logrado poner orden en la investigación sobre los asesinatos entre los propios grupos de mineros del NUM y del ACMU durante aquella huelga en Marikana. Lo único que destaca de la comisión de investigación es la constatación de la repetición de mecanismos policiales ya utilizados durante la época del Apartheid: ausencia de órdenes escritas, impidiendo conocer quién dio la orden de disparar contra mineros armados con piedras; localización de los mandos policiales al cargo de la operación en lugares suficientemente alejados como para no oír los disparos y, por tanto, para permitirles alegar que los culpables fueron quienes dispararon; testimonios cruzados sobre quién o quiénes apretaron el gatillo, etc.
Durante la celebración del aniversario de las muertes, por si fuera poco, los principales dirigentes del ANC buscaron excusas para encontrarse fuera del país y no asistir a los actos, en lo que supuso otro claro desafecto hacia la población de la región minera de Rostenburg.
La sangrienta revuelta sindical del verano de 2012 se saldó con un total de 46 fallecidos y un incremento salarial del 22% para los mineros. Sin embargo esta cantidad resulta a todas luces insuficiente. Más cuando sale a la luz que el sueldo de los directivos de empresas como Lonmin equivale al de 3.000 mineros. Más cuando las empresas mineras están anunciando incrementos en los beneficios anuales del 11%.La actual huelga indefinida que está liderando ACMU exige la subida salarial de los mineros hasta los 12.500 RAND (unos 850€), lo que garantizaría un nivel de vida dingo y, por supuesto, una autonomía de actuación que no gustaría a las empresas mineras. Se tiene que recordar que muchos de ellos viven en viviendas cedidas por las compañías, de manera que los despidos masivos promovidos por éstas conllevan además el desahucio inmediato.
La connivencia del gobierno sudafricano con las multinacionales mineras compromete el desarrollo de los derechos de la Constitución Sudafricana, una de las más avanzadas de su época. La Nación Arcoíris está volviéndose otra vez en blanco y negro. Pero no el blanco y negro de la separación racial, sino de la desigualdad social más abrupta. Por mucho que significara Nelson Mandela en cuanto a la lucha política se refiere, la transición sudafricana olvidó retornar el control económico de la democracia a la población. Olvidó promover una ciudadanía fuerte y desarrollada económicamente que permitiera controlar los desmanes de los poderosos y consintió la pervivencia de la oligarquía económica del Apartheid, reformada, eso sí, con convenientes toques de dirigentes del ANC.
En el conflicto de los mineros se refleja la Sudáfrica que cambió la violencia política por la violencia económica. Puede que, como consensuó el debate académico en los 80, las clases sociales no existan como categorías en África Subsahariana. Sin embargo lo que está claro es que sí que existe un grupo dominante dentro de la sociedad sudafricana y global, una minoría, que atesora los recursos económicos. Es el famoso 1%, que se enfrenta a una gran cantidad de personas que poco a poco parecen entonar juntos el lema de Femi Kuti Wey Our Money. De la determinación en buscar su dinero dependerá el cambio de la sociedad sudafricana.