El congreso aprueba el derecho a la interpretación y traducción en procesos penales en lengua de signos

El Congreso de los Diputados, a través de la mayoría absoluta que tiene el PP en la Cámara, aprobó este jueves la reforma que contempla la posibilidad de testificar mediante lengua de signos en un proceso penal, pese a que la oposición expresó que es “claramente insuficiente” la fórmula utilizada por el Gobierno para regular la interpretación y la traducción en estos procesos.
El proyecto de ley orgánica, aprobado por 184 votos a favor, 44 votos en contra y 101 abstenciones, modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley del Poder Judicial y traspone dos directivas europeas para reconocer el derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales.El diputado del PP Pablo Casado defendió que las modificaciones introducidas reforzarán “el derecho a la libertad y a un juicio equitativo” y aseguró que este proyecto de ley “enriquece” el proceso judicial y el derecho a la tutela judicial efectiva y consigue una homologación a nivel europeo.
No obstante, para el parlamentario del PSOE Pablo Martín la fórmula que ha desarrollado el Gobierno para trasponer las directivas comunitarias es “claramente insuficiente”.El diputado socialista aseguró que no entiende que se establezca el plazo de un año para la presentación de una ley que cree un registro oficial de traductores e intérpretes, pues éste es un “instrumento esencial” para “garantizar la competencia” de estos trabajadores.Desde el PNV, Emilio Olabarría dijo que el mayor “déficit” de esta regulación es que no se contempla en el registro la existencia de traductores e intérpretes que dominen las diferentes lenguas cooficiales de España.
Por su parte, la portavoz de UPyD, Rosa Díez, rechazó el texto alegando que la disposición final dice que las medidas de esta norma “no podrán suponer un incremento de personal o retribuciones” y, en este sentido, se quejó de que “se trasponen las directivas y aprobamos la ley anunciando que no se va a cumplir”.Según remarcó el diputado de IU Gaspar Llamazares, esta trasposición, con la que se reconoce el derecho de interpretación y traducción de todas las personas en los procesos penales, se ha hecho “tarde y muy mal” y apuntó que es una “burla” que esta iniciativa legal reconozca que no habrá un incremento de dotaciones o de personal para este fin.
Por último, Jordi Jané (CiU) agradeció que se haya introducido la enmienda que hizo esta formación de incluir la posibilidad de testificar mediante lengua de signos en un proceso penal.“Agradecemos esa posiblidad de avanzar en temas concretos e importantes para un colectivo que quedaba olvidado del proyecto de ley”, explicó, refiriéndose a las personas con discapacidad auditiva y sordociegas.
No obstante, Jané criticó que el planteamiento que se hace del registro oficial de traductores e intérpretes “se olvida de las competencias que en esa materia tienen asumidas las comunidades autónomas”. “Lamentamos que no se haya dado este paso adelante”, arguyó.
Proyecto de Ley
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