Badillo clarifica que la reapertura del caso no obedece a motivaciones políticas, sino que es una respuesta directa a la resolución judicial emitida por el tribunal. Aunque el proceso coincide con el periodo electoral, el diputado enfatiza que el Congreso actúa en cumplimiento de un mandato legal y no por intereses partidistas.
La controversia gira en torno a la gestión de Lujambio como alcalde provisional, y aunque existen otros sancionados en el caso, el foco actual se centra únicamente en él, a la espera de futuras resoluciones de la Suprema Corte respecto a los demás implicados. Badillo subraya la importancia de proceder legalmente para notificar al exfuncionario sobre el proceso, destacando la intención del Congreso de asegurar la transparencia y justicia en el tratamiento de este asunto.