Repito, una consulta, sin valor legal, acordada con el gobierno de España. No un referéndum legal de independencia al estilo escocés o quebequés. Una simple y llana consulta popular.
El motivo para impedirla no es la legalidad vigente, esta recae en el Congreso y la Constitución es compatible con consultas sin valor legal de este tipo. Tampoco el motivo es como algunos insinúan, la forma o el texto de la consulta, el Congreso y el Gobierno tienen la potestad de cambiarlo.
El único motivo es que no se quieren arriesgar a la foto política de que una mayoría de catalanes queremos la independencia. Yo no sé el resultado de la consulta, ni creo que nadie pueda asegurarlo, pero el mero riesgo de que gane el Sí, aún sin valor legal, no se quiere afrontar políticamente.
Esa negativa no responde a más que la voluntad política de los partidos principales del Congreso de los Diputados de que los catalanes no podamos ni tan siquiera ser consultados para conocer la opinión sobre que modelo de estado preferiríamos.
No niego que esos partidos recogen la voluntad política de los españoles. Simplemente niego que la soberanía española recogida por el congreso de los diputados y que expresada a través de sus principales partidos niega el derecho a los catalanes a poder ser consultados sobre su futuro en una consulta sin valor legal.
Y ese hecho me hace reconocer como ilegítima la cámara del Congreso de los Diputados. El único motivo que no se realice una consulta en Catalunya es única y exclusivamente las razones del más fuerte. La soberanía de una colectividad mayor impide el ejercicio de una consulta sin valor legal sobre una colectividad menor. Entiendo que la independencia de Catalunya podría llevar a generar problemas a terceros (al resto de los españoles), pero es insostenible que una consulta sin valor legal lo provoque.
No se me ocurre ningún motivo legítimo por el que el Congreso pueda impedir la consulta, una consulta acordada con el gobierno de España y sin valor legal. No lo hay. No hay terceros perjudicados, no hay cambios legales, no hay efectos reales directos. No lo hay.
A partir de hoy considero que el Congreso es un órgano que ha perdido para mí su legitimidad mientras siga manteniendo esa negativa. Ha actuado realmente en fraude de ley, en su mandato de defensa de los intereses generales de los españoles, para imponer un prejuicio inaceptable para una parte minoritaria de esos ciudadanos a los que dice representar. A partir de ahora acataré las normas, leyes, etc.. que emanen de este órgano y del gobierno que elija alrededor de la “cuestión catalana” por el único motivo de que tienen la fuerza legal e institucional para obligarme a acatarlas, no porqué consideren que sean una fuente legítima de derecho. Y esta declaración, lo siento, no es ni anticonstitucional, ni antidemocrática, ni contraria al estado de derecho. Mi actitud hacia las instituciones, le guste o no a los constitucionalistas o a los tribunales, forma parte del marco privado y de libertad individual.
Felicidades, han conseguido convertirme en un antisistema. Uno más.