Con esta ley, según fuentes del Gobierno, se pretende mejorar el funcionamiento de la cadena, para lo que fijará con claridad los contratos entre compradores y suministradores.
Según el anteproyecto presentado el pasado mes de octubre, prohibirá prácticas comerciales como la modificación unilateral de los contratos y la exigencia de pagos comerciales no previstos, limitará el suministro de información comercial a la distribución y sancionará a los incumplidores.
Según indicó entonces Cañete, en el caso de que se vulneren las regulaciones establecidas para las prácticas comerciales se prevé “un régimen de sanciones”.
Regulará además el suministro de información comercial sensible que la industria tiene que dar a conocer a la distribución y prohibirá “el aprovechamiento de la iniciativa empresarial ajena mediante la utilización de envases y presentaciones de marcas o nombres comerciales de otro operador”.
En el ámbito de la autorregulación se establece un código de buenas prácticas mercantiles en la contratación alimentaria, con un sistema de arbitraje para la resolución de los conflictos.
Fuente: EFE Agro