Durante la década de los ochenta, los organismos internacionales con sede en Washington (el Banco Mundial y el FMI, entre ellos), decidieron elaborar un decálogo de actuación para aplicar en los países latinoamericanos que se estaban viendo afectados por problemas financieros. Este fue formulado por John Williamson en 1.989 en un documento cuyo nombre puede traducirse como "Lo que Washington quiere decir con política de reformas". Se le llamó Consenso de Washington. Constaba de diez puntos, entre los que destacaban los siguientes: austeridad fiscal, liberalización comercial, desregulación financiera y privatizaciones. Con el tiempo, esos principios comenzaron a ser recetados a todos los países que acudían al Fondo en busca de ayuda financiera. Sin embargo, según puso de manifiesto Joseph Stiglitz, el crecimiento anual de los países latinoamericanos descendió del 5.4% al 2.9% tras ser acatadas las políticas del FMI.
Desde entonces, el FMI recomienda a los países en vías de desarrollo que abran sus economías a la inversión exterior para fomentar un crecimiento económico más rápido. Sin embargo, todas las crisis financieras han demostrado que aquellas economías que se encuentran más cerradas a los flujos financieros internacionales sufren menos la recesión y se recuperan antes. Según The New York Times, el economista de Harvard Kennett S. Rogoff señaló a principios de 2.009 en una reunión del FMI en Davos que India, que tiene "restricciones del flujo de capitales internacionales relativamente estrictas", será una de las pocas economías que crezcan en una época en los que pocas lo harán. En cambio, Islandia, que antes de estallar la crisis era vista por el Fondo como una economía milagrosa, es uno de los países que más está sufriendo ahora. Lo mismo le ocurrió a Argentina en 2001 después de que el FMI calificara su política macroeconómica de "ejemplar".
Cuando un país con problemas en la balanza de pagos acudía al Fondo en busca de ayuda financiera, este elaboraba para él un programa de ajuste estructural. Los préstamos que el FMI otorga llevan implícita una cláusula de condicionalidad. De esta manera, el país beneficiario debe comprometerse a implementar las políticas que le sean dictadas como condición para recibir el dinero. "Oficialmente, por supuesto, el FMI no impone nada. Solo negocia las condiciones para recibir ayuda. Pero todo el poder en las negociaciones está en un lado -el del FMI- y éste rara vez concede suficiente tiempo para lograr un amplio consenso o incluso para consultas extensas con los Parlamentos o la sociedad civil. A veces el FMI prescinde de fingir total transparencia y negocia pactos secretos", afirma Stiglitz. Además, los fondos son entregados de manera escalonada para asegurar que el país en cuestión no se desvía de lo establecido con el FMI.
Según el Observatorio de Deuda en la Globalización, pese a que el objetivo inmediato de las políticas del Fondo es solucionar problemas de la balanza de pagos, "un objetivo implícito es el de liberar recursos para poder hacer frente al pago de la deuda; es decir, equilibrar la balanza de pagos para que los problemas en ésta no afecten a los pagos pendientes de deuda a los países del Norte, instituciones financieras internacionales e instituciones financieras privadas".