Pero lo es sobre todo porque la amnistía que Sánchez concede a los delincuentes catalanes anula las sentencias del Supremo y de otros tribunales y significa aceptar que España ha sido injusta e indecente juzgando y condenando a sediciosos que perpetraron un auténtico golpe de Estado. Si la amnistía que Sánchez pretende llega a realizarse, la Justicia española aceptaría que no es democrática, ni legítima, ni decente, ni constitucional y que ha juzgado y condenado a inocentes catalanes en lugar de golpistas lanzados a la ruptura de la nación.
La amnistía arremete directamente contra el sistema judicial y éste tiene que defenderse. Si no lo hace, el Estado de derecho habrá muerto en España.
El contraataque de la Justicia tiene muchos frentes que abrir, desde denuncias por prevaricación y sentencias condenatorias hasta una huelga general que paralice los tribunales y el sistema, sin descontar el fin último, que debe ser el juicio de Sánchez y de su pandilla desleal y violadora de las leyes.
No cabe duda de que esa huelga abrirá los ojos a los que todavía los mantienen cerrados ante el abuso de poder y la maldad del gobierno y quizás anime al Rey y a las Fuerzas Armadas a cumplir con su deber de defender la patria en peligro, al mismo tiempo que servirá para que los andaluces, los madrileños, los valencianos y los demás españoles, a los que Sánchez margina y devalúa frente a los desleales de Cataluña, se alcen contra esa injusticia y se incorporen a la protesta.
Ojalá esa huelga sirva también para que el cobarde Partido Popular, incapaz de hacer otra cosa que emitir palabras contra el sanchismo, despierte y se sume a la defensa de España.
Francisco Rubiales