Cantabria tacha de “ausente de transparencia” el Convenio de Colaboración firmado entre Farmaindustria y la Administración General del Estado –Ministerios de Hacienda y Función Pública, y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad– al que el Gobierno de España le “obligó a adherirse” para recibir la financiación establecida a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). La Consejería de Sanidad asegura que el contenido del acuerdo “no se corresponde con los objetivos de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y racionalización del gasto farmacéutico público. No nos parece oportuno que un mecanismo de financiación como es el FLA esté ligado a que las comunidades autónomas se adhieran o no a un convenio firmado entre la Administración con una patronal de la industria farmacéutica”, reprochan desde este departamento. Ante este panorama, el grupo parlamentario de Unidos Podemos En Común En Marea ha presentado en el Congreso una batería de preguntas cuestionando al Gobierno sobre este asunto. “¿Qué motivos llevan –cuestiona– a asegurar unos ingresos constantes a la industria farmacéutica a expensas de fondos públicos?”. El escrito analiza que “se está utilizando la adhesión al convenio como condición necesaria para recibir el Fondo de Liquidez Autonómico (...), es decir, para limitar las herramientas de financiación que sirven para mantener y mejorar los servicios públicos fundamentales”. Y Marta Sibina, la diputada de En Comú Podem que firma las preguntas, solicita qué “medidas de transparencia en materia de precios de medicamentos tiene previsto implantar el Gobierno?”. Una de las consecuencias que las administraciones afectadas por la exigencia de Hacienda describen es el freno a los fármacos genéricos a la hora de planear el gasto público. En este sentido, el cuestionario para el Ejecutivo también incide en saber si existen medidas “para promover el uso de medicamentos genéricos”. Y remata con una cuestión sobre los presupuestos de tratamientos innovadores, los más costosos: “¿Qué medidas ha tomado el Gobierno para asegurar que no tendrá que recurrir a fondos extraordinarios de financiación?”. Por su parte, el PSOE también ha reaccionado a este asunto y ha calificado el acuerdo como “una especie de chantaje”.
Raúl Rejón informa en Eldiario.es de que la compañía estadounidense Amgen pagó la visita de un grupo de senadores del PP y el PNV y tres parlamentarios andaluces de Ciudadanos a las instalaciones que la farmacéutica tiene en Irlanda. La comitiva partió el pasado lunes para ver de primera mano la planta de biosimilares que Amgen posee en Dublín, según describen fuentes cercanas a la expedición. “Esta visita se produce en medio de las reclamaciones del sector para alcanzar una normativa específica para estos fármacos. La empresa confirmó la organización de ‘una jornada de formación sobre el desarrollo y producción de biosimilares con un grupo de decisores del ámbito de la salud en España’. Seis senadores del Partido Popular de la comisión de Sanidad y Servicios Sociales y tres diputados regionales de Ciudadanos se desplazaron”. Los senadores se limitaron a decir que acudieron a “un seminario científico” y “conocer la planta” que no existe en España. En la invitación escrita, remitida a los parlamentarios, se especifica que este seminario tiene como “objetivo, sensibilizar sobre la necesidad de que el futuro mercado de biosimilares sea sostenible, fiable y competitivo”. Y añade que la farmacéutica “tiene un firme compromiso con España y Europa donde lanzará su primer biosimilar antes que en EEUU”. Fuentes de la compañía explican que esta visita responde a que “actualmente, en España se está desarrollando un amplio debate sobre la necesidad de una regulación específica en el campo de los medicamentos biológicos innovadores, biosimilares y la medicina de precisión, dada la trascendencia que estos temas tienen para el Sistema Nacional de Salud, tanto desde el punto de vista médico-científico como económico”. Ciudadanos justificó el viaje de sus diputados de la Asamblea andaluza explicando que “estamos convencidos de que su asistencia resultará de gran utilidad y lamentamos el habitual desinterés de otros partidos por conocer el trabajo y la experiencia de profesionales de categoría internacional que, ante los retos que en materia económica o sociales debemos afrontar unidos, consideramos imprescindible conocer”. La compañía no vio tampoco un conflicto de intereses e insistió en que “esta jornada cumple tanto con el código ético de Farmaindustria como con la estricta normativa del sector y de la propia compañía”. La invitación de la multinacional farmacéutica fue extensiva a otros grupos con presencia en la comisión de Sanidad del Senado. Varios diputados del Partido Socialista también recibieron la oferta de viaje con destino a Dublín, pero declinaron su presencia: “Nunca aceptamos este tipo de invitaciones”, aseguró una diputada a cuyo email llegó también la oferta de la empresa.
En la lista general de los genéricos vendidos en España, dentro de los diez primeros en porcentaje de recetas, aparecen nombres de receta como Pfizer, Novartis, Sanofi, Bayer o Glaxosmithkline.
El sector farmacéutico español es un gigante de 13.000 millones de euros al año, según los datos de su patronal Farmaindustria. España es el quinto mercado europeo por volumen de ventas internas. La mayoría de ese pastel se lo llevan los grandes laboratorios con sus productos de marca. Los genéricos, medicamentos más baratos que tienen la misma composición y equivalencia que los de referencia, alcanzan solo un 20% de cuota de mercado, según la asociación que agrupa a sus productores Aeseg. (Asociación Española de Medicamentos Genéricos). En España hay un tapón que bloquea la entrada de los genéricos –en Europa la cuota ronda el 25% –. La Comisión Nacional de la Competencia sospechan que en el mercado se están dando “comportamientos estratégicos que restringen o retrasan la entrada” de las medicinas baratas. “Diversos análisis –escribe Raúl Rejón– ilustran cómo las farmacéuticas echan mano a toda una batería de recursos para dilatar la aparición de un genérico que tire de los precios –y sus beneficios– hacia abajo: la multiplicación de patentes para blindar un solo medicamento, los litigios prolongados con otras empresas, la creación de sus propios genéricos o el pago a fabricantes para que renuncien a fabricar están entre los más usados. Tácticas que han descrito desde la Comisión Europea hasta un reciente estudio aparecido en la revista de la Sociedad Norteamericana de Hematología. Las grandes marcas comerciales producen y venden genéricos. Y los venden a precios de genéricos haciéndose con una cuota extra del mercado: la franja que ocupan los medicamentos más económicos. El genérico que más se vende en España es el Adiro, que comercializa la gran farmacéutica Bayer. Se trata de ácido acetil salicílico. Lo mismo que la Aspirina de Bayer aunque en menor concentración. Se usa para pacientes que han tenido un episodio cardíaco agudo. Un laboratorio que está vendiendo cierto medicamento bajo patente modifica de alguna manera la molécula o la combina con otro principio o tratamiento para justificar una nueva patente que alargue su exclusividad. Reverdecen (evergreening) su principio activo. Así que incluso si algún competidor litiga contra la patente, el proceso se dilata. En este sentido, un informe de la Comisión Europea explicaba ya en 2009 que las empresas registran un ‘gran número de patentes relacionadas con una única medicina’ que, en ocasiones, llevaban a pleitos con compañías de genéricos. La CE contabilizaba 700 casos que terminaron con 200 acuerdos donde los grandes pagaban a los pequeños”.
La patronal de las fabricantes de genéricos se queja de que “la igualdad de precios” que impuso el Gobierno en un decreto de 2011 y que impide superar un precio de referencia para los medicamentos con un mismo principio activo (ya sea comercial o genérico) ha menoscabado la razón de ser de la medicina genérica, basada, precisamente, en la diferencia de precio (más baratos en su caso). Aeseg asegura que el porcentaje de mercado en España de estos principios libres de patente está en “un 40% en cuanto a unidades vendidas, muy lejos del 60% a nivel continental”. Los primeros de la lista son los laboratorios españoles, Cinfa y Normon, y el israelí, Teva. Sin embargo, la asociación empresarial no ha contestado específicamente a lo que espera de la investigación de Competencia. Igual línea ha tomado la patronal de los grandes laboratorios Farmaindustria que, de momento, no planea hacer comentarios. Esperan “a que la CNMC haga el estudio que ha anunciado”. La directora de la organización Salud por Derecho, Vanessa López, no duda en asegurar que es “muy importante” que la Comisión de la Competencia investigue ya que “está diciendo que hay que revisar el sistema de precios y márgenes donde radica el problema del acceso a los medicamentos”. En su opinión, en el mercado de los fármacos “se da un monopolio donde los laboratorios marcan los precios. Tienen la sartén por el mango”. López analiza que la legislación actual permite “extender ese monopolio” mediante la prolongación de las patentes. “Desde la ampliación mediante pequeñas modificaciones o combinaciones hasta los denominados certificados complementarios de protección”. Las patentes pueden durar 20 años, pero estos certificados permiten prorrogarlas cinco más “para intentar compensar todo el proceso de autorización sanitaria” que resta tiempo a la comercialización. Otra disposición legal a favor de este sistema es la exclusividad de datos que ampara la Ley del Medicamento. Esto hace que los laboratorios no deban compartir los datos del proceso de creación de una molécula hasta diez años después de su autorización. Sin esos datos, no se puede crear un genérico puesto que los medicamentos sin patente deben demostrar una equivalencia con el original. “Esta disposición es propia de la Unión Europea”, recuerda Vanessa López.
La responsable de Sanidad en la Generalitat Valenciana critica que el Ejecutivo de Mariano Rajoy obligue a las autonomías a firmar un convenio con la patronal para poder acceder a los préstamos del FLA. “Este convenio pone a las comunidades infrafinanciadas entre la espada y la pared”, dice Carrmen Montón en Eldiario.es. Montón censura que, siendo una adhesión “voluntaria”, su firma figure como un requisito para acogerse al FLA. Durante el año 2017, la Comunitat Valenciana ha recibido más de 1.400 millones de euros provenientes del Fondo de Liquidez Extraordinario: 630 millones, en mayo del FLA ordinario y otros 830, en septiembre, correspondientes al FLA extraordinario para compensar la desviación del déficit causado, según explica, por la infrafinanciación por parte del Estado que sufre la Comunitat. En cuanto al gasto sanitario en farmacia de la consellería, asciende a unos 2.000 millones de euros. Montón denuncia la firma unilateral del Ejecutivo de Rajoy de este convenio, sin pasar por el Consejo Interterritorial y, por tanto, sin consultarlo con las comunidades autónomas. “Se trata de un acuerdo a favor de la industria y no de las comunidades”, ya que se obliga a los departamentos de Sanidad a adquirir productos de marca en detrimento de los genéricos o biosimilares, que quedan excluidos del contrato: “Se desincentiva la adquisición de otros fármacos y, por tanto, la búsqueda de otros mecanismos que puedan servir para abaratar el gasto, con lo que se actúa contra la eficiencia”. El convenio fomenta el acceso de los medicamentos “innovadores” sin especificar qué se entiende como tal: “Esto puede favorecer que algunos medicamentos que no aportan ventajas demostradas accedan al mercado con escaso control sobre su posicionamiento y lugar en la terapéutica”. Además, lo califica de “despropósito” ya que, a su juicio, “abre la puerta a incentivos o compensaciones a la industria en caso de que el gasto farmacéutico en medicamentos de marca no crezca al mismo ritmo que el PIB y asegura un crecimiento al menos igual que el PIB a Farmaindustria”. De igual modo, se reduce la capacidad autonómica de gestión en la negociación con la industria farmacéutica, “ya que la mayoría de laboratorios están integrados en Farmaindustria”, lo que genera “un escenario de incertidumbre”.
Lo que molesta a las comunidades autónomas no es sólo que pueda parecer que son “meras prestadoras de servicios”, cuando gozan de autonomía política, sino también las dificultades que están teniendo para salir del FLA, como es el caso de Andalucía, cuyo nivel de solvencia ha sido elevado por las agencias de calificación y quiere salir a los mercados. Fuentes del Gobierno de Andalucía afirman que están topándose con “muchos problemas” para que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas les dé la correspondiente autorización para ir por libre, para buscar crédito con condiciones “más ventajosas que el FLA”. Un FLA, afirman las mismas fuentes, que le ha costado ya a Andalucía 1.880 millones de euros en intereses. Como mínimo, según el Gobierno de Cantabria, el convenio impuesto desde este año con las farmacéuticas “es poco transparente”, mientras que la Junta de Andalucía considera que, con el mismo, el Gobierno de Mariano Rajoy “se quita la careta”. Aragón califica de “peregrinas” algunas de las condiciones del FLA, que a la Comunidad Valenciana le parece que “ponen a las comunidades autónomas entre la espada y la pared”... Son valoraciones vertidas en las últimas horas sobre unos fondos que también llegan a Asturias, Baleares, Castilla la Mancha, Catalunya, Extremadura y Murcia.
Pasamos a otro asunto igualmente de altos vuelos, tratado en este caso por un humorista. “Aguinaldo triplicado para las aerolíneas, diputados y senadores” recuerda Pep Roig en un titular de un artículo publicado en Ultima Hora, en el que sigue: “Las aerolíneas triplican los precios para ir a la Península en Navidades”, dice el titular de la noticia que, junto al encendido de las luces en las calles comerciales (no todas), sirve para impregnarnos del magma, o las babas, del ‘Espíritu de la Navidad’ que, además de llenarnos de alegría y felicidad, siempre lo complementa con una subida de precios. Yo esperaba un alud de críticas y de protestas por parte de los ciudadanos afectados por el atraco legal, pero hasta el momento de escribir este artículo el único desafuero han sido los ladridos de mi perro cuando otro ha pasado por el portal de nuestra casa. He querido suponer que “Lucky” le explicaba, a su modo, lo de los precios triplicados. No es que sepa leer (supongo que no) así que habrá escuchado mis maldiciones y se las ha contado a un can transeúnte, que ni siquiera se ha inmutado y ha seguido su camino. La indolencia y mansedumbre del animal paseante me ha hecho recordar a la que hacen gala nuestros admirados diputados y senadores en Madrid; ese grupo de privilegiados bien pagados de los que casi nadie sabe para qué están, al margen de sentarse en su escaño (si es que asisten), levantar el dedo cuando se les ordena y viajar gratis, de Balears a la Península (y a otros sitios), ida y vuelta las veces que quieran. Los contribuyentes tenemos que resignarnos al abuso por triplicado, que podríamos considerarlo un ‘aguinaldo extra’ para las compañías aéreas y así nos dolería menos. Se lo podemos proponer a nuestros representantes, y a lo mejor se animan a regular los precios y que las islas estemos menos aisladas”.Las fotomontajes de la semana:
La bicoca de los jueces.
El humor semanal en la prensa: El Roto, Forges, Peridis, Pat, Manel F., Vergara, J. R. Mora…
El humor de Pep Roig: Mariano salvador gaviota, Tramposos, Pura precaución, De necios, Ellos se lo guisan, ellos se lo comen y La diferencia.
Los intereses de las farmacéuticas no pueden estar por encima de los derechos ciudadanos. Soledad Cabezón denuncia que el Gobierno de España obliga a las CC.AA. a firmar un convenio con farmacéuticas para obtener ayuda financiera.